Nueva York— La ciudad de Nueva York ya no tendrá el control total de su sistema carcelario, incluido el complejo de Rikers Island, que ha estado en problemas durante mucho tiempo, después de que un juez federal determinara que la ciudad no había logrado detener la disfunción y la brutalidad en espiral contra los que están bajo custodia.

En cambio, la jueza de distrito de los Estados Unidos, Laura Taylor Swain, dijo que nombraría a un administrador externo para “tomar todas las medidas necesarias” para restaurar el orden dentro de las cárceles y hacer que la ciudad cumpla con las órdenes judiciales anteriores.

El funcionario, conocido como “administrador de remediación”, reportará directamente a la corte. Si bien el comisionado de correcciones de la ciudad seguirá siendo responsable de gran parte de las operaciones diarias del sistema carcelario, el administrador de remediación tendrá amplios poderes para abordar los problemas de seguridad de larga data, incluida la autoridad sobre contratación y ascensos, despliegue de personal y acción disciplinaria con respecto al uso de la fuerza.

La intervención extraordinaria, descrita el martes por Swain en una orden de 77 páginas, se produce casi una década después de que el sistema carcelario de la ciudad fuera puesto bajo supervisión federal como parte de una demanda colectiva presentada por los detenidos.

En los años transcurridos, las tasas de violencia han seguido aumentando, creando una “amenaza grave e inmediata” que viola los derechos constitucionales de los que están bajo custodia, según Swain.

“Peor aún, las condiciones inseguras y peligrosas en las cárceles, que se caracterizan por tasas sin precedentes de uso de la fuerza y violencia, se han normalizado a pesar del hecho de que son claramente anormales e inaceptables”, escribió Swain el martes.

El pasado noviembre, encontró a la ciudad en desacato por no cumplir con 18 disposiciones separadas de las órdenes judiciales relacionadas con la seguridad, la dotación de personal, la supervisión, el uso de la fuerza y la seguridad de los detenidos jóvenes.

La decisión de desacato abrió la puerta a una administración federal de Rikers Island, un remedio que los defensores de los detenidos han apoyado durante mucho tiempo, que el alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, se opuso firmemente y que el tribunal caracterizó como una opción de último recurso.

En su orden del martes, Swain dijo que el administrador de remediación tendría “amplia autoridad” similar a un administrador federal, pero se esperaba que trabajara en estrecha colaboración con el comisionado del Departamento de Corrección designado por la ciudad para implementar un plan de reforma.

En una conferencia de prensa el martes, Adams dijo que la ciudad seguiría la orden del juez, al mismo tiempo que sugirió que el nombramiento de un administrador externo no era necesario.

“¿Administrador de remediación? No sé la definición de eso”, dijo. “Tenemos esta supervisión y esa supervisión. ¿Cuánta supervisión vas a hacer antes de darte cuenta de que hay problemas sistémicos?”

Benny Boscio, el presidente del sindicato que representa a los oficiales de corrección, dijo que el sindicato estaba dispuesto a trabajar con el administrador externo, pero que mantendría “nuestra feroz defensa por la preservación de los derechos de empleo de nuestros miembros y la mejora de sus condiciones de trabajo”.

Mientras tanto, los defensores de los detenidos celebraron la orden del juez como un punto de inflexión en un esfuerzo de décadas por la reforma.

“Esto tiene el potencial de cambiar finalmente la cultura de violencia y brutalidad en las cárceles de la ciudad que hemos visto durante décadas”, dijo Debbie Greenberger, abogada del bufete de abogados Emery Celli, que representa a los detenidos, junto con la Legal Aid Society.

“Nada va a cambiar de la noche a la mañana, pero tengo más esperanza hoy de que tenemos un camino hacia un cambio transformador”, agregó.