“Al igual que el gobernador Rosselló, mi llamado a todas y todos los candidatos presidenciales es a que se definan
“Al igual que el gobernador Rosselló, mi llamado a todas y todos los candidatos presidenciales es a que se definan", dijo Charlie Rodríguez. (GFR Media)

Washington - El liderato del Partido Demócrata de Estados Unidos en Puerto Rico se unió hoy al llamado que ha hecho el gobernador Ricardo Rosselló Nevares para que los aspirantes a la presidencia de EE.UU. indiquen si apoyan o no la estadidad para la isla.

Charlie Rodríguez, presidente de los demócratas de la isla y expresidente del Senado, consideró un contrasentido que los senadores Bernie Sanders, independiente por Vermont, y Elizabeth Warren, demócrata por Massachusetts, y el exsecretario de la Vivienda federal Julián Castro defiendan que se le dé trato igual a Puerto Rico en programas federales, pero no tomen posición a favor de un status político para la isla.

Para Rodríguez, los precandidatos presidenciales demócratas ignoran el respaldo que considera tiene la estadidad en Puerto Rico, “al utilizar lenguaje trillado y vago para describir su posición” de status. “Al igual que el gobernador Rosselló, mi llamado a todas y todos los candidatos presidenciales es a que se definan. Que digan claramente si apoyan, o no apoyan, la estadidad para Puerto Rico”, indicó.

La alcaldesa de Ponce y delegada permanente ante el Partido Demócrata de EE.UU. (DNC), María “Mayita” Meléndez, afirmó que “el próximo presidente demócrata tiene que estar a la altura de los tiempos” y mencionó el respaldo a la estadidad para Puerto Rico de parte del propio DNC, de la National Association for the Advancement of Colored People (NAACP) y la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC).

La directiva demócrata, dominada por líderes del Partido Nuevo Progresista (PNP), hizo alusión al proyecto del senador Sanders, uno de los principales aspirantes a la candidatura presidencial demócrata, y de la congresista demócrata Nydia Velázquez (Nueva York) que persigue integrar a Puerto Rico al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), que existe en los 50 estados de EE.UU., en las Islas Vírgenes estadounidenses y Guam.

“El senador Sanders constantemente apunta a nuestra calidad de conciudadanos americanos como base para denunciar las injusticias e inequidades que se cometen a diario contra el pueblo puertorriqueño, pero hasta el momento no se ha expresado sobre nuestra imposibilidad de ejercer un derecho fundamental como lo es el derecho al voto”, indicó Luis Dávila Pernas, delegado permanente ante el DNC.

Recordó que en momentos en que la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) examina las querellas en las que el exgobernador Pedro Rosselló González y el abogado Gregorio Igartúa denuncian que la exclusión de Puerto Rico del proceso electoral estadounidense es una violación de derechos humanos y civiles, el gobierno de Donald Trump ha indicado que si los puertorriqueños quieren votar por el presidente de EE.UU. o elegir congresistas, pueden mudarse a cualquiera de los 50 estados.

La CIDH es un organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA).

“La postura de la administración Trump ante la OEA fue que Puerto Rico tiene gobierno propio y que si un ciudadano americano residente en Puerto Rico quiere ejercer su derecho al voto, la Constitución le permite mudarse a cualquiera de los 50 estados. ¿Piensa igual el senador Sanders? No lo sé, pero creo que los electores demócratas merecemos saber antes de dirigirnos a los colegios de votación”, sostuvo Dávila Pernas.

Los senadores Sanders y Warren han expresado en el pasado apoyo a la libre determinación de Puerto Rico, sin vincularse con alguna de las alternativas de status.

Cuando aceptó ser copresidenta de la campaña presidencial del senador Sanders, la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz - quien defiende la libre asociación para Puerto Rico-, dijo que le solicitó apoyar un proceso de status “en el que se escuchen todas las voces”.

Mientras, la senadora Warren dijo en enero en San Juan que el plebiscito de 2017, en el que la estadidad obtuvo el 97% de los votos en medio de un boicot de la oposición, fue “muy controversial” tanto por la forma en que se hizo la pregunta como por su baja participación (23%).


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