Hasta hoy, HUD solo ha hecho disponibles $1,507 millones de los cerca de $20,500 millones asignados a la isla después del huracán María. (AP)

Washington - Al imponer nuevos requisitos sobre el uso de $8,285 millones en fondos del programa de desarrollo comunitario para atender desastres (CDBG-DR) para proyectos de mitigación, prometidos hace dos años después del huracán María, la administración de Donald Trump ha reafirmado su desconfianza hacia el gobierno de la isla.

La administración ha esbozado reformas que tienen que ponerse en marcha como parte del acuerdo de subvención de fondos para Puerto Rico, con el propósito de proteger los recursos. El presidente Trump está trabajando para garantizar que el pueblo de Puerto Rico obtenga los fondos que necesita, al tiempo que responsabiliza al gobierno puertorriqueño para garantizar que el dinero se gaste bien”, indicó hoy Chase Jennings, portavoz de la Oficina de Presupuesto y Gerencia de la Casa Blanca.

Previamente, un alto funcionario de HUD afirmó que ahora que la oficina del monitor federal para los fondos CDBG-DR está completa, tras el nombramiento del abogado Robert Couch como responsable, “podemos ir hacia adelante con la confianza de que esos fondos de recuperación van a alcanzar a los que más los necesitan”.

Tras los terremotos recientes y la presión que se hace del Congreso, el gobierno de Trump aceptó esta semana publicar las guías sobre el uso de los $8,285 millones en fondos CDBG-DR destinados para proyectos de mitigación y prometió desembolsar pronto al gobierno de Puerto Rico $1,000 millones de otra partida de $8,221 millones autorizada hace 11 meses.

Pero, al mismo tiempo HUD anunció la designación de Couch como monitor y el gobierno de Trump los nuevos requisitos para el uso de parte de esos fondos.

Hasta hoy, HUD solo ha hecho disponibles $1,507 millones de los cerca de $20,500 millones asignados a la isla después del huracán María.

Hud advierte, sin embargo, que el gobierno de Puerto Rico solo había utilizado $10.8 millones de esos fondos hasta diciembre pasado, y por largos meses tanto el presidente Trump como el secretario de HUD, Ben Carson, han descrito al gobierno de la isla como corrupto o con "un historial de malversación fiscal".

Las nuevas reformas que se le exigen al gobierno de Puerto Rico de cara al uso de esos $8,285 millones, autorizados desde febrero de 2018 y que el gobierno de Trump tras violar por cuatro meses una ley ahora publica, incluyen pedir autorización a la Junta de Supervisión Fiscal(JSF) que ya controla las finanzas públicas antes de presupuestar los gastos.

También se le requiere al gobierno de Puerto Rico cumplir con los objetivos que se ha trazado para tener una base de datos sobre el registro de parcelas y propiedades, y explicarle al gobierno de Trump cómo va a prevenir el fraude, el abuso y la pérdida de dinero. Son muchas las familias que han tenido problemas para reclamar asistencia federal, debido a la falta de documentos sobre la titularidad de sus residencias.

Las exigencias del gobierno de Trump incluyen echar a un lado para el uso de estos $8,285 millones la orden ejecutiva – firmada por el pasado gobernador, Ricardo Rosselló Nevares-, que obliga a pagarle $15 la hora a los trabajadores de proyectos financiados por fondos destinados a la reconstrucción de la isla.

Aunque las restricciones incluyen no hacer uso de los $8,285 millones para rehacer la red eléctrica, un funcionario del gobierno de Trump advirtió hoy que por los requisitos ser sólo para esa partida de fondos, no impide el uso posterior de $1,932 millones en fondos CDBG-DR que el Congreso dispuso se utilicen para transformar el sistema energético de la isla.

Los pasos que tomaban OMB y HUD para desbloquear una parte de los fondos CDBG-DR fueron anunciados a la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, en las pasadas horas. Pero, ni a ella, ni al parecer al gobierno de Puerto Rico, les advirtieron sobre las nuevas restricciones.

El presidente de la JSF, José Carrión, dijo al diario The Washington Post que no solicitó más poderes para la JSF, con respecto a los fondos CDBG-DR.

La congresista demócrata Nydia Velázquez (Nueva York) ha indicado que la mayoría de la Cámara de Representantes combatirá los esfuerzos del gobierno de Trump de poner nuevas trabas en el acceso de estos fondos. En una manifestación el jueves, dijo que el caucus demócrata, en su reunión de esta semana, discutió la posibilidad de presentar una demanda en contra de HUD por el freno en la asistencia federal.

La misma ley del Congreso que asignó en febrero de 2018 estos fondos, sin embargo, impide desembolsar los $8,285 millones para proyectos de mitigación hasta que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y el gobierno de Puerto Rico lleguen a un acuerdo final sobre el estimado de costos de las obras permanentes de reconstrucción que financiará FEMA bajo la sección 428 de la ley Stafford.

Ese acuerdo debió estar listo el 11 de octubre pasado. Pero, en este momento no tiene una fecha cierta.

El mismo requisito del Congreso al desembolso de esos fondos fue impuesto en junio pasado a otra asignación de $304 millones que está prevista para ayudar al gobierno de Puerto Rico a parear los proyectos CDBG-DR.

Grupos de la diáspora y demócratas del Congreso – que participaron el miércoles en protestas en contra de HUD-, han acentuado que al frenar el acceso a los fondos CDBG-DR, claves para la reconstrucción de la isla, se ha evitado que Puerto Rico estuviera mejor preparado para atender la emergencia de los recientes terremotos.

“Al retener ilegalmente estos fondos críticos, la administración ha dañado gravemente a innumerables sobrevivientes de desastres e impedido que Puerto Rico se reconstruya y se prepare para futuros desastres, como los terremotos que la isla está experimentando ahora”, coincidió la speaker Nancy Pelosi.

La organización internacional antipobreza OxFam sostuvo que la lenta e ineficiente respuesta federal al huracán María ha dejado a muchos puertorriqueños solos en el proceso de reconstrucción.

A su vez, reafirmó su exhortación al Congreso y al Ejecutivo estadounidense para que se cree un grupo de trabajo especial que incluya a representantes de las comunidades y puedan participar activamente de las decisiones en torno al proceso de recuperación.

“Oxfam sigue preocupado porque los puertorriqueños están siendo marginados en el proceso de recuperación en curso. El monitor financiero de HUD recientemente nombrado es otra respuesta centralizada que realmente no garantizará el uso transparente o eficiente de los fondos federales”, agregó OxFam.


💬Ver 0 comentarios