La senadora y precandidata presidencial demócrata Elizabeth Warren indicó que la medida ofrece a los territorios
La senadora y precandidata presidencial demócrata Elizabeth Warren indicó que la medida ofrece a los territorios "una ruta hacia el alivio integral de la deuda". (AP)

Washington - La senadora Elizabeth Warren (Massachusetts) y la congresista Nydia Velázquez (Nueva York) renovaron hoy, jueves, sus esfuerzos a favor de que el gobierno federal cancele gran parte de la deuda pública de Puerto Rico, que ronda los $74,000 millones.

Warren, precandidata presidencial demócrata y ex profesora de quiebras en la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard, y Velázquez, puertorriqueña que preside el Comité de Pequeñas Empresas, revivieron en el Senado y la Cámara de Representantes, respectivamente, un proyecto de ley que impulsaron en 2018.

En el Senado, el principal coautor de la legislación es el también precandidato presidencial Bernie Sanders (Vermont).

Para Puerto Rico, o algún otro territorio estadounidense, poder cancelar parte de la deuda, deberá cumplir con dos de tres requisitos que establece la legislación: que haya sufrido la pérdida del 5% de su población durante una década; requerido una significativa asistencia federal para mitigar un desastre natural; y que su deuda pública pér capita supere los $15,000. En el caso de Puerto Rico, esos tres requisitos aplican.

La senadora Warren y la congresista Velázquez afirmaron que la medida “brinda protección a los acreedores con deuda garantizada” y “crea un proceso judicial para impugnar el alcance”.  En gran medida, permite borrar la deuda que no tiene una fuente de repago específico. 

“Nuestro proyecto de ley le da a Puerto Rico y otros territorios en dificultades una ruta hacia el alivio integral de la deuda y la oportunidad de recuperarse con dignidad. Es hora de que el Congreso apruebe este proyecto de ley”, indicó la senadora Warren.

La puertorriqueña Velázquez afirmó que la legislación “proporciona un camino a seguir, liberando a la isla de estrangulamiento de Wall Street y asegurando que las necesidades de la gente de Puerto Rico sean lo primero”.

El proyecto también crea una comisión, integrada por expertos de Puerto Rico, para realizar una auditoría integral sobre las causas y fuetes de la deuda pública de la isla y rendir informes periódicos.

A base de la ley Promesa, cuyo funcionamiento es analizado hoy en una audiencia pública del Comité de Recursos Naturales de la Cámara baja federal, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que controla las decisiones financieras del gobierno de Puerto Rico tiene en marcha un proceso dirigido a reestructurar cerca de dos terceras partes de la deuda pública de Puerto Rico.

La medida otorga a los acreedores seis meses para impugnar la legislación de ser convertida en ley.

El proyecto permite que el juez presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico nombre un administrador judicial para distribuir $15,000 millones entre acreedores residentes de la isla y en Estados Unidos.

Unos $7,500 millones serían para residentes, uniones, empresas bancos, y cooperativas que hacen negocios solo en Puerto Rico. Los otros $7,500 millones se distribuirían entre acreedores en Estados Unidos. La legislación excluye de ese pago a los fondos de cobertura y sus inversionistas, aseguradoras de bonos, y muchas empresas financieras con activos consolidados de más de $2,000 millones.

La senadora Warren y la congresista Velázquez indicaron que urge la aprobación de su legislación, pues “el intento anterior del Congreso de abordar la crisis de la deuda puertorriqueña – por medio de la ley Promesa- se promulgó antes de los huracanes y por lo tanto no fue diseñado para dar cuenta de la reciente devastación” que sufrió Puerto Rico.

La medida presentada en 2018 nunca avanzó en la pasada sesión. Ahora, aunque el Senado sigue bajo el control de los republicanos, los demócratas dominan la Cámara baja.

En el Senado, la medida tiene la coautoría de los senadores Kamala Harris (California), Kirsten Gillibrand (Nueva York), y Edward Markey (Massachusetts).

La Federación de Empleados Estatales, Condados y Municipales (AFCSME), la Federación Hispana, Latino Justice, HedgeClippers y la Federación de Maestros de EE.UU., entre otros, respaldaron la legislación.

El constitucionalista Laurence Tribe, como en 2018, volvió a apoyar la legislación. “En mi opinión es constitucionalmente certero”, sostuvo Tribe, profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard.


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