Luego de más de 12 horas de debate, el presidente del Comité de lo Jurídico, Jerrold Nadler, sorpresivamente, limitó esta noche la votación a un asunto procesal. (AP / J. Scott Applewhite)

Washington - Tras una maratónica jornada, el Comité de lo Jurídico de la Cámara de Representantes de EE.UU. dejó para hoy, viernes, la votación formal sobre los cargos de destitución en contra del presidente Donald Trump, imputado de abusar de su poder y obstrucción del Congreso, en relación a las presiones que ejerció sobre el gobierno de Ucrania en busca de beneficios políticos electorales.

Luego de más de 12 horas de debate, el presidente del Comité de lo Jurídico, Jerrold Nadler, sorpresivamente, limitó esta noche la votación a un asunto procesal.

Pero, no será hasta hoy, viernes, en una sesión que comenzará a las 10:00 a.m. (11:00 a.m, hora de San Juan), en que se votará oficialmente los dos cargos de destitución.

De todos modos, las expectativas son que los cargos en contra de Trump llegarán al pleno de la Cámara de Representantes la semana próxima, justo 21 años después de que se ordenara un juicio político en contra del presidente Bill Clinton.

La Cámara de Representantes de EE.UU. aprobó el 19 de diciembre de 1998 un juicio político en contra de Clinton, al votar a favor de un cargo de perjurio durante su testimonio ante un gran jurado y otro por obstrucción a la Justicia, en torno a su relación extramarital con la becaria de la Casa Blanca Monica Lewinsky.

Los demócratas tienen mayoría en la Cámara baja, por lo que se prevé que los dos cargos serán ratificados en comité y en el pleno del cuerpo legislativo. Trump sería entonces solo el tercer presidente de EE.UU. en tener que enfrentarse a un juicio político.

“Este es un voto sobre el que la gente tendrá que llegar a sus propias conclusiones", indicó la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, al ser preguntada sobre la posibilidad de que un puñado de congresistas demócratas moderados o conservadores rechacen las imputaciones en contra de Trump.

Aunque la Cámara de Representantes ordene el juicio político, todo indica que la mayoría republicana del Senado decidirá mantener a Trump en la Casa Blanca, como parte de un proceso que quizá solo dure unas semanas y comenzaría en enero.

A Trump se le imputa condicionar la entrega de $391 millones en asistencia militar y una reunión en la Casa Blanca conel presidente Volodomir Zelensky a que el gobierno ucraniano anunciara investigaciones sobre el ex vicepresidente Biden, su hijo Hunter, la empresa de gas Burisma y la desacreditada teoría de que el país de Europa del Este interfirió en las elecciones de 2016 en favor de los demócratas.

Biden es uno de los principales candidatos demócratas a la presidencia y por ello un potencial rival de Trump en noviembre de 2020. Hunter Biden fue miembro de la junta de directores de Burisma.

Entre los muchos argumentos políticos, que en ocasiones nada tuvieron que ver con las imputaciones en contra de Trump, uno de los republicanos del Comité, Matt Gaetz (Florida), pidió enmendar la medida que incluye los cargos en contra del presidente de EE.UU. para hacer mención de Hunter Biden, momento en el que recordó los pasados problemas con las drogas del hijo del ex vicepresidente.

El demócrata Hank Johnson (Georgia) dijo que Gaetz no era la persona para hablar de eso, pues otros podían mencionar arrestos por embriaguez, como una vez le ocurrió al congresista republicano.

En un memorándum que se conoció el miércoles, la Oficina de Presupuesto y Gerencia de la Casa Blanca alegó que la asistencia militar fue retenida – durante por lo menos 55 días-, para determinar si cumplía con la política pública federal.

Los republicanos y la Casa Blanca han indicado que la ayuda se retuvo por las preocupaciones del presidente Trump en torno a la corrupción, y que finalmente fue liberada el 11 de septiembre.

Para entonces, sin embargo, ya se conocía de la querella de un denunciante anónimo sobre las condiciones pedidas por Trump en una llamada telefónica del 25 de julio con el presidente de Ucrania y del examen que hacían del asunto el Inspector General de la comunidad internacional y el Congreso.

El informe del Comité de Asuntos de Inteligencia, que examinó los hechos del caso, determinó que las investigaciones fueron solicitadas con la intención de hacer daño político al exvicepresidente Biden y beneficiar al presidente Trump, por encima de la seguridad nacional estadounidense.

Los demócratas sostienen que las acciones de Trump sobre Ucrania y la negativa a cooperar con el Congreso deben tener consecuencias.

Nadler sostuvo que a costa de la seguridad nacional estadounidense, el presidente Trump quiso conseguir una ventaja política electoral. “Si las elecciones son corruptas, todo es corrupto”, afirmó, al exhortar a sus colegas republicanos a superar las presiones “del momento”, pues Trump, de todos modos, en algún momento dejará de ser presidente.

Los demócratas indicaron que el cargo de obstrucción al Congreso queda evidenciado por el hecho de que presidente Trump no entregó ni un documento a la Cámara baja ni autorizó el testimonio de sus más cercanos colaboradores. “Nunca hemos visto a un presidente desafiar al Congreso de esta forma”, agregó Nadler.

Mientras, el líder de la minoría republicana en el Comité de lo Jurídico, Douglas Collins (Georgia), afirmó que los cargos en contra del presidente Trump se basan en “mentiras” y buscan cumplir un objetivo que los demócratas supuestamente se trazaron desde las elecciones de noviembre de 2016.

“Esto es más por conveniencia política que por otra cosa”, sostuvo Collins, al sostener que la “obstrucción” y el “abuso de poder” lo han cometido la mayoría demócrata por impedir una investigación justa.

“Están más preocupados por el calendario que por los hechos y la justicia”, dijo, en torno al interés de los demócratas – y de la propia mayoría republicana del Senado-, de llevar a cabo un proceso de destitución expedito.

De acuerdo a la Constitución estadounidense, un presidente de EE.UU. puede ser destituido por “traición, extorsión u otros delitos graves o de menor grado”.

La investigación de la Cámara baja comenzó luego de la presentación de una querella anónima en la que un denunciante informó de la llamada del 25 de julio pasado en que Trump le pidió las investigaciones al presidente de Ucrania, en momentos en que el gobernante ucraniano le mencionaba que estaba pendiente la entrega de $391 millones en asistencia militar y una reunión en la Casa Blanca.

Varios testimonios, incluido el del embajador de EE.UU. ante la Unión Europea, Gordon Sondland, corroboraron denuncias que se basaron en la llamada del 25 de julio.

El juicio político se llevaría a cabo en enero en el Senado, donde los republicanos tienen una mayoría de 53 a 47. Debido a que se requiere el voto afirmativo de dos tercios de los senadores para destituir un presidente, es muy improbable que los cargos prosperen en el Senado.

Sería la tercera vez en la historia de Estados Unidos que un presidente es sometido a un juicio político. Bill Clinton (1999) y Andrew Johnson (1868) sobrevivieron los juicios políticos previos en el Senado en contra de un presidente de EE.UU..

Un cuarto presidente de EE.UU., Richard Nixon, renunció en 1974 en medio del escándalo Watergate después de que el Comité de lo Jurídico aprobó tres cargos de destitución: abuso de poder, obstrucción de justicia y del Congreso.


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