La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó hoy (297-120) el proyecto de presupuesto que incluye las nuevas asignaciones de Medicaid para Puerto Rico, que pueden alcanzar los $5,742 millones y nuevas medidas de control.
La legislación es producto de un acuerdo bipartidista de los líderes del Congreso y persigue, entre otras cosas, evitar un cierre parcial del gobierno federal.
Con el proyecto, Puerto Rico tendría garantizado $2,623 millones para este año fiscal federal 2020. Otros $200 millones se le añadirían si el gobierno de Puerto Rico logra que el 70% de los fondos de Medicaid sean para los proveedores.
Aunque la asignación representa menos de los cerca de $12,000 millones que las autoridades de la isla daban por sentado recibir durante cuatro años, los fondos podrán utilizarse en promedio con un 76% de aportación federal (FMAP), por encima del 55% que establece la ley federal vigente.
En el 2021, el total aumenta a $2,719 millones. Otros $200 millones pueden sumarse cada año si el gobierno de Puerto Rico garantiza que el 70% de los fondos de Medicaid irá a pagar a proveedores.
Tras los cargos por corrupción del verano pasado que incluyeron a la Administración de Seguros de Salud (ASES), la medida requiere una reforma del proceso de contratación del plan de salud, medidas de integridad sobre el uso de los fondos y permite penalidades que reducirían hasta en un 2.5% la aportación federal por servicio de Medicaid prestado.
La legislación agrega unos $49,000 millones al presupuesto federal, elimina impuestos relacionados a Obamacare, eleva la edad mínima para comprar cigarrillos a 21 años y en 3.1% el salario de los empleados civiles del gobierno federal.
Al hablar de los acuerdos generales, la presidenta del Comité de Asignaciones, la demócrata Nita Lowey (Nueva York), señaló que después de largos meses de negociaciones pudieron superar sus diferencias “y lograr un acuerdo bipartidista que hace inversiones” en EE.UU..
Entre los requisitos que se imponen en torno al uso de los fondos de Medicaid está la designación, a más tardar seis meses después de la medida ser convertida en ley, de un funcionario que asuma la responsabilidad de velar por la “integridad” del programa en Puerto Rico.
El gobierno de Puerto Rico, además, deberá establecer, 18 meses después de adoptada la legislación, un plan en coordinación con los Centros de Servicios Medicaid y Medicare (CMS) para cumplir con la tasar de error de pago, auditorías, y el control de calidad de elegibilidad de Medicaid (MEQC).
De no cumplirse con las medidas de control de fraude, el gobierno de Puerto Rico se expone a perder hasta un 2.5% del FMAP.
Los fondos de Medicaid financian en gran medida el plan de salud del gobierno de Puerto Rico, que beneficia a cerca de 1.25 millones de personas.
La comisionada Jenniffer González insistió en que la Casa Blanca le había dicho que apoyaba la medida original que autorizaba entre $11,800 millones y $12,000 millones para cuatro años fiscales, con controles mucho más fuertes. La Casa Blanca, cuando se le preguntó sobre el tema el pasado fin de semana, dijo que todavía examinaba ese tipo de propuestas.
Mientras, la congresista demócrata Nydia Velázquez (Nueva York) ha indicado que fue la Casa Blanca la que rehusó otorgar cuatro años de financiamiento de Medicaid para la Isla. Otras fuentes coinciden.
Pero, la comisionada consideró que la renuencia a dar cuatro años de financiamiento, buscó nivelar la duración contras medidas de la legislación.
El exgobernador Aníbal Acevedo Vilá, precandidato a comisionado residente por el Partido Popular Democrático (PPD), ha cuestionado que la comisionada González y la gobernadora Wanda Vázquez dieran por aprobado cerca de $12,000 millones en fondos de Medicaid, para luego conocerse que la asignación sería menor y por menos años.
El acuerdo presupuestario que será aprobado esta semana en el Congreso incluye $6 millones para estudiar el funcionamiento del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) de Puerto Rico.
Además de asignar los $1,969 millones del PAN para el año fiscal 2020 – un aumento de $4 millones en comparación con el de 2019-, la medida permite actualizar un estudio de viabilidad para la transición del programa SNAP, el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, que es el que existe en los estados de EE.UU..
También asigna oficialmente cerca de $48.5 millones para proyectos de la Guardia Nacional Aérea de Puerto Rico..
Por iniciativa de la comisionada González y la demócrata Stephanie Murphy (Florida), la legislación ordena a la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas (ONDCP, por sus siglas en inglés) actualizar la Estrategia Antinarcóticos para la Frontera del Caribe, publicada por última vez en el 2015. Además, reclama que la ONDCP incluya esa estrategia en las próximas versiones de la Estrategia Nacional de Control de Drogas, tal como se requiere para las estrategias de la frontera suroeste y la frontera norte.
En la legislación se asignan $29.5 millones para el programa de conservación de arrecifes de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), $185,000 para la inspección de proyectos completados por el Cuerpo de Ingenieros
