La campaña del presidente Donald Trump contra la profesión legal sufrió otro revés el martes cuando un juez federal anuló una orden ejecutiva que buscaba sancionar a una de las firmas de abogados más prestigiosas del país.

El fallo a favor de WilmerHale marca la tercera vez este mes que un juez federal en Washington ha considerado inconstitucionales las órdenes ejecutivas de Trump contra las firmas de abogados y ha prohibido permanentemente su aplicación.

“La piedra angular del sistema estadounidense de justicia es un poder judicial independiente y un colegio de abogados independiente dispuesto a abordar casos impopulares, sin importar cuán desalentadores sean. ¡Los Padres Fundadores lo sabían!”, escribió el juez de distrito de los Estados Unidos Richard Leon.

Permitir que la orden se mantenga, escribió Leon, “sería infiel al juicio y la visión de los Padres Fundadores.”

La firma aplaudió la decisión de Leon, un designado del expresidente republicano George W. Bush.

“La decisión del Tribunal de bloquear permanentemente la orden ejecutiva ilegal en su totalidad afirma enérgicamente nuestros derechos constitucionales fundamentales y los de nuestros clientes. Seguimos orgullosos de defender nuestra firma, nuestra gente y nuestros clientes”, dijo un portavoz de la firma.

El fallo fue similar a uno del viernes de un juez diferente que rechazó un edicto de Trump contra la firma de Jenner & Block y otro de principios de mes a favor de la firma Perkins Coie. En conjunto, las decisiones han marcado una contundente repudio de las acciones de Trump, que las firmas de abogados han calificado de afrenta al sistema legal e inconsistente con el principio fundamental de que los abogados pueden representar a clientes o causas sin represalias del gobierno.

Las firmas se habían enfrentado a órdenes ejecutivas que buscaban imponer el mismo conjunto de sanciones punitivas, incluida la exigencia de la suspensión de las autorizaciones de seguridad de los abogados y la prohibición de que los empleados accedan a edificios federales. Las órdenes han sido parte de un esfuerzo más amplio del presidente para remodelar la sociedad civil estadounidense al atacar a los adversarios percibidos con la esperanza de obtener concesiones de ellos y doblegarlos a su voluntad.

En su fallo, Leon dijo que las disposiciones de la orden contra WilmerHale “¡constituyen un castigo asombroso por el discurso protegido de la firma! ¡La Orden tiene la intención de, y de hecho, impide la capacidad de la firma para representar eficazmente a sus clientes!”

Agregó: “¡La Orden grita a través de un megáfono: Si asumes causas que desfavorecen al presidente Trump, serás castigado!”

Varias de las firmas señaladas para las sanciones han realizado trabajos legales que Trump se ha opuesto, o actualmente tienen o previamente tuvieron asociaciones con fiscales que en un momento dado investigaron al presidente.

La orden contra WilmerHale, por ejemplo, citó el hecho de que la firma empleó anteriormente al ex fiscal especial del Departamento de Justicia Robert Mueller, quien dirigió una investigación durante el primer mandato de Trump sobre posibles vínculos entre Rusia y la campaña de Trump de 2016.

Otras firmas importantes han tratado de evitar las órdenes al llegar a acuerdos preventivos que les exigen, entre otras cosas, dedicar colectivamente cientos de millones de dólares en servicios legales gratuitos en apoyo de causas que la administración Trump dice que apoya.