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Desde la izquierda, José Marín Martínez, Carmen Núñez Rodríguez, Marcos A. López Reyes y Miguel J. Fabre Ramírez. (David Villafañe)

Representan a 160,000 servidores públicos retirados, cuyas pensiones están en jaque como parte del caso federal con el cual bonistas y otros acreedores intentan cobrar una suma multimillonaria a las quebradas arcas del gobierno de Puerto Rico.

Desde que fueron seleccionados para integrar el Comité Oficial de Retirados (COR), un grupo de nueve jubilados aboga ante la jueza Laura Taylor Swain para que no se baje ni un solo centavo a las pensiones que reciben los retirados del gobierno y que, en caso de que sea necesario hacer ajustes, que sean menores. El grupo tiene acceso a todos las solicitudes y documentos que se presentan en el caso federal y puede intervenir para defender su postura.

El grupo elevó sus reclamos desde antes de participar oficialmente en el caso federal, cuando 17 organizaciones crearon el Movimiento Pro Pensionados.

“Una de las cosas que empezamos a pedir fue que se activara el Título III porque la ley Promesa comienza con el Título VI y con ese nadie tenía voz en Puerto Rico, solo el gobierno y los acreedores. Comenzamos una batalla para que se nos reconociera como el Comité Oficial de Retirados (COR) ante la jueza del caso, pero extrañamente surge la figura del síndico federal, que se opone y decide que el comité lo va a hacer él”, explica José Marín Martínez, presidente del grupo.

El síndico hizo una convocatoria a la que respondieron 70 personas, de las que seleccionó nueve. Aunque en la isla hay cinco sistemas de retiro, solo tres están en el proceso de quiebra: el de maestros, de la Judicatura y del gobierno central. Así se constituyó uno de los dos comités autorizados a participar del proceso judicial, que, sin embargo, es portavoz de todos los jubilados del país. El otro comité oficial es el de acreedores no asegurados.

Estrategia de defensa

A partir del 17 de junio del año pasado, el grupo actúa de manera independiente y ha contratado publicistas, actuarios y abogados, entre otros asesores, con fondos que eventualmente desembolsará el tribunal federal. Para los asuntos legales, contrataron al bufete de abogados local Bennazar, García y Milián, y de Estados Unidos, la firma Jenner & Block, en la que labora uno de los abogados que representó a los pensionados en el caso de la quiebra de Detroit, señala Marín, también presidente del Sindicato de Policías Puertorriqueños.

“La función nuestra es llevarle a la juez el cuadro real de los pensionados. Al contratar a los distintos grupos, estamos montando el cuadro del caso para que la juez esté consciente de que los pensionados de Puerto Rico no son igual a los de otras jurisdicciones”, explica Miguel J. Fabre Ramírez, miembro del comité y presidente de la Asociación de Jubilados de la Judicatura de Puerto Rico. Hace hincapié en el modelo de familia extendida. “El pensionado tiene a sus hijos, en ocasiones a sus padres y a sus nietos, todos viven mayormente de esa pensión”, dice.

Para demostrar las características y necesidades particulares del jubilado puertorriqueño, el COR hace un perfil de esos grupos, para lo cual diseña un formulario.

Para mantener informados a los jubilados, el COR tiene una página en Facebook: corpuetorico o Comité Oficial de Retirados. También tiene la página: www.porturetiro.com, en la que las personas pueden informarse y hacer preguntas, que se deben responder en un plazo de 24 horas según el mandato de la jueza Swain.

El grupo exhorta a todos los jubilados del gobierno a inscribirse en la página.

Argumentos

Además de probar las responsabilidades financieras de los retirados, el COR afirma que el gobierno debe luchar por mantener las pensiones porque son vitales en la economía del país.

“Los pensionados movemos el 47% de la economía de Puerto Rico (según un estudio de AARP). El gobierno no puede alegar que porque está en quiebra les va a dejar de pagar. La juez tiene que entender que si hay $1,000 para dividir, van a tener que darles prioridad a los pensionados y lo que sobre dárselo a los demás. Yo le dije a la Junta de Supervisión Fiscal que, si queremos pagar la deuda, tenemos que levantar la economía primero y, para que la economía no se afecte, no se puede tocar un solo dólar de los pensionados. Si tocan las pensiones, el último que salga que apague la luz”, declara Marín.

A esos reclamos, Fabre recuerda que muchos pensionados ya fueron afectados por leyes que disminuyeron sus pensiones entre 4% y 15% o que extendieron el número de años que tienen que trabajar para poder retirarse. Según la página del COR, la pensión promedio de los retirados del gobierno central es de $1,100, cerca de $13,000 al año; y la de los maestros es de $1,475 mensuales, lo que equivale al menos de $18,000 anuales.

“En las sociedades más desarrolladas es donde surge este concepto de las pensiones, con un interés dual. Por un lado, como una expresión de reconocimiento a quienes dedicaron su esfuerzo y sus mejores años a desarrollar la sociedad. El segundo propósito era que ese grupo no se convierta, eventualmente, en una carga para el Estado”, recuerda, por su parte, Marcos A. López Reyes, presidente de la Asociación de Jubilados de la UPR y miembro del COR.


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