Boston - Un juicio federal sin jurado comienza el lunes sobre una demanda que impugna una campaña del gobierno de Donald Trump de arrestar y deportar a profesores y estudiantes que participaron en manifestaciones propalestinas y otras actividades políticas.

La demanda, presentada por varias asociaciones universitarias contra el presidente y miembros de su administración, sería una de las primeras en ir a juicio. Los demandantes quieren que el juez de distrito de Estados Unidos, William Young, dictamine que la política viola la Primera Enmienda y la Ley de Procedimiento Administrativo, una ley que rige el proceso mediante el cual las agencias federales desarrollan y emiten regulaciones.

“Los efectos de la política han sido rápidos. Estudiantes y profesores no ciudadanos en todo Estados Unidos han sido aterrorizados hasta el silencio”, escribieron los demandantes en su escrito previo al juicio.

“Los estudiantes y profesores están evitando las protestas políticas, purgando sus redes sociales y retirándose del compromiso público con grupos asociados con puntos de vista propalestinos”, escribieron. “Se abstienen de ciertos escritos públicos y becas que de otro modo habrían buscado. Incluso se autocensuran en el aula”.

Se espera que varios académicos testifiquen cómo la política y los arrestos posteriores los han impulsado a abandonar su activismo por los derechos humanos palestinos y a criticar las políticas del gobierno israelí.

Desde que Trump asumió el cargo, el gobierno de Estados Unidos ha utilizado sus poderes de control de inmigración para reprimir a estudiantes y académicos internacionales en varias universidades estadounidenses.

Trump y otros funcionarios han acusado a los manifestantes y a otros de ser “pro-Hamas”, refiriéndose al grupo militante palestino que atacó a Israel el 7 de octubre de 2023. Muchos manifestantes han dicho que estaban denunciando las acciones de Israel en la guerra.

Los demandantes señalan a varios activistas por su nombre, incluido el activista palestino y graduado de la Universidad de Columbia Mahmoud Khalil, quien fue liberado el mes pasado después de pasar 104 días en detención federal de inmigración. Khalil se ha convertido en un símbolo de la represión de Trump contra las protestas en los campus.

La demanda también hace referencia a la estudiante de la Universidad de Tufts, Rumeysa Ozturk, quien fue liberada en mayo de un centro de detención de inmigración de Luisiana. Pasó seis semanas detenida después de ser arrestada caminando por la calle de un suburbio de Boston. Ella afirma que fue detenida ilegalmente luego de un artículo de opinión que coescribió el año pasado que criticaba la respuesta de la escuela a la guerra de Israel en Gaza.

Los demandantes también acusan a la administración Trump de suministrar nombres a las universidades a las que querían atacar, lanzar un programa de vigilancia en las redes sociales y utilizar las propias palabras del presidente en las que dijo después del arresto de Khalil que el suyo era el “primer arresto de muchos por venir”.

El gobierno argumentó en documentos judiciales que los demandantes están presentando un desafío de la Primera Enmienda a una política “de su propia creación”.

“No intentan ubicar este programa en ningún estatuto, regulación, regla o directiva. No alegan que esté escrito en ninguna parte. Y ni siquiera intentan identificar sus términos y sustancia específicos”, argumenta el gobierno. “Todo eso no es sorprendente, porque tal política no existe”.

Argumentan que el caso de los demandantes también se basa en una “mala interpretación de la Primera Enmienda”, que, según el precedente vinculante de la Corte Suprema, se aplica de manera diferente en el contexto de la inmigración que en el ámbito nacional.

Pero los demandantes responden que las pruebas en el juicio mostrarán que la administración de Trump ha implementado la política de diversas maneras, incluida la emisión de orientación formal sobre la revocación de visas y tarjetas verdes y el establecimiento de un proceso para identificar a los involucrados en protestas propalestinas.

“Los demandados han descrito su política, la han defendido y se han atribuido el mérito político por ella”, escribieron los demandantes.

“Es solo ahora que la política ha sido impugnada que dicen, increíblemente, que la política en realidad no existe. Pero las pruebas en el juicio mostrarán que la existencia de la política está fuera de toda duda”.