El gobierno de Donald Trump reconoció que buscó reducir las asignaciones de Medicaid a Puerto Rico en el proyecto de presupuesto que fue aprobado hoy en la Cámara de Representantes de EE.UU., como adelantó ayer El Nuevo Día.
La legislación que avanza esta semana en el Congreso asigna hasta $5,742 millones en fondos de Medicaid a Puerto Rico durante los años fiscales federales 2020 y 2021, en vez de los cerca de $12,000 millones para cuatro años que proponía el liderato legislativo.
“Con el derroche histórico que hemos enfrentado en Puerto Rico, no se necesitaban fondos adicionales ni era fiscalmente responsable (otorgarlos)”, indicó Chase Jennings, portavoz de la Oficina de Presupuesto de la Casa Blanca, según la publicación Politico.
La Casa Blanca, de hecho, le comunicó directamente al liderato del Congreso que el presidente Trump no firmaría un proyecto de ley que le otorgara cuatro años de fondos de Medicaid a Puerto Rico, dijo a El Nuevo Día otra fuente independiente del gobierno federal.
Cuando se alcanzó un acuerdo en el liderato del Comité de Finanzas del Senado sobre una medida que hubiese otorgado hasta $11,869 millones durante cuatro años fiscales federales, que en términos de asignaciones se asemejaba a los $12,000 millones sugeridos en la Cámara baja, la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, dio por sentado el respaldo de la Casa Blanca.
Entonces, sin embargo, un portavoz de la Casa Blanca dijo que las asignaciones de Medicaid para la Isla eran uno de los asuntos que estaban bajo evaluación, de cara a cualquier acuerdo sobre temas de salud.
Por separado, la congresista demócrata Nydia Velázquez (Nueva York) y el cabildero Javier Llano habían coincidido el lunes en que fue la Casa Blanca la que ordenó reducir de cuatro a dos años las asignaciones para la Isla.
El lenguaje sobre los fondos de Medicaid le impone al gobierno de la isla el reto de preservar el acceso a más de $570 millones de los $5,742 millones que puede recibir.
Por un lado, la medida condiciona $200 millones anuales a que el gobierno de Puerto Rico garantice que el 70% de las asignaciones terminan en manos de los proveedores de servicios de salud ambulatorios.
Pero, además, el gobierno de Puerto Rico se expone a perder hasta 2.5% de la aportación federal anual por servicio de Medicaid (FMAP) -que sube de 55% a 76%- si falla en presentar en 12 meses un plan para reformar el proceso de contratación para el plan de salud, nombrar en seis meses una persona para velar por la integridad del programa, y en coordinación con los Centros de Servicios Medicaid y Medicare (CMS), cumplir en 18 meses con las normas que buscan evitar errores en los pagos y establecer controles de calidad en torno a quiénes son elegibles.
Sin contar los $200 millones que están sujetos a los requisitos del pago a proveedores por servicios ambulatorios, la legislación distribuiría $2,623 millones durante el año fiscal federal 2020, que comenzó en octubre, y $2,719 millones en el año fiscal federal 2021.
Según el profesor Heriberto Marín Centeno, de la Escuela de Salud Pública del Recinto de Ciencias Médicas, perder 2.5% en FMAP puede representar una suma de $175 millones durante los dos años de asignaciones fijas.
La comisionada González afirmó que el secretario de Salud, Rafael Rodríguez, ha dicho que podrán cumplir con los requisitos que impone la medida. “Son medidas menos fuertes que las del Senado. Ya no hay que someter auditorías forenses”, indicó González.
La legislación debe aprobarse hoy o mañana en el Senado, en busca, además, de ordenar las asignaciones del presupuesto federal y evitar un cierre parcial del gobierno de Estados Unidos al terminar la semana.
La gobernadora Wanda Vázquez Garced había advertido que, a finales de este mes, a Puerto Rico solo le quedarían en fondos de Medicaid los $375 millones que recibe por ley permanente, que se agotaban la primera semana de febrero.
A partir de entonces, el gobierno de Puerto Rico iba a tener que depender de sus propios fondos para financiar el plan de salud gubernamental, al que están suscritos cerca de 1.25 millones de personas.
Ahora, la asignación de Medicaid para los años fiscales federales 2020 y 2021 que provee la legislación federal permitirá al gobierno de Puerto Rico ahorrarse cientos de millones de dólares. Pero, además, será uno de los asuntos que obligará a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que controla las finanzas públicas de la isla a volver a revisar sus proyecciones y el plan fiscal.
