El plan de ajuste radicado por la Junta Fiscal invalidaría unos $10,000 millones de ciertas Obligaciones Generales y ciertos bonos emitidos por la Autoridad de Edificios Públicos. En la foto, Natalie Jaresko, directora ejecutiva de la Junta y José Carrión (Archivo / [email protected])

Assured Guaranty, una de las cuatro aseguradoras municipales que garantizan parte de la deuda pública de Puerto Rico, informó ayer que se opone al plan de ajustede deudas que ha presentado la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) ante la jueza Laura Taylor Swain.

En una declaración al mercado, Assured indicó que varios de los términos del plan de ajuste radicado el pasado viernes por la JSF son contrarios a las leyes de Puerto Rico, su carta magna y la ley federal Promesa al tiempo que subrayó que el documento se elaboró en ausencia de una discusión consensual con los acreedores que han invertido por largo tiempo en la isla.

Según Assured, las partes que han respaldado el plan de ajuste como parte de sus negociaciones con la JSF representan solo “una fracción pequeña” de la deuda que pretende reestructurarse.

En materia de deuda pública, el plan de ajuste radicado por la JSF invalidaría unos $10,000 millones de ciertas Obligaciones Generales (GOs, en inglés) y ciertos bonos emitidos por la Autoridad de Edificios Públicos (AEP). Aquellos bonos de GOs y AEP que se consideren válidos verían recortes cercanos a un 30% y 28%, respectivamente. En tanto, se propone un recorte de sobre 80% en los bonos de la Administración de los Sistemas de Retiro, aquellos de la Autoridad del Distrito de Convenciones mientras afectaría la recuperación de los bonos de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), que se pagan con ingresos provenientes de peajes y arbitrios a la gasolina, sujetos a la cláusula de “clawback”.

“La (JSF) repetidamente ha producido planes fiscales sin el insumo adecuado de los acreedores de largo plazo de la isla, basados en presunciones y proyecciones financieras imprecisas”, reza la declaración de Assured en la que se agrega que Puerto Rico ha pagado cientos de millones de dólares en honorarios de abogados y tiempo perdido.

De acuerdo con Assured, Puerto Rico podría poner fin a su crisis si hubiera un diálogo que permita una solución consensuada basada en datos correctos. Ello, en lugar de intentar imponer el plan de ajuste a los acreedores que han apoyado a la isla a través de los años.

“La (JSF) ha violado los términos explícitos de los GOs y bonos de ingresos especiales y ha minado los pilares del mercado de bonos de municipal elevando el costo del desarrollo de la infraestructura en toda la nación”, indicó la aseguradora.

Assured es el primer asegurador municipal que se expresa públicamente acerca del plan de ajuste del gobierno, pero se une a lo que parece ser una lista de opositores al documento que según la JSF reduciría el servicio anual de la deuda pública en casi dos terceras partes.

Las declaraciones de Assured, asegurador que se ha unido a los reclamos de inconstitucionalidad en las acciones de la JSF y que Aurelius Management y la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier) han llegado a la Corte Suprema. Ello, luego del fallo del Primer Circuito de Apelaciones, foro que concluyó que los directivos de la JSF son oficiales principales del gobierno federal y por ello, debieron ser confirmados por el Senado estadounidense, lo que no sucedió.


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