El gobierno de Estados Unidos emplea a un considerable personal de 150 venezolanos y gasta más de $6.7 millones anuales en el mantenimiento de la embajada, actualmente cerrada, y otras propiedades diplomáticas en Caracas, a pesar de haber roto relaciones con el gobierno del presidente Nicolás Maduro en 2019, según un nuevo informe de un organismo de vigilancia.

En el informe, publicado el viernes por la Oficina del Inspector General del Departamento de Estado, se critica a los funcionarios estadounidenses por no realizar un análisis de costo-beneficio requerido para determinar si los contribuyentes deberían seguir pagando por la seguridad, operaciones y mantenimiento del complejo de la embajada, que comprende 27 acres y cinco residencias que ya no albergan a diplomáticos estadounidenses.

El gobierno del presidente Donald Trump ha enfatizado los esfuerzos de reducción de costos en todo el gobierno y ha reformulado la política exterior de Estados Unidos, lo que incluye el lanzamiento de un ataque militar a un barco frente a la costa venezolana, que transformó las incautaciones de drogas en el mar y aumentó las tensiones con el gobierno sudamericano.

En su primer mandato, Trump rompió lazos con Maduro y reconoció a un opositor como líder legítimo de Venezuela, en un intento fallido de expulsar del poder al gobernante socialista. Como parte de la ruptura de relaciones, el Departamento de Estado suspendió en marzo de 2019 las operaciones en su embajada en Caracas y evacuó a todos los diplomáticos, temiendo una toma del complejo, situado sobre una colina.

Siempre se supo que un contingente de venezolanos empleados por el Departamento de Estado se quedó para promover los intereses de Estados Unidos, y aunque son externamente hostiles, las relaciones entre ambos gobiernos nunca cesaron por completo. No se ha divulgado el tamaño de esa misión ni un recuento de su trabajo tras bambalinas.

Aunque se centra en el cumplimiento de las políticas de Estados Unidos, el informe del inspector general proporciona una rara visión de ese sensible trabajo, gran parte del cual es arriesgado, dados los antecedentes del gobierno de Maduro de encarcelar a estadounidenses, opositores y, a veces, a venezolanos comunes acusados de conspirar con los “imperialistas” estadounidenses.

Las relaciones se han deteriorado aún más debido a la presencia de buques de guerra estadounidenses en el Caribe y a un ataque a un barco que, según el gobierno de Trump, era pilotado por miembros de pandillas de narcotraficantes.

“No es una mala idea tener operaciones mínimas básicas en la embajada”, dijo Geoff Ramsey, analista de alto nivel sobre Venezuela en el Atlantic Council de Washington. “Si alguna vez se restauran las relaciones, es importante que tengamos un equipo en el terreno listo para impulsar la relación. Pero si gastamos millones de dólares solo para mantener algunos edificios vacíos sin un final a la vista, creo que es justo cuestionar el costo”.

Hasta el momento, el Departamento de Estado no ha respondido a una solicitud de comentarios.

El informe de 28 páginas se basó en una inspección, realizada este año, de la llamada Unidad de Asuntos de Venezuela, que se gestiona desde una estrecha sala que se utilizaba como lugar de entrenamiento y se conoce como “el submarino”, en la embajada estadounidense en la vecina Colombia.

Inicialmente, la oficina contaba con diez diplomáticos estadounidenses como una forma provisional de gestionar las relaciones con el gobierno de Maduro, con la esperanza de allanar el camino para su rápida sustitución por un gobierno alineado con Estados Unidos.

Desde entonces, el número de empleados que trabajan en la misión remota aumentó a 21, dijo el organismo de vigilancia, y añadió que no pudo encontrar pruebas de que el Departamento de Estado realizara una revisión para justificar el aumento de personal.

Hasta enero, la unidad estuvo dirigida por el diplomático de carrera Francisco Palmieri, quien también fungió como el principal diplomático estadounidense en Colombia, en un momento en que Estados Unidos carecía de un embajador en cualquiera de los dos países.

El doble papel de encabezar en Colombia una de las embajadas más grandes de Estados Unidos en el extranjero mientras dirigía una misión remota altamente inusual, afectó negativamente a la Unidad de Asuntos de Venezuela, según el informe. En él se menciona la dificultad que enfrentó Palmieri al revisar todos los cables diplomáticos sensibles y participar en reuniones de apoyo a conversaciones secretas con funcionarios de Maduro.

Gran parte del trabajo de la unidad parece estar respaldado por 150 empleados locales en Venezuela. Aparentemente, al menos algunos de ellos trabajan desde el propio complejo de la embajada, según el informe, en el que se encontraron casos de renovaciones no autorizadas en dos edificios de la embajada.

Después de retirar la bandera de Estados Unidos de la embajada, Washington llegó a un acuerdo con Suiza para que fuera el “poder protector” del complejo diplomático. El presupuesto anual total para apoyar las operaciones en Caracas, incluyendo el pago al personal local, asciende a $10.5 millones.

En la inspección, que concluyó en marzo, se elogiaron varias iniciativas de la Unidad de Asuntos de Venezuela, como el establecimiento de un canal de WhatsApp que promovía contenido que llegaba a 144,000 personas mensualmente.

Sin embargo, el organismo de vigilancia también emitió siete recomendaciones para reforzar el cumplimiento de las políticas del Departamento de Estado en temas que van desde la gestión de residencias diplomáticas y niveles de personal hasta el uso adecuado de una flota de vehículos y software basado en la nube por parte del personal en Caracas.

Las reglas exigen que las embajadas de Estados Unidos identifiquen cada año cualquier propiedad excedente que no esté siendo completamente utilizada o cuyo mantenimiento ya no tenga sentido económico. En Venezuela, Estados Unidos posee cinco propiedades, incluida la residencia del embajador, la casa del jefe adjunto de misión y tres apartamentos.