Washington - Trece organizaciones conservadoras pidieron hoy, miércoles, al presidente Donald Trump que nombre a los actuales miembros de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que controla las decisiones financieras del gobierno de Puerto Rico y acabe con la incertidumbre sobre el futuro de los trabajos del ente fiscal.
A un mes de que venza el término dado por el Primer Circuito de Apelaciones federales, con base en Boston (Massachusetts), para redesignar a los actuales miembros o nombrar nuevos integrantes, los grupos conservadores enviaron una carta a Trump en la que advierten que cambios en las normas del Senado permitirían una rápida confirmación de la JSF actual.
Indicaron que “acciones recientes” del gobernador Ricardo Rosselló Nevares reflejan que “está dispuesto a utilizar la reciente decisión del Primer Circuito para tomar ventaja del vacío de poder que ha sido creado”.
“(El gobernador) ha comenzado intentos para redirigir presupuesto sin la aprobación de la (JSF), una violación directa de (la ley) Promesa. La administración del gobernador ha mostrado su entusiasmo por hacer cambios fiscales importantes sin supervisión, lo que tiene el potencial de ser perjudicial para la economía puertorriqueña y un desperdicio de dólares de los contribuyentes”, señalaron.
La carta está firmada por Ryan Ellis, del “Center for a Free Economy”; Grover Norquist, de “American for Tax Reform”; Pete Sepp, de “National Taxpayers Union”; Jason Pye, de “Freedom Works”; Thomas Schatz, del “Council for Citizens Against Government Works”; Tim Chapman, de “Heritage Action”; y Jim Martin, de “60 Plus Association”.
También la suscriben Palmer Schoening, de “Family Business Coalition”; Andrew Langer, del “Institute for Liberty”; Preston Noell, de “Tradition Family Property”; Dave Wallace, del “Fair Energy Foundation”; y Saul Anuziz, de “American Association of Senior Citizens”; y Horace Cooper, de “Project 21”.
Las organizaciones indicaron que los cambios en las normas del Senado permiten ahora a la mayoría republicana reducir de 30 a dos horas el máximo de tiempo para debatir nombramientos de una jerarquía menor a la del gabinete de gobierno
“Bajo esta nueva regla del Senado, las personas designadas para la (JSF) de Puerto Rico caen en este procedimiento expedito”, agregaron, al señalar que una vez que hayan sido confirmados en sus puestos, el ente fiscal podrá asegurarse de que “el gobierno puertorriqueño actúa” bajo las mejores prácticas de gestión fiscal y que “los acuerdos de deuda entre acreedores y Puerto Rico se manejan de manera justa y con finalidad”.
El pasado 15 de febrero, el Primer Circuito de Apelaciones federales determinó que los miembros de la JSF son funcionarios federales de alto nivel, por lo que la ley Promesa violó la cláusula constitucional de nombramientos por sus siete miembros no haber sido designados por el presidente de Estados Unidos y confirmados por el Senado estadounidense.
El foro de apelaciones dio al presidente Trump y al Senado un plazo de 90 días, que vence el 16 de mayo, para confirmar a los actuales miembros de la JSF o nombrar nuevos integrantes.
La JSF ha indicado que se propone presentar un certiorari ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos para que se revise la decisión del Primer Circuito y pedir al foro de apelaciones una extensión del plazo dado para confirmar a los miembros del organismo.
La directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, quien tuvo reuniones la semana pasada en Washington con diversos grupos en momentos en que el ente fiscal refuerza sus esfuerzos de cabildeo y relaciones públicas, ha indicado que antes de que finalice el mes se proponen presentar los recursos judiciales ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos y el Primer Circuito.
El Senado está en receso legislativo hasta el 29 de abril. Cuando regrese, tendrá solo 16 días para analizar cualquier nombramiento de Trump relacionado a la JSF, si la Casa Blanca decidiera actuar o si la JSF no ha logrado por lo menos aplazar la fecha de vencimiento de la orden del Primer Circuito.
Entre los firmantes de la carta, American for Tax Reform respaldó la ley Promesa. Mientras, el grupo 60 Plus Association – que ha sido vinculada a los hermanos conservadores Koch-, participó de la campaña en contra de que Puerto Rico pudiera reestructurar su deuda pública.
