Las nuevas asignaciones evitarán un abismo fiscal en el sistema de salud de Puerto Rico. (AP)

El Senado de Estados Unidos aprobó hoy, jueves, (71-21) limitar el debate sobre el proyecto de presupuesto que incluye la asignación de hasta $5,742 millones que obtendrá Puerto Rico en fondos de Medicaid para dos años y evitará, a la medianoche del viernes, un cierre parcial del gobierno federal.

Con esa votación, prácticamente, se garantiza la ratificación en las próximas horas del proyecto de ley, que – aunque supone una reducción sobre lo que se negociaba en el Congreso-, representará la mayor asignación promedio para la isla en fondos de Medicaid.

Para limitar el debate se necesitaban por lo menos 60 votos. Pero, cuando vaya a votación final, solo se requerirá una mayoría simple.

El proyecto de ley fue aprobado el martes en la Cámara baja y debe ser firmado por el presidente Donald Trump.

La medida aumenta de 55% a 76% la aportación federal por servicio prestado de Medicaid (FMAP), y asigna directamente $2,623 millones durante el año fiscal federal 2020, que comenzó en octubre, y $2,719 millones en el año fiscal federal 2021.

Además, el gobierno de Puerto Rico puede recibir otros $200 millones cada uno de los dos años si destina por lo menos el 70% de los fondos de Medicaid al pago de proveedores de servicios de salud ambulatorios.

Tras los cargos de corrupción del verano pasado, que salpicaron la Administración de Seguros de Salud (ASES), la legislación exige reformar el proceso de contratación en torno al plan de salud del gobierno de Puerto Rico, que dependerá – ahora más que nunca-, de fondos de Medicaid.

Como parte de la legislación, para evitar perder hasta el 2.5% del FMAP, el gobierno deberá presentar en 12 meses un plan para reformar el proceso de contratación para el plan de salud, nombrar en seis meses una persona para velar por la integridad del programa, y en coordinación con los Centros de Servicios Medicaid y Medicare (CMS), cumplir en 18 meses con las normas que buscan evitar errores en los pagos y establecer controles de calidad sobre la elegibilidad al programa.

Las nuevas asignaciones evitarán un abismo fiscal en el sistema de salud de Puerto Rico.

La gobernadora Wanda Vázquez Garced había pronosticado que el gobierno de Puerto Rico se quedaría sin fondos de Medicaid a partir de febrero.

“Los $5.,700 millones por dos años (representan, en promedio,) la asignación de fondos de Medicaid más grande que se ha conseguido para nuestra Isla y nos saca de cualquier preocupación fiscal con los fondos de salud por los próximos años”, indicó la comisionada residente en Washington, Jenniffer González.

Originalmente, el liderato del Senado y la Cámara baja federal buscaba asignar a Puerto Rico cerca de $12,000 millones para cuatro años fiscales federales, con más controles hacia el gobierno de la isla, pero la Oficina de Presupuesto de la Casa Blanca (OMB) ha indicado que frenó ese posible acuerdo, ante el historial de corrupción que le atribuye al gobierno puertorriqueño.

“Esta administración sigue comprometida con priorizar adecuadamente el dinero de los contribuyentes estadounidenses. Recortar fondos de Medicaid a Puerto Rico de aproximadamente $12,000 millones a $5,700 millones es una victoria para el presidente Trump y el pueblo estadounidense. Con la histórica pérdida de dinero a que nos hemos enfrentado en Puerto Rico, no se necesitaban fondos adicionales ni era fiscalmente responsable”, indicó ayer a El Nuevo Día Chase Jennings, portavoz de OMB.

En sus mensajes al Congreso, el gobierno de Puerto Rico se comprometió a utilizar el aumento en fondos de Medicaid para asegurar que más fondos vayan a los pagos de los proveedores, a los hospitales, que se financien las medicinas para los pacientes de hepatitis C, que se cubra el costo para los pacientes “duales” del plan B de Medicare (los que compran un plan Medicare Advantage), y se suba el ingreso mínimo para tener acceso a Medicaid.

Elliot Pacheco, vicepresidente de Empresarios por Puerto Rico y dueño de una farmacia en Cayey, había destacado recientemente la importancia de utilizar las nuevas asignaciones de Medicaid para cubrir el pago que tienen que hacer los beneficiarios duales para financiar la parte B de Medicare, que cubre los servicios médicos ambulatorios.

Un paciente puede pagar hasta $144.60 mensuales por la cubierta de la parte B de Medicare. De poder ser financiado a través de Medicaid, el paciente puede ahorrarse hasta $1,735 anuales y la economía tener una inyección económica de sobre $200 millones, según los datos que ha provisto el gobierno de Puerto Rico.

Pacheco también llamó la atención a la importancia de subir el ingreso mínimo para poder tener acceso a Medicaid. “Una persona que trabaja 40 horas a la semana, con un salario $7.25 por hora, no puede tener acceso a Medicaid en Puerto Rico”, sostuvo.

Los estimados del gobierno de Puerto Rico, además, son que el aumento en los fondos de Medicaid puede representar cerca de $150 millones anuales en dinero que será distribuido entre los proveedores de la salud.

Otras medidas

La legislación también elimina por dos años el impuesto a las aseguradoras de la ley Obamacare, lo que supone unos $200 millones.

El acuerdo presupuestario incluye $6 millones para estudiar el funcionamiento del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) de Puerto Rico.

Además de asignar los $1,969 millones del PAN para el año fiscal 2020 – un aumento de $4 millones en comparación con el de 2019-, la medida permite actualizar un estudio de viabilidad para la transición del programa SNAP, el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, que es el que existe en los estados de Estados Unidos.

También asigna cerca de $48.5 millones para proyectos de la Guardia Nacional Aérea de Puerto Rico.

Por iniciativa de la comisionada González y la demócrata Stephanie Murphy (Florida), la legislación ordena a la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas (ONDCP, por sus siglas en inglés) actualizar la Estrategia Antinarcóticos para la Frontera del Caribe, publicada por última vez en el 2015. Además, reclama que la ONDCP incluya esa estrategia en las próximas versiones de la Estrategia Nacional de Control de Drogas, tal como se requiere para las estrategias de la frontera suroeste y la frontera norte.


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