Washington - El Senado votará el martes por la noche para confirmar al ex abogado de Donald Trump, Emil Bove, para un nombramiento vitalicio como juez de la corte federal de apelaciones a pesar de la enérgica oposición demócrata y una nueva denuncia de un denunciante en su contra.

El denunciante proporcionó al Congreso una grabación de audio de Bove que contradice parte de su testimonio en su audiencia de confirmación el mes pasado, según dos personas familiarizadas con la grabación. El audio es de una videoconferencia privada en el Departamento de Justicia en febrero en la que Bove, un alto funcionario del departamento, discutió su manejo del caso de corrupción desestimado contra el alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, según citas transcritas del audio revisadas por The Associated Press.

Las personas hablaron bajo condición de anonimato porque el denunciante no ha hecho pública la grabación. Las afirmaciones del denunciante fueron reportadas por primera vez por el Washington Post.

La nueva evidencia surge mientras los demócratas intentan retrasar la confirmación de Bove y convencer a más republicanos de que voten en su contra. Un denunciante diferente, un abogado del departamento despedido, dijo a principios de este mes que Bove había sugerido que la administración de Trump podría necesitar ignorar los mandatos judiciales, una afirmación que Bove niega.

Ninguna de esas pruebas ha sido suficiente hasta ahora para influir en los senadores republicanos; todos menos dos de ellos votaron la semana pasada para seguir adelante con su nominación, ya que los senadores republicanos se remiten a Trump en prácticamente todas sus elecciones.

Bove, un ex fiscal federal en el Distrito Sur de Nueva York, formó parte del equipo legal de Trump durante su juicio por dinero secreto en Nueva York y defendió a Trump en los dos casos penales federales presentados por el Departamento de Justicia. Si el Senado lo confirma, prestará servicio en el Tribunal de Apelaciones del 3er Circuito de Estados Unidos, que conoce casos de Delaware, Nueva Jersey y Pensilvania.

Bove estuvo al frente de la decisión del departamento de desestimar el caso contra Adams y también de los esfuerzos para investigar a los funcionarios del departamento que participaron en el enjuiciamiento de cientos de partidarios de Trump que participaron en el ataque del 6 de enero de 2021 contra el Capitolio. Bove ha acusado a funcionarios del FBI de “insubordinación” por negarse a entregar los nombres de los agentes que investigaron el ataque y ordenó el despido de un grupo de fiscales involucrados en esos casos penales del 6 de enero.

En su audiencia de confirmación a principios de este mes, Bove abordó de frente las críticas a su mandato y les dijo a los legisladores que entiende que algunas de sus decisiones “han generado controversia”. Pero Bove dijo que ha sido retratado inexactamente como el “sicario” y el “enforcer” de **Donald Trump** en el departamento.

Los senadores en la audiencia del Comité Judicial le preguntaron a Bove sobre la llamada del 14 de febrero con abogados en la Sección de Integridad Pública del Departamento de Justicia, que había recibido una atención pública significativa debido a su inusual directiva de que los abogados tenían una hora para decidir entre ellos quién estaría de acuerdo en presentar en nombre del departamento la moción para desestimar el caso contra Adams.

La llamada se convocó en medio de una agitación significativa en el departamento cuando los fiscales en Nueva York que habían manejado el asunto, así como algunos en Washington, renunciaron en lugar de aceptar deshacerse del caso.

Según la transcripción de la llamada de febrero, Bove comentó cerca del comienzo que la fiscal federal interina de Manhattan, Danielle Sassoon, “renunció unos diez minutos antes de que la pusiéramos en licencia en espera de una investigación”. Pero cuando se le preguntó en la audiencia si había abierto la reunión enfatizando que Sassoon y otro fiscal se habían negado a seguir órdenes y que Sassoon iba a ser reasignada antes de renunciar, Bove respondió con un simple “No”.

En otro momento, Bove dijo que no recordaba haber dicho palabras que la transcripción de la llamada refleja que dijo: que quien firmara la moción para desestimar el caso de Adams emergería como líder de la sección.

Una portavoz del presidente del Comité Judicial del Senado, Chuck Grassley, republicano por Iowa, dijo que el personal de Grassley ha hablado con más de una docena de personas que se han acercado al comité, pero que las más recientes acusaciones de denunciantes de “última hora” “destilan un intento de mala fe de hundir a un nominado que ya recibió la aprobación del comité”.

En una reunión separada del comité a principios de este mes, cuando los demócratas se retiraron en protesta, Grassley dijo que Bove “tiene una sólida formación legal y ha servido a su país con honor”.

Desde entonces, los demócratas han tratado de retrasar la confirmación, pidiendo votos adicionales mientras los republicanos rápidamente trasladaron su nominación al pleno. Pero hay poco que puedan hacer para detenerlo. Si todos los demócratas votan en contra de Bove, los senadores republicanos pueden perder tres votos del Partido Republicano y aún así confirmarlo si el vicepresidente JD Vance rompe un empate 50-50.

El martes, los senadores demócratas Cory Booker de Nueva Jersey y Adam Schiff de California pidieron al inspector general del Departamento de Justicia que les dijera a los senadores si Bove estaba bajo investigación.

“Es imperativo que los senadores ejerzan su deber constitucional de asesoramiento y consentimiento con pleno conocimiento de las acciones del Sr. Bove”, escribieron Booker y Schiff al inspector general.

La primera denuncia de un denunciante contra Bove provino de un ex abogado del Departamento de Justicia que fue despedido en abril después de admitir ante el tribunal que Kilmar Abrego García, un salvadoreño que había estado viviendo en Maryland, fue deportado por error a una prisión de El Salvador.

Ese abogado, Erez Reuveni, describió los esfuerzos de los principales funcionarios del Departamento de Justicia en las semanas previas a su despido para obstruir y engañar a los jueces para llevar a cabo las deportaciones defendidas por la Casa Blanca.

Reuveni describió una reunión del Departamento de Justicia en marzo sobre los planes de Trump de invocar la Ley de Enemigos Extranjeros sobre lo que el presidente afirmó que era una invasión de la pandilla venezolana Tren de Aragua. Reuveni dijo que Bove planteó la posibilidad de que un tribunal pudiera bloquear las deportaciones antes de que pudieran ocurrir. Reuveni afirma que Bove usó una blasfemia al decir que el departamento tendría que considerar decirle a los tribunales qué hacer e “ignorar cualquier orden de ese tipo”, dijeron los abogados de Reuveni en la presentación.

Bove dijo que “no recuerda haber dicho nada de ese tipo”.

El senador de Illinois Dick Durbin, el principal demócrata en el panel judicial, dijo que Bove ha usado su posición “para armar al Departamento de Justicia contra los enemigos del presidente”.

Las senadoras republicanas Lisa Murkowski de Alaska y Susan Collins de Maine fueron las únicas republicanas que se opusieron a seguir adelante con la nominación de Bove la semana pasada.

“Tenemos que tener jueces que se adhieran al estado de derecho y a la Constitución y que lo hagan independientemente de cuáles sean sus puntos de vista personales”, dijo Collins en un comunicado. “El perfil político del Sr. Bove y algunas de las acciones que ha tomado en sus funciones de liderazgo en el Departamento de Justicia me hacen concluir que no serviría como un jurista imparcial”.