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El gobernador participó el martes en la cumbre de inversiones SelectUSA y esta tarde tenía una reunión con el secretario del Tesoro, Steve Mnuchin. (GFR Media)

Washington - Aunque garantiza que se pueden pagar las pensiones de los jubilados, el gobierno de Puerto Rico no está listo aún para decir públicamente cuanto podrá pagar como servicio de la deuda a partir de julio de 2020.

“Hay proyecciones internas, pero si las digo estaría negociando en contra mía”, dijo hoy Christian Sobrino Vega, representante del gobernador ante la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que controla las decisiones financieras de la isla y director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF).

Aunque el gobierno de Puerto Rico ha destacado que tiene $6,719 millones de liquidez, un aumento de $3,474 millones en comparación con junio de 2018, Sobrino Vega indicó que eso refleja ahorros, recortes presupuestarios y una mejora en los recaudos.

“No es solo (el no pago) del servicio de la deuda”, sostuvo Sobrino Vega, en una mesa redonda en la que el gobernador Ricardo Rosselló Nevares, como hiciera en su mensaje de presupuesto, repasó las iniciativas y los estimados fiscales fallidos de la JSF.

En momentos en que la JSF ha indicado que en un plazo de 30 días espera tener un acuerdo sobre la reestructuración de las obligaciones generales del gobierno central de Puerto Rico, Sobrino Vega afirmó que antes de que finalice el año deben conocerse las proyecciones de pago del servicio de la deuda.

La JSF, en sus planes fiscales, ha establecido también los factores que tomará en cuenta para hacer ese estimado, de cara a la reestructuración de cerca de dos tercios de la deuda pública de la Isla.

Antes del freno en el pago de las obligaciones financieras del gobierno que impuso la ley Promesa, el servicio de la deuda pública apoyada por contribuciones hubiese rondado los $7,500 millones anuales, según Sobrino Vega. En el proceso se ha reestructurado la deuda de algunas corporaciones, incluida COFINA.

Para poder proyectar con claridad el servicio de la deuda, además, será necesario resolver también diferencias entre la JSF y el gobierno electo en torno al recorte de las pensiones.

Sobrino Vega sostuvo que aún bajo la propuesta de la JSF de recortar hasta en un 10% las pensiones, un plan que ahora han reducido al 8%, la diferencia en términos de la viabilidad financiera de los sistemas de retiro entre el gobierno de Puerto Rico y el ente fiscal, es un año. “El asunto en este momento es si la Junta va a insistir en el tema ideológico del corte de las pensiones”, agregó.

La directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, ha indicado que esperan comenzar a pagar el servicio de la deuda en julio de 2020, con la idea de intentar que el presupuesto 2020-2021 de Puerto Rico sea el primero equilibrado desde la puesta en marcha de la ley Promesa. Para poder acabar con la JSF, se requieren cuatro presupuestos equilibrados consecutivamente y acceso a mediano y largo plazo, a tarifas razonables, al mercado financiero.

En la mesa redonda, el gobernador Rosselló Nevares aludió a las fallas en las proyecciones económicas de la JSF y en la cantidad de planes fiscales que ha tenido que revisar. “Se nos han pedido 51 planes fiscales, 17 de ellos del gobierno central…la Junta ha aprobado seis planes fiscales diferentes”, sostuvo el gobernador, quien el martes participó en la cumbre de inversiones SelectUSA y esta tarde tenía una reunión con el secretario del Tesoro, Steve Mnuchin.

Rosselló Nevares renovó además sus críticas a la JSF por “interferir con la política pública” del gobierno de Puerto Rico y querer entrar en sus “operaciones diarias”.

En estos momentos, junto al futuro de las pensiones de los jubilados del gobierno, la batalla incluye el monto del presupuesto. Rosselló Nevares ha propuesto un presupuesto de $9,624 millones, unos $570 millones más que lo que la JSF, que tomará la decisión final este mismo mes, ha estado dispuesta a aceptar.

“Siempre he estado opuesto a Promesa”, dijo Rosselló Nevares. Pero, al gobernador se le recordó que no ha acudido a los tribunales a pedir su anulación ni pedido al Congreso que la elimine.

Ante el Comité de Recursos Naturales, a principios de mayo, Rosselló Nevares solicitó que el Congreso reforme la ley Promesa para asegurar que “no puede interferir con las operaciones diarias” del gobierno.

Hoy, Rosselló Nevares sostuvo que además de los postulados filosóficos en contra de la JSF, por su carácter antidemocrático, está también la “realidad práctica de nuestra gobernanza”.

Como gobernador, dijo, insistirá en que el presupuesto del gobierno permita “invertir en las cosas que la gente quiere que se invierta”. Los miembros del Congreso, subrayó, “tienen tres años de evidencia para corroborar que (la JSF) ha fallado”.


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