El gobierno de Puerto Rico, entre otras condiciones, deberá rendir informes trimestrales a los Centros de Servicios Medicare y Medicaid sobre cómo utiliza los fondos de Medicaid. (GFR Media)

Washington - Tras acordar una fuerte supervisión sobre el uso del dinero que se asigna al gobierno de Puerto Rico, el Comité de Energía y Comercio de la Cámara baja ratificó ayer el proyecto de ley que permitiría asignar $12,000 millones a la isla en fondos de Medicaid durante los próximos cuatro años fiscales federales.

Los fondos fueron condicionados a que el gobierno de Puerto Rico, luego de los recientes cargos de corrupción, esté sujeto a mayores controles sobre cómo utiliza los dineros de ese programa federal.

En ese sentido, el gobierno de Puerto Rico deberá rendir informes trimestrales a los Centros de Servicios Medicare y Medicaid (CMS) sobre cómo utiliza los fondos de Medicaid, que financian la mayor parte del programa de salud del gobierno puertorriqueño.

Los nuevos controles fueron propuestos, como parte de un acuerdo con la mayoría demócrata, por el líder republicano en ese comité, Greg Walden (Oregón), luego de conocerse los arrestos en la isla por corrupción, que han abarcado irregularidades en los contratos otorgados por la Administración de Seguros de Salud (ASES).

“Todos estuvimos atónitos”, indicó el presidente del Comité de Energía y Comercio, Frank Pallone (Nueva Jersey), antes de ratificarse el lenguaje que busca evitar un precipicio fiscal, a partir de 2020 en el caso de Puerto Rico, en los sistemas de salud de los territorios estadounidenses.

Entre los mecanismos de supervisión acordados, la Oficina del Inspector General (OIG) del Departamento de Salud de EE.UU. auditará los sistemas de contratación y la administración financiera de los programas de Medicaid en Puerto Rico que considere que tienen alto riesgo de fraude.

Un año después que la legislación se convierta en ley, mientras, la OIG de Salud federal tendrá que desarrollar un plan de trabajo para “auditar e investigar la práctica de contratación relacionadas a Medicaid en Puerto Rico”, que ha sido el área afectada por los cargos de corrupción que la fiscalía federal presentó la semana pasada, que incluyeron a la exdirectora de la Administración de Seguros de Salud (ASES) Ángela Ávila y a contratistas de esa oficina.

En dos años, además, la Oficina de Contraloría General (GAO) debe emitir un informe sobre los procesos de evaluación de subastas y de otorgamiento de contratos, incluidos los que no sean competitivos o requieran un proceso de solicitud de propuestas (Rfp).

Todos los territorios se enfrentan a un déficit en el acceso a fondos permanentes de Medicaid. Para Puerto Rico, según ASES, el barranco fiscal sería de por lo menos $1,200 millones, a partir de 2020. ASES ha indicado que sin nuevos fondos de Medicaid cerca de 600,000 personas, casi la mitad de los pacientes del plan Vital, pueden quedar sin servicios médicos.

De acuerdo al lenguaje acordado por el liderato del Comité de Energía y Comercio, el Departamento de Salud de EE.UU., la Oficina del Inspector General de esa dependencia y los Centros de Servicios Medicare y Medicaid (CMS) examinarán los procesos de subastas y contratación en la Administración de Seguros de Salud (ASES), que administra los fondos de Medicaid y cuya pasada exdirectora, Ángela Ávila, fue imputada de cargos de corrupción hace una semana.

La medida, aprobada a viva voz y sin oposición, reconoce que el sistema de salud de Puerto Rico necesita una solución permanente. “Esta legislación va a salvar vidas. Nos entusiasma el apoyo bipartidista que recibió la legislación para otorgarle a cada ciudadano estadounidense el acceso igual a la cobertura de Medicaid que se merecen”, sostuvo el congresista demócrata Darren Soto (Florida), quien fue al autor principal de la medida original.

La medida había sido ratificada la semana pasada en la subcomisión de Salud del Comité de Energía y Comercio.

El lenguaje original ya impulsaba que Puerto Rico y los demás gobiernos territoriales incluidos en la legislación tengan que rendir un informe anual a los comités con jurisdicción en el Congreso sobre cómo se utilizaron los fondos. También exige establecer un sistema de contabilidad para verificar cómo se manejan los programas y detectar los errores en los sistemas de pagos.

El proyecto persigue que el gobierno federal financie el 83% del costo de los servicios de Medicaid en Puerto Rico durante los años fiscales federales 2020 y 2021. En los años 2022 y 2023, la aportación federal al plan de salud del gobierno de la isla quedaría en el 76% del costo de los servicios.

Por ley permanente, Puerto Rico solo recibe $380 millones en fondos de Medicaid y tiene que aportar el 45% del costo de los servicios.

Bajo la legislación aprobada ayer en comité, el gobierno de Puerto Rico recibiría $2,823 millones el próximo año fiscal federal 2020, que comienza en octubre. Luego, esas asignaciones aumentarían a $2,919 millones, $3,012 millones $3,114 millones en los próximos tres años fiscales federales.

Tanto la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, como el presidente ejecutivo de la Asociación de Hospitales, Jaime Plá, presentaron ponencias en respaldo a la medida. Entre otras cosas, Plá reafirmó que la incertidumbre sobre el financiamiento del sistema de salud de Puerto Rico dificulta hacer mejoras a las instalaciones médicas en la isla.


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