Washington— El presidente republicano Mike Johnson predijo el lunes que el cierre del gobierno federal puede convertirse en el más largo de la historia, diciendo que él “no negociará” con los demócratas hasta que hagan una pausa en sus demandas de atención médica y reabran.

De pie solo en el Capitolio en el día 13 del cierre, el presidente dijo que no estaba al tanto de los detalles de los miles de trabajadores federales que están siendo despedidos por la administración de Donald Trump. Es un despido masivo muy inusual ampliamente visto como una forma de aprovechar el cierre para reducir el alcance del gobierno. El vicepresidente JD Vance ha advertido de recortes “painful” por delante, incluso cuando los sindicatos de empleados demandan.

“Nos estamos dirigiendo hacia uno de los cierres más largos en la historia de Estados Unidos”, dijo Johnson, de Louisiana.

Sin un final a la vista, se espera que el cierre continúe en el futuro previsible. El cierre ha detenido las operaciones rutinarias del gobierno, ha cerrado los museos Smithsonian y otras instituciones culturales emblemáticas y ha dejado a los aeropuertos luchando con interrupciones de vuelos, todo lo cual inyecta más incertidumbre en una economía ya precaria.

La Cámara está fuera de la sesión legislativa, con Johnson negándose a recordar a los legisladores de vuelta a Washington, mientras que el Senado, cerrado el lunes por el feriado federal, volverá a trabajar el martes. Pero los senadores están atrapados en un callejón sin salida de votos fallidos mientras los demócratas se niegan a ceder en sus demandas de atención médica.

Johnson agradeció al presidente Donald Trump por asegurar que el personal militar sea pagado esta semana, lo que eliminó un punto de presión principal que puede haber empujado a las partes a la mesa de negociaciones.

En esencia, el cierre es un debate sobre la política de atención médica, y particularmente los subsidios de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio que están expirando para millones de estadounidenses que dependen de la ayuda del gobierno para comprar sus propias pólizas de seguro de salud en los intercambios de Obamacare. Los demócratas exigen que los subsidios se extiendan, los republicanos argumentan que el tema se puede tratar más adelante.

Con el Congreso y la Casa Blanca estancados, algunos están mirando el final del mes como la próxima fecha límite potencial para reabrir el gobierno.

Ahí es cuando comienza la inscripción abierta, el 1 de noviembre, para el programa de salud en cuestión, y los estadounidenses se enfrentarán a la perspectiva de primas de seguro por las nubes. La Kaiser Family Foundation ha estimado que los costos mensuales se duplicarían si el Congreso no renueva los pagos de subsidios que expiran el 31 de diciembre.

También es cuando los trabajadores del gobierno en los horarios de pago mensuales, incluyendo miles de ayudantes de la Cámara, se quedarán sin cheques de pago.

El debate sobre la atención médica ha perseguido al Congreso desde que la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio se convirtió en ley bajo el entonces presidente Barack Obama en 2010.

El país pasó por un cierre del gobierno de 16 días durante la presidencia de Obama cuando los republicanos trataron de derogar la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio 2013.

Donald Trump trató de “repeal y reemplazar” la ley, comúnmente conocida como Obamacare, durante su primer mandato, en 2017, con una mayoría republicana en la Cámara y el Senado. Ese esfuerzo fracasó cuando el entonces senador John McCain votó memorablemente con el pulgar hacia abajo en el plan.

Con 24 millones ahora inscritos en Obamacare, un récord, Johnson dijo el lunes que es poco probable que los republicanos vuelvan a tomar ese camino, señalando que todavía tiene “PTSD” de ese momento fallido.

“¿Podemos derogar y reemplazar completamente Obamacare? Muchos de nosotros somos escépticos acerca de eso ahora porque las raíces son tan profundas”, dijo Johnson.

El presidente republicano insiste en que su partido ha estado dispuesto a discutir el tema de la atención médica con los demócratas este otoño, antes de que los subsidios expiren a finales de año. Pero primero, dijo, los demócratas tienen que aceptar reabrir el gobierno.

El cierre más largo, durante el primer mandato de Donald Trump por sus demandas de fondos para construir el muro fronterizo entre Estados Unidos y México, terminó en 2019 después de 35 días.

Mientras tanto, la administración de Donald Trump está ejerciendo una amplia libertad tanto para despedir a los trabajadores — atrayendo quejas de sus compañeros republicanos y demandas de los sindicatos de empleados — como para determinar quién se paga.

Eso significa que no sólo las tropas militares, sino también otras prioridades de la administración de Donald Trump no necesariamente tienen que quedarse sin paga, gracias a las diversas otras fuentes de financiación, así como a los miles de millones puestos a disposición en lo que comúnmente se llama la Ley del Gran Proyecto de Ley Hermoso de Donald Trump que ahora es ley.

El Pentágono dijo durante el fin de semana que fue capaz de aprovechar $8,000 millones en fondos no utilizados de investigación y desarrollo para pagar al personal militar. Habían arriesgado cheques de pago perdidos el miércoles. Pero el Departamento de Educación es uno de los más afectados, interrumpiendo la educación especial, los programas extraescolares y otros.

“La Administración también podría decidir utilizar la financiación obligatoria prevista en la ley de conciliación de 2025 u otras fuentes de financiación obligatoria para continuar las actividades financiadas por esas asignaciones directas en varios organismos”, según la Oficina de Presupuesto del Congreso no partidista.

La CBO había citado al Departamento de Defensa, al Departamento del Tesoro, al Departamento de Seguridad Nacional y a la Oficina de Administración y Presupuesto como algunos de los que recibieron fondos específicos en virtud de la ley.

“Algunos de los fondos en la asignación directa del DoD en virtud de la ley de conciliación de 2025 podrían utilizarse para pagar al personal en servicio activo durante un cierre, reduciendo así el número de trabajadores exceptuados que recibirían una compensación retrasada”, escribió la CBO en una carta respondiendo a las preguntas planteadas por la senadora Joni Ernst, republicana por Iowa.