Una demanda federal presentada el miércoles acusa al gobierno del presidente estadounidense Donald Trump de apuntar sistemáticamente a personas de piel morena en el sur de California durante un esfuerzo de inmigración en curso que ha puesto a la región “bajo asedio”.

La demanda presentada por grupos de defensa de inmigrantes de Los Ángeles en el tribunal federal de distrito busca una orden de restricción temporal para impedir que el gobierno utilice lo que llaman tácticas “inconstitucionales” que, según dicen, incluyen detener a alguien basado en su raza, arrestos sin una orden judicial y negar a las personas acceso a abogados.

La demanda alega que agentes federales han arrestado de manera violenta e indiscriminada a personas sin causa probable mientras llevan a cabo “redadas de inmigración que inundan esquinas de calles, paradas de autobús, estacionamientos, sitios agrícolas, esquinas de trabajadores jornaleros”.

Se enfoca en tres inmigrantes detenidos, varios grupos de derechos de inmigrantes y dos ciudadanos estadounidenses, uno de los cuales fue retenido a pesar de mostrar su identificación a los agentes.

Un video tomado por un amigo el 13 de junio muestra al residente de Los Ángeles Brian Gavidia siendo empujado contra una cerca por agentes federales mientras grita: “Nací aquí en Estados Unidos, ¡en el este de Los Ángeles, hermano!”.

“Matones armados y enmascarados en autos sin identificación han descendido en nuestra comunidad y han detenido y reunido a personas de todos los ámbitos de la vida , a menudo a punta de pistola y sin ninguna justificación”, señaló Mohammad Tajsar, abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) del sur de California.

Además, la querella afirma que las personas detenidas son retenidos en sitios “parecidos a mazmorras”, sin acceso a abogados, presionándolas para que firmen papeles de salida voluntaria sin informarles de sus derechos.

Familias de detenidos han transmitido informes de condiciones horribles dentro de una instalación de detención en el centro de Los Ángeles, incluyendo internos que tienen tanta sed que han estado bebiendo de los inodoros, personas durmiendo en el suelo y comidas consistentes solo en bolsas de papas fritas y galletas.

Esto ocurre días después de que el gobierno de Trump demandó a Los Ángeles para anular lo que llamó una ley de ciudad santuario “ilegal”.

Tricia McLaughlin, subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional, dijo en un correo electrónico que “cualquier afirmación de que individuos han sido ‘objetivo’ de las fuerzas del orden público debido a su color de piel es repugnante y categóricamente falsa”.

McLaughlin expresó que “las operaciones de cumplimiento son altamente específicas, y los agentes hacen su debida diligencia” antes de realizar arrestos.

“Todos los detenidos reciben comida y tratamiento médico adecuado y tienen oportunidades de comunicarse con abogados y sus familiares”, manifestó.

Los abogados señalaron que esperan argumentar el asunto frente a un juez en los próximos días y obtener una orden de restricción que se aplicaría a siete condados en el sur de California.

Emmanuel Karim, gerente de un lavado de autos en el sur del condado de Los Ángeles, dijo en una conferencia de prensa anunciando la demanda que pensó que estaban siendo robados cuando agentes federales enmascarados en vehículos sin identificación rodearon su negocio el 22 de junio.

“Tenemos estos letreros que dicen: ‘Esta es un área privada, sólo empleados’, especialmente en el túnel, porque hay maquinaria peligrosa allí”, dijo Karim. “Comenzaron a correr por el túnel, y mis empleados se asustaron”.

En ningún momento se identificaron ni respondieron a Karim cuando preguntó qué estaban haciendo, comentó. Detuvieron a dos de sus trabajadores, añadió.

Decenas de miles de personas participaron en recientes manifestaciones por las redadas de inmigración y el posterior despliegue de los soldados de la Guardia Nacional y los marines. Los fiscales de Los Ángeles han acusado a más de 40 personas en relación con violencia y vandalismo relacionados con las protestas. Entre las últimas personas acusadas se encuentran un hombre y una mujer acusados de agredir a caballos de la policía y un joven de 17 años que enfrenta cargos por delitos graves, incluidos intento de asesinato y asalto contra un agente.

Al menos 14 personas enfrentan cargos federales separados por acusaciones de agredir a oficiales de policía con bloques de cemento y bombas molotov, y asociación delictuosa para impedir arrestos.