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Washington - La Alianza Privada para el Crecimiento Económico respaldó hoy el proyecto de ley presentado en el Congreso para eximir a las empresas ‘foráneas’ en Puerto Rico y los demás territorios del impuesto sobre la propiedad intelectual que estableció la reforma contributiva estadounidense de 2017.

Rodrigo Masses, presidente de ese grupo empresarial, confió en que la medida esté sobre la mesa cuando el Congreso se siente a examinar cómo incentivar, en tiempos del coronavirus, la producción farmacéutica bajo la bandera estadounidense.

“Se debe ver ahora desde una perspectiva más amplia, pues se trata de ayudar a Puerto Rico y a la seguridad nacional” de Estados Unidos, en momentos en que el gobierno federal quiere limitar la dependencia de productos farmacéuticos y de equipos médicos que se manufacturan fuera del territorio estadounidense, dijo Masses, en una entrevista telefónica.

La delegada demócrata de las Islas Vírgenes estadounidenses, Stacey Plaskett, presentó el proyecto de ley 6648 en la Cámara baja federal con el respaldo de la congresista boricua Nydia Velázquez (Nueva York).

Con el propósito de limitar la transferencia de ganancias desde sus matrices, la legislación exige a las Corporaciones de Control Foráneo (CFC) presentar evidencia de que durante los últimos tres años el 80% de su ingreso bruto se generó en el territorio en que hace negocios y que por lo menos el 75% del ingreso bruto se deriva de “conducta activa de comercio o negocios” en ese lugar.

La medida ha sido promovida desde la Isla por el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá, candidato del Partido Popular Democrático (PPD) a comisionado residente en Washington.

El presidente del Comité de Finanzas del Senado estadounidense, Charles Grassley (Iowa) – quien tendría jurisdicción sobre la medida-, no ha anunciado una posición sobre esa legislación, indicó hoy su portavoz.

En la Cámara baja, el proyecto de la delegada Plaskett está bajo la jurisdicción del Comité de Medios y Arbitrios, presidido por el demócrata Richard Neal (Massachusetts).

Masses dijo que no ha estado en comunicación con la oficina de la delegada Plaskett, aunque reconoció que ha conversado sobre el tema con Acevedo Vilá, a quien describió como “el gestor de este proyecto”. La oficina de Plaskett, mientras, sostuvo que ha trabajado su legislación independiente al exgobernador, sin contacto directo alguno.

No obstante, Masses consideró que el Congreso y la Casa Blanca tienen también la opción de excluir a Puerto Rico y los territorios de la segunda etapa del impuesto sobre la propiedad intelectual – conocido como Gilti.

El impuesto Gilti – que buscó evitar que las CFC dejaran indefinidamente sus ganancias en el extranjero -, ronda en estos momentos un 10.5%. Pero, aumentaría a 13.1% a partir de 2025.

Para Masses, un beneficio especial para Puerto Rico – que ya tiene una importante producción farmacéutica-, nivelaría el terreno para la Isla, que se enfrenta al alto costo del transporte de carga marítima debido a las normas federales de cabotaje.

Consideró que los líderes del Partido Nuevo Progresista (PNP), como la comisionada Jenniffer González, que rechazan medidas tributarias que consideran no compatibles con la estadidad, deben estar de acuerdo en que lo más importante para Estados Unidos es “tener a un Puerto Rico económicamente independiente”.

Masses también destacó que Alaska, como ahora Puerto Rico, tiene una dispensa en las normas federales de cabotaje aéreo que reconoce que tiene unas necesidades distintas a Estados Unidos continental.

La comisionada González sometió a principios de abril su propia legislación, que impulsa créditos contributivos federales para la inversión farmacéutica en zonas económicamente afligidas, como Puerto Rico.

Por medio de su proyecto de ley, González propone un crédito federal de 50% por salarios, inversiones y compras realizadas por las empresas que están ahora fuera de territorio estadounidense y mudan la manufactura de productos que son parte de la reserva nacional estratégica de salud a una zona de un estado o territorio económicamente afligida.

Tras la experiencia con el coronavirus, la ley Cares ordenó al  Departamento de Salud federal llegar a un acuerdo con las academias nacionales de Ciencia e Ingeniería para elaborar un plan sobre cómo reducir la dependencia de Estados Unidos en los medicamentos y productos médicos que se manufacturan fuera del territorio estadounidense.

Mientras, la Casa Blanca planifica una orden ejecutiva del presidente Donald Trump que pudiera requerir a las agencias federales comprar productos médicos hechos en Estados Unidos.

Por otro lado, el congresista republicano Chip Roy (Texas) sometió legislación que impulsa eximir a las empresas del costo de establecer plantas y adquirir equipos para producir en Estados Unidos y sus territorios medicamentos y productos médicos que se han estado manufacturando en China.

Jeffrey Farrow, quien fue copresidente del Grupo de Trabajo de la Casa Blanca de Bill Clinton y asesora a un grupo estadista, ha descartado que el Congreso quiera convertir a Puerto Rico en “el mejor paraíso fiscal”, con una exención al Gilti.

Farrow afirmó que, como ocurrió antes con la sección 936 del Código de Rentas Internas federal, “el problema fundamental con las exenciones impositivas basadas simplemente en los ingresos quese atribuyen a Puerto Rico es que las empresas pueden ‘jugar’ con los ingresos que reportan”.