El secretario del Departamento de Salud, Víctor Ramos, aseveró que mantendrá activas las investigaciones contra el Hospital Wilma N. Vázquez, que se acogió el martes pasado nuevamente al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras federal.

Ramos sostuvo que recurrir a la protección “no exime” a la institución de salud de cumplir con los requisitos de licenciamiento, solvencia operacional y calidad en el servicio que ofrece a sus pacientes.

“Por tanto, no bajaremos la guardia y continuaremos velando por el cumplimiento total para salvaguardar la seguridad y el cuidado de nuestros pacientes”, expresó el funcionario en declaraciones escritas enviadas a El Nuevo Día.

Ramos precisó que las investigaciones administrativas abiertas contra la institución localizada en Vega Baja incluyen el posible incumplimiento de requerimientos de información solicitados por la agencia, querellas de empleados sobre alegado impago y falta de remisión de deducciones al Seguro Social desde 2023, embargos de bienes por parte del gobierno federal y denuncias sobre condiciones operacionales.

“Estos procesos se tramitan de forma independiente al caso de quiebra y se garantizará el debido proceso de ley antes de emitir determinaciones finales”, recalcó al secretario.

Agregó que la Secretaría Auxiliar a cargo de la Reglamentación y Acreditación de Facilidades de Salud mantendrá el monitoreo en el hospital para verificar niveles de personal, medicamentos, equipo y protocolos de sala de emergencia.

Además, dijo que la agencia está en comunicación con los hospitales de Manatí, Bayamón y Arecibo “por si fuera necesario activar un plan de contingencia regional”.

Ramos recordó que, al presente, existe un proceso para evaluar administradores alternos para los Centros de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) que los dueños del Hospital Wilma N. Vázquez opera.

En concreto, la agencia abrió Procesos de Solicitud de Propuesta (RFP, por sus siglas en inglés) para las instalaciones localizadas en Dorado y Vega Alta.

En un comunicado de prensa, Denise Chinea Rivera, directora ejecutiva del hospital, defendió que “tras seis inspecciones en un periodo de ocho meses, gestionadas por el Departamento de Salud (DS) y la Oficina del Procurador del Paciente, se ha podido demostrar que el hospital ha mantenido sus servicios de manera ininterrumpida y opera en cumplimiento con las leyes y reglamento”.

“Además, la administración de la institución hospitalaria ha cumplido con una serie de requerimientos de información del Departamento de Salud”, reclamó Chinea Rivera.

Al acogerse a la quiebra por segunda vez, Instituto Médico del Norte Inc., nombre corporativo del Hospital Wilma N. Vázquez, reportó acreencias por $7.3 millones.

Entre los principales acreedores no asegurados del hospital figuran suplidores clave de servicios y equipos médicos, entre ellos Rhombus Construction LLC, Precise Radiology PSC y Medimax RSI Corporation.

Luma Energy, empero, es el principal acreedor del hospital, con una deuda de $2.4 millones. La institución también adeuda sobre $683,000 a la Corporación del Fondo del Seguro del Estado.