Vista del terminal de de Crowley. (GFR Media)

El resultado de la transacción que pone en manos privadas el manejo de los muelles de San Juan será que “dos empresas con historial de abuso van a controlar el 100% de la entrada y salida de mercancía” del país, reiteró hoy el vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Mercadeo Industria y Distribución de Alimentos (MIDA), Manuel Reyes.

Se refirió el portavoz de la entidad empresarial a las compañías Crowley y Tote, que agregó “son las mismas empresas que se opusieron a que entraran barcos internacionales al tráfico doméstico (entre Puerto Rico y Estados Unidos) luego del huracán María y a que (estos barcos) traigan gas natural para abaratar costos energéticos”.

Reyes hizo sus expresiones ante la matrícula del Capítulo Alumni de la Facultad de Administración de Empresas de la UPR, y declaró que “el resultado es indefensión general ante semejante poder y así no se puede negociar, lo cual afectará a los consumidores”.

La denunciada transacción es el controvertido “acuerdo de colaboración” entre las compañías Luis A. Ayala Colón Sucrs., Inc. (LAACSI) y Puerto Rico Terminals para administrar los terminales en que ambas operan actualmente en el Puerto de San Juan. La segunda de estas es una subsidiaria de Tote Maritime.

Reyes recalcó que la transportación es una de las herramientas principales de desarrollo económico y en el caso de una isla es aún más especial y declaró que “Puerto Rico vive de espaldas a esa realidad. No hay conocimiento ni transparencia, ni supervisión de un servicio esencial”.

Durante su intervención hizo un recuento del caso federal en que las empresas Tote y Crowley fueron señaladas por la fijación ilegal de precios en el transporte entre Estados Unidos y Puerto Rico y las penalidades que se les impuso a ambas.

“El acuerdo establece una nueva compañía, Puerto Nuevo Terminals, que se creó para operar el terminal marítimo y proveer servicios de estiba a contenedores, y otros servicios relacionados en el Puerto de San Juan. Es como si la Autoridad de Puertos le hubiese dado el manejo del aeropuerto a una línea aérea”, apuntó.

Insistió en que este acuerdo representa una barrera de entrada a futuros competidores al colocar en manos el 100% de la carga doméstica e internacional en solo dos empresas, “recientemente culpables de fijar precios y cuyos intereses comerciales están en conflicto con facilitar la entrada de competidores adicionales”.

Hablando ante el mismo foro el economista Vicente Feliciano presentó datos económicos que evidenciarían el peligro que representa esta concentración de la actividad marítima en dos empresas.

Recordó que un estudio realizado por su empresa, Advantage Business Consulting , concluyó que el uso exclusivo y forzado por las leyes de cabotaje de barcos de la marina estadounidense representa un aumento de 151% sobre lo que cuesta hoy el transporte en naves internacionales.

Relató que cuando se dio la exención de 10 días de esas leyes de cabotaje, tras el impacto del huracán María, se recibieron en la isla 10 embarcaciones internacionales con ayuda.

Rechazó de igual forma la propuesta de pasar a manos de estas empresas el control del Puerto de San Juan y advirtió las posibles consecuencias en la limitación de competencia y su impacto en los costos de productos y de hacer negocios en el país.

El acuerdo fue defendido, por otra parte, por el vicepresidente de LAACSI, Hernán F. Ayala, que en declaraciones escritas distribuidas hoy indicó que “este acuerdo de colaboración resultó como consecuencia lógica de la ubicación de ambas empresas, ya que sus facilidades se encuentran contiguas en el puerto, y un deseo común de alcanzar una mayor eficiencia en sus respectivas operaciones”.

Argumentó el empresario que el arreglo “no tiene impacto alguno en las rutas marítimas, los servicios a las compañías de carga marítima o a los servicios de transporte que éstas prestan”.

Insistió que la transacción fue avalada por la Comisión Marítima Federal. Y que incluso esa agencia “evaluó el impacto, si alguno, que el acuerdo de colaboración pudiese tener en la competencia”.

Esa afirmación es una de las áreas de controversia entre los promotores del acuerdo y los sectores que se oponen. Los últimos afirman que el documento que emitió la Comisión se indica que sus miembros no alcanzaron consenso sobre su jurisdicción en este asunto y que establecen además “serias preocupaciones” sobre la implementación del acuerdo.  Resaltan además que la entidad reguladora expresó que “tomará las medidas necesarias para asegurarse que el acuerdo no se implemente de forma que viole el ‘Shipping Act”.


💬Ver 0 comentarios