Las nuevas restricciones en el uso de los fondos CDBG-DR incluyen la imposición de un monitor financiero federal y que la Junta de Supervisión Fiscal, que controla las finanzas públicas la Isla, dé el visto bueno a los proyectos. (Ramón “Tonito” Zayas)

Washington - El más reciente informe del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD) indica que de los $1,507 millones en fondos del programa de desarrollo comunitario para atender desastres (CDBG-DR) que el gobierno de Puerto Rico tiene disponible desde hace un año para mitigar la catástrofe causada por el huracán María, solo había hecho uso, hasta el 31 de enero, de unos $15.23 millones.

En ese informe, HUD indica que el gobierno de Puerto Rico – al que desde enero le impuso nuevos controles y requisitos para el uso de los fondos CDBG-DR-, gasta con lentitud ese dinero.

Cuando a HUD se le ha criticado por el lento desembolso de los fondos CDBG-DR prometidos a la Isla tras el huracán María – que rondan los $20,500 millones-, sus funcionarios hacen alusión al lento uso que le ha dado a ese dinero el Departamento de la Vivienda de Puerto Rico.

Después de despedir a Fernando Gil Enseñat del Departamento de la Vivienda por criticar las nuevas restricciones en el uso de los fondos CDBG-DR, la gobernadora Wanda Vázquez Garced también criticó el lento uso que daba a los fondos de reconstrucción.

Tras declarar el martes ante el Senado de Puerto Rico, que evalúa su designación, el designado secretario de Vivienda, Luis Fernández Trinchet, alegó que se han utilizdo ya $60 millones de los $1,507 millones. Pero, el informe de HUD dice que es solo una cuarta parte de eso, hasta el 31 de enero pasado.

Las nuevas restricciones en el uso de los fondos CDBG-DR incluyen la imposición de un monitor financiero federal y que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), que controla las finanzas públicas la Isla, dé el visto bueno a los proyectos.

También exige que el gobierno de Puerto Rico demuestre que cumple con los objetivos hacia la reforma del registro de propiedades, no utilice por lo menos $16,500 millones para nada relacionado a mejoras a la red eléctrica y eche a un lado la orden ejecutiva que requiere pagar a $15 la hora a los trabajadores de obras de reconstrucción financiadas con fondos federales.

Hace unos días, 11 legisladores federales demócratas, encabezados por la senadora Elizabeth Warren (Massachusetts), solicitó una investigación formal para determinar si el presidente Donald Trump, como ocurrió con el caso de Ucrania que generó el juicio político en su contra, violó la ley que prohíbe la confiscación de asignaciones hechas por el Congreso al frenar fondos de emergencia a Puerto Rico.

Los legisladores pidieron al Inspector General del Departamento de la Vivienda federal (HUD) que examine si en el caso de Puerto Rico, la administración Trump también ha violado la ley estadounidense al retrasar la entrega de los fondos del programa de desarrollo comunitario para atender desastres (CDBG-DR).


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