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Identifican millones en pagos indebidos a hoteles y entidades turísticas con fondos del COVID-19

La Oficina del Contralor de Puerto Rico publicó un informe especial con recomendaciones a la Fiscalía federal, el FBI y el Departamento de Justicia

6 de febrero de 2024 - 3:40 AM

Edificio que alberga la Oficina del Contralor
El informe de la Oficina del Contralor reveló que se realizaron supuestos pagos indebidos por $1.9 millones a tres personas y seis entidades, cuyas identidades no fueron reveladas. (Captura)

Un análisis de la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) encontró que el Departamento de Hacienda pagó casi $2 millones a personas y entidades relacionadas al turismo que no cumplían con los requisitos de elegibilidad para acceder a fondos de emergencia bajo la ley federal Cares dirigidos a este sector.

Asimismo, encontró que el gobierno desembolsó otros $24 millones en fondos federales a unas 13 entidades sin enviar copia de tales contratos a la OCPR.

Los resultados fueron revelados en un informe especial de la OCPR, que incluye recomendaciones a la Fiscalía federal, el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), la Oficina del Inspector General del Departamento del Tesoro federal y el Departamento de Justicia de Puerto Rico, entre otras agencias.

El informe, que comprendió el periodo del 23 de julio de 2020 al 3 de agosto de 2021, examinó 173 desembolsos, que totalizaron $15.8 millones a favor de 113 beneficiarios del Programa de Asistencia a la Industria Turística. El programa fue creado en 2020 por la exgobernadora Wanda Vázquez Garced, como parte del Plan Estratégico para la distribución del Fondo de Alivio del Coronavirus (CRF, por sus siglas en inglés).

Del total de desembolsos examinados, de acuerdo con el informe, se realizaron supuestos pagos indebidos por $1.9 millones a tres personas y seis entidades, cuyas identidades no fueron reveladas.

Partiendo de las cifras divulgadas por la OCPR, los supuestos pagos indebidos se habrían hecho entre el 3 de agosto y el 23 de diciembre de 2020. En total, tales desembolsos indebidos son equivalentes al 12% de los fondos asignados al programa.

En concreto, una entidad privada recibió $1.2 millones para cuatro hoteles que no administraba desde el 1 de octubre de 2020, al tiempo que otra entidad, presuntamente, recibió $600,0000 para un hotel que no le pertenecía desde el 15 de junio de 2018.

“Encontramos, además, que la entidad que administraba el hotel para el período afectado, también solicitó el incentivo económico, y le realizaron desembolsos por $400,000 el 29 de julio y el 22 de diciembre de 2020″, establece el informe sobre esta última propiedad.

El informe agrega que otras tres personas y dos entidades, con certificaciones de la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR) expiradas, recibieron $65,000 al margen de las guías del incentivo, que exigían tener dichos documentos al día.

Señalada la Compañía de Turismo

“Las certificaciones de estos beneficiarios, emitidas por la (CTPR), habían vencido entre 394 y 573 días antes de solicitar los incentivos económicos”, reza el documento.

Mientras, el informe asegura que una entidad, que solicitó un incentivo como excursionista, pero que no estaba endosado por la CTPR, recibió $30,000 por parte del programa.

Además, la OCPR encontró que otro hotel de 15 habitaciones recibió un incentivo por $175,000, aún cuando la cantidad que le correspondía era 100,000, de acuerdo al número de cuartos que posee.

Entre las causas para el desembolso de los supuestos pagos indebidos, el informe de la entidad señaló a la CTPR, por supuestamente certificar a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), beneficiarios con certificaciones que no estaban vigentes.

Como parte de los hallazgos del informe, la OCPR encontró que la CTPR no contaba, en el periodo de evaluación, con un registro actualizado de las certificaciones otorgadas a personas y entidades de la industria turística.

“Los entonces directores de las oficinas de Servicios y Transportación Turística y de Servicios y Fiscalización Turística no cumplieron con sus responsabilidades administrativas al no tener actualizada la referida información”, establece el informe.

Aunque del informe no se desprende un referido de los hechos a las autoridades federales o estatales, la OCPR recomendó, por ejemplo, a la Fiscalía federal, el FBI y el Departamento de Justicia “considerar los resultados y realizar los procesos que estime pertinentes”.

En declaraciones escritas, la CTPR no explicó los desembolsos a entidades que no tenían sus registros al día, pero expresó que las recomendaciones de la OCPR “han sido atendidas desde que la administración del gobernador Pierluisi entró en funciones en 2021″.

El informe recomendó a la CTPR que mantenga actualizados los registros de las fechas de vencimiento y de renovación de las certificaciones de los guías turísticos, las agencias de viaje, los mayoristas de viaje y los negocios de turismo náutico certificados.

“En la actualidad, como parte de nuestra labor ministerial, la Oficina de Servicios y Fiscalización Turística y la Oficina de Planificación y Desarrollo realizan actualizaciones de dichos registros mensualmente. Además, se continúa ofreciendo adiestramiento al personal, utilizando la tecnología como un aliado en esta encomienda”, aseveró la entidad.

El Nuevo Día también solicitó una reacción de Aafaf y Hacienda acerca del informe especial, pero al momento de la publicación de esta noticia, no había recibido respuesta.

No registran contratos en el Contralor

Entretanto, el informe de la OCPR encontró que otro programa de ayuda para la industria turística con fondos asociados a la pandemia, denominado Programa de Proyectos Estratégicos (PPE), desembolsó sobre $24 millones a 13 entidades sin remitir la copia de los contratos a la entidad.

El PPE fue creado por el Comité de Supervisión de Desembolsos el 30 de octubre de 2020, con el objetivo de ayudar a la Autoridad del Centro de Convenciones de Puerto Rico y 12 entidades relacionadas al complejo de entretenimiento de Distrito T-Mobile.

También, buscaba impactar las campañas de mercadeo turístico de la organización de mercadeo del destino (DMO, por sus siglas en inglés).

“Según la subdirectora de los Programas de Recuperación Fiscal de la Aafaf, el propósito del documento es traspasar la responsabilidad de cumplimiento a quien recibió los fondos. No mediante una relación contractual, sino una aceptación de que debían cumplir con los requisitos regulatorios”, reza el documento sobre la respuesta de la Aafaf a los señalamientos.

¿Cómo se configuraron las ayudas?

El Cares Act fue aprobado por el gobierno federal en marzo de 2020, lo que dio paso al CRF, mediante el cual se asgignaron unos $2,240 millones a Puerto Rico.

En mayo del mencionado año, Vázquez Garced implementó el Plan Estratégico para el desembolso de los fondos del CRF y creó el Programa de Asistencia a la Industria Turística, para el que asignó $100 millones del programa de alivio.

A su vez, Vázquez Garced creó el Comité de Supervisión de Desembolsos, grupo que debía establecer controles estrictos para asegurar que todos los gastos y desembolsos cumplieran con los requisitos y las condiciones establecidas en la ley Cares.

El comité estuvo compuesto por el director ejecutivo de la Aafaf, Omar J. Marrero, quien presidió el grupo, según el informe; el entonces secretario de Hacienda, Francisco Parés Alicea, y la dirección de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP).

Fue el propio comité el que estableció las guías del programa de asistencia turística y estableció los requisitos de elegibilidad, reza el informe.

Requisitos de elegibilidad de personas o entidades del sector turístico
1. Ser una empresa activa, no gubernamental, con o sin fines de lucro, que operó del 15 de febrero al 13 de marzo de 2020.
2. Estar dedicada a brindar servicios en la industria de viajes y turismo.
3. Tener un número de registro válido y vigente de la Compañía.
4. Los guías turísticos debían estar legalmente certificados por la Compañía de Turismo y haber prestado servicios en Puerto Rico, de julio de 2019 a marzo de 2020.
5. Las agencias de viaje y los mayoristas debían estar legalmente registrados en Turismo y con una licencia válida para operar.
6. Los operadores turísticos y de atracciones (excursionistas) debían ser endosados por Turismo.
7. Aceptar devolver el incentivo económico si se determina que no cumplieron con alguno de los requisitos de elegibilidad del programa.

Hacienda utilizó el Sistema Unificado de Rentas Internas (SURI) para la distribución del incentivo económico, de acuerdo con el tipo de entidad de la industria turística.

“El departamento no suministró evidencia a nuestros auditores del recibo de la lista de beneficiarios suministrada por la Aafaf, con la cual se programó el SURI”, lee el informe especial.

De acuerdo con la OCPR, Hacienda realizó unos 1,092 desembolsos por más de $56 millones a 614 beneficiarios de la industria turística a través de SURI.

Posteriormente, en octubre de 2020, el comité aprobó el PPE. En diciembre de ese año, el entonces secretario de Hacienda y el director de Aafaf finiquitaron los contratos de transferencias del alivio con el desembolso de $24.4 millones a entidades privadas, a través del Sistema de Contabilidad Central del Departamento (Prifas, por sus siglas en inglés).

En esa lista de desembolsó se efectuó un pago de $3.6 millones a la Organización de Mercadeo del Destino (DMO, en inglés), pero este no requirió la emisión de un contrato, detalla el informe especial.

Recomendaciones del Contralor

Además de las recomendaciones que la OCPR hizo a Turismo tras los hallazgos, la OCPR recomendó a Hacienda a que tome las medidas administrativas correspondientes ante cualquier irregularidad en el desembolso de los incentivos y “recobrar los $1,945,000 desembolsados indebidamente de las personas y entidades de la industria turística”.

Asimismo, el Contralor recomendó a Aafaf a que cumpla con las disposiciones de la Ley 18 de Registros y Contratos y con el Reglamento 33 del OCPR, al tiempo de que se asegure de que se remitan y registren los contratos y las enmiendas otorgadas en la OCPR dentro del término establecido.

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Parte de la información de esta historia proviene del informe de la Oficina del Contralor que puedes consultar a continuación:



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