Santa Ana, California - Un juez federal desestimó el jueves una demanda del Departamento de Justicia federal contra California que buscaba registros detallados de votación y datos personales de sus 23 millones de votantes registrados, concluyendo que la solicitud del gobierno era “sin precedentes e ilegal”.

La demanda de la administración Trump, presentada el año pasado, sostenía que California y otros estados estaban bloqueando ilegalmente el amplio esfuerzo del gobierno federal para escudriñar datos detallados de los votantes que los estados decían que eran privados y estaban protegidos.

La administración “no puede usurpar unilateralmente la autoridad sobre las elecciones”, dijo el juez de distrito David O. Carter en Santa Ana en su decisión de 33 páginas.

Además, el intento de recopilar y centralizar la información personal tendría un efecto amedrentador sobre el registro de votantes y amenazaría “el derecho al voto, que es la piedra angular de la democracia estadounidense”, dictaminó el juez.

“No puede haber una consolidación desenfrenada de todo el poder electoral en el (poder) ejecutivo sin la acción del Congreso”, dijo Carter. “Esto es antitético a la promesa de elecciones justas y libres”.

El Departamento de Justicia no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios enviada por correo electrónico.

Ha acusado a los estados de no responder suficientemente a las preguntas sobre los procedimientos que adoptan para mantener las listas de votantes. El Departamento ha demandado a 23 estados, la mayoría de ellos controlados por demócratas, y al Distrito de Columbia para obtener datos detallados de los votantes que incluyen nombres, fechas de nacimiento, direcciones residenciales, números de carné de conducir y números parciales de la Seguridad Social.

Los funcionarios electorales estatales han cuestionado lo que el DOJ planea hacer con esa información. El otoño pasado, 10 secretarios de Estado demócratas escribieron a la fiscal general Pam Bondi y a la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem para expresar su preocupación por los informes de que el DOJ estaba compartiendo datos de votantes estatales con el Departamento de Seguridad Nacional.

Los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, que forman parte del DHS, gestionan un programa que comprueba el estatus de ciudadanía.