Washington - Un grupo bipartidista de senadores y congresistas presionó hoy a favor de legislación que garantizaría a Puerto Rico y los demás gobiernos estatales por lo menos $2,000 millones para ayudarle a paliar la crisis fiscal que agrava el coronavirus.
El senador demócrata Robert Menéndez (Nueva Jersey) revivió los esfuerzos a favor de esa medida después de que la mayoría republicana del Senado frenó un proyecto demócrata aprobado el viernes en la Cámara de Representantes que tendría un impacto en Puerto Rico de por lo menos $20,000 millones.
“En medio de una emergencia nacional, el gobierno federal no puede cruzarse de brazos y ver a nuestras comunidades caer en la bancarrota. Este no es un problema de estados demócratas o republicanos. Es un problema de todos y por eso requiere una respuesta nacional”, indicó el senador Menéndez.
La legislación de Menéndez, presentada originalmente en abril junto al republicano Bill Cassidy (Luisiana), crearía un fondo de $500,000 millones en fondos de emergencias para estados, condados y comunidades de Estados Unidos y sus territorios.
Los congresistas Mikie Sherrill, demócrata por Nueva Jersey, y Peter King, republicano por Nueva York, presentaron la misma legislación hoy en la Cámara baja. Junto a ellos son coautores los demócratas Josh Gottheimer (Nueva Jersey), Tom O’Halleran (Arizona), Ted Lieu (California), Debbie Dingell (Michigan), y los republicanos Tom Reed (Nueva York), Fred Upton (Michigan), Brian Fitzpatrick (Pensilvania) y Elise Stefanik (Nueva York).
Menéndez y Cassidy indicaron que los 50 estados, Puerto Rico y Washington D.C. tendrían garantizados por lo menos $2,000 millones.
“Este fondo evitará que los bomberos y los maestros sean víctimas del COVID-19 y mantiene nuestras comunidades vivas”, afirmó el senador Cassidy.
La ley Cares asignó en marzo $150,000 millones a los gobiernos estatales, territoriales y locales. El gobierno de Puerto Rico obtuvo $2,241 millones de ese fondo.
La medida demócrata que fue aprobada el viernes en la Cámara baja propone asignar $915,000 millones a los gobiernos estatales y locales. De esos, por lo menos $10,650 millones pudieran ser asignados al gobierno central de la Isla.
