Donald Trump (AP)

Washington - En una decisión que salpica el debate sobre Puerto Rico, la Oficina de Contraloría General (GAO) determinó hoy que la Casa Blanca violó la ley al frenar la asistencia militar a Ucrania, que es eje del proceso de destitución en contra del presidente Donald Trump.

“La ejecución fiel de la ley no permite que el presidente sustituya sus propias prioridades políticas por las que el Congreso ha promulgado. OMB (la Oficina de Presupuesto y Gerencia) retuvo fondos por una razón política, que no está permitida por la Ley de Control de Confiscaciones (ICA). La retención fue no es un retraso programático. Por lo tanto, concluimos que OMB violó la ley ICA", indicó la GAO.

En busca de forzar un anuncio del gobierno de Ucrania en torno a investigaciones que dañaran la imagen del exvicepresidente Joseph Biden, el presidente Trump condicionó y retrasó la entrega de $391 millones en asistencia militar a ese país de Europa del Este, según determinó la mayoría de la Cámara de Representantes, que refirió al Senado un juicio político en contra del inquilino de la Casa Blanca.

Trump y sus ayudantes, sin embargo, dicen que la ayuda fue frenada por la preocupación del gobierno de EE.UU. sobre los problemas de corrupción en Ucrania, una excusa que han utilizado también para retrasar la entrega de la asistencia financiera prometida a la isla tras la catástrofe causada por el huracán María.

El propio jefe de gabinete interino de la Casa Blanca y director en propiedad de OMB, Mick Mulvaney, puso como ejemplo el freno en la ayuda a la isla durante una sesión informativa en octubre pasado en la Casa Blanca en la que defendió el retraso en la asistencia militar a Ucrania.

La congresista Nydia Velázquez (Nueva York) ha indicado que el caucus de la mayoría de la Cámara baja federal considera demandar al gobierno de Trump por el lento desembolso de cerca de $20,500 millones en fondos del programa de desarrollo comunitario para atender desastres (CDBG-DR) que fueron prometidos a la Isla después del huracán María.

La GAO, mientras, ha iniciado una investigación preliminar para determinar si ha ocurrido una “confiscación de fondos” en el freno de fondos del programa de desarrollo comunitario para atender desastres (CDBG-DR) prometidos a Puerto Rico después del huracán María, según el abogado Juan Carlos Albors, precandidato del Partido Popular Democrático (PPD) a comisionado residente en Washington.

Un portavoz de la GAO indicó que no pueden hacer comentarios sobre el análisis que hacen en torno a la isla.

Para el director de Política Pública del Centro para una Nueva Economía (CNE), Sergio Marxuach, el informe de la GAO sobre Ucrania apunta principalmente a que las nuevas restricciones que quiere imponer el gobierno de Trump hacia el uso de $8,285 millones en fondos del programa de desarrollo comunitario para atender desastres (CDBG-DR), pueden representar una violación de ley.

“Están cometiendo las mismas fallas que el Congreso le señala (a Trump) en el proceso de destitución. Están sustituyendo la visión de política pública del Congreso, que no impuso ninguna de esas restricciones”, sostuvo Marxuach.

Para el abogado y economista, el gobierno de Puerto Rico debe tener legitimación activa para demandar a la administración Trump en la imposición de nuevos controles en torno al uso de fondos de emergencia.

Albors ha pedido desde octubre la intervención de la GAO, anteel retraso en la publicación de las guías sobre el uso de cerca de $10,000 millones en fondos CDBG-DR separados por el Congreso para proyectos de mitigación en la isla.

Para el director de Política Pública del Centro para una Nueva Economía (CNE), Sergio Marxuach, el informe de la GAO sobre Ucrania apunta principalmente a que las nuevas restricciones que quiere imponer el gobierno de Trump hacia el uso de $8,285 millones en fondos del programa de desarrollo comunitario para atender desastres (CDBG-DR), pueden representar una violación de ley.

“Están cometiendo las mismas fallas que el Congreso le señala (a Trump) en el proceso de destitución. Están sustituyendo la visión de política pública del Congreso, que no impuso ninguna de esas restricciones”, sostuvo Marxuach.

Para el abogado y economista, el gobierno de Puerto Rico debe tener legitimación activa para demandar a la administración Trump en la imposición de nuevos controles en torno al uso de fondos de emergencia.

El abogado Albors, por su parte, ha pedido desde octubre la intervención de la GAO, ante el retraso en la publicación de las guías sobre el uso de cerca de $10,000 millones en fondos CDBG-DR separados por el Congreso para proyectos de mitigación en la Isla.

Con nuevas restricciones y tras la designación de un monitor federal para esos fondos, el Departamento de la Vivienda federal (HUD) publica ahora las guías sobre el uso de $8,285 millones en fondos de mitigación que el Congreso le ordenó dar a conocer a más tardar el 4 de septiembre.

Albors señaló que conversó el lunes con Omari Norman, consejero legal adjunto para leyes de asignaciones en la GAO, le indicó que “se había iniciado una investigación preliminar en la GAO y que pronto se comunicarían con el secretario (de HUD), Ben Carson, para indagar sobre dicha confiscación".

El precandidato Albors ha exhortado a la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, a unirse a su pedido a la GAO para que se investigue el freno en los fondos del programa CDBG-DR.


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