Santa Fe, Nuevo México— Cientos de migrantes han sido acusados de entrar sin autorización en una zona militarizada recientemente designada a lo largo de la frontera sur de Estados Unidos desde que el Departamento de Justicia introdujo la nueva política a finales de abril.

El gobierno del presidente Donald Trump ha transferido al ejército la supervisión de una franja de tierra a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, lo que autoriza a las tropas estadounidenses a detener temporalmente a migrantes que entren en el país sin autorización, aunque no hay registro de que las tropas hayan ejercido esa autoridad, ya que la Negociado de Aduanas y Protección Fronteriza realiza los arrestos.

Las áreas de defensa nacional designadas están supervisadas por elementos del Ejército de Estados Unidos provenientes de Fort Bliss, en Texas, y de Fort Huachuca, en Arizona.

Los nuevos cargos relacionados con la seguridad nacional contra migrantes que ingresan a través de esas zonas militarizadas conllevan una posible sentencia de 18 meses de prisión, además de una posible sentencia de seis meses por entrada ilegal.

Las implicaciones completas no están claras para los migrantes que quieran regularizar su estatus a través de procedimientos separados en un tribunal de inmigración.

El gobierno de Trump busca acelerar la expulsión masiva de inmigrantes que viven en el país sin autorización y las deportaciones a terceros países, incluyendo las de venezolanos enviados a una prisión en El Salvador por acusaciones de pertenecer a pandillas.

Estados Unidos ha desplegado miles de soldados en la frontera, aunque los arrestos han caído a los niveles más bajos desde mediados de la década de 1960.

La oficina del defensor público federal en Las Cruces indica que se habían presentado aproximadamente 400 casos en el tribunal penal allí hasta el martes, y que pretende que se desestimen los cargos de violar las regulaciones de seguridad y de entrar en propiedad militar restringida.

Los registros judiciales muestran que los fiscales federales en Texas, donde un Área de Defensa Nacional se extiende por aproximadamente 60 millas, desde El Paso hasta Fort Hancock, comenzaron la semana pasada a presentar también los cargos de seguridad militar.

El juez federal Gregory Wormuth, con sede en Las Cruces, ha solicitado comentarios de los fiscales federales y de abogados defensores públicos sobre el estándar de prueba para los cargos de invasión de propiedad, “dada la naturaleza sin precedentes de procesar tales delitos en este contexto fáctico”.

Los defensores públicos dicen que debe haber prueba de que los migrantes conocían las restricciones militares y que actuaron “en desafío a esa regulación con algún propósito nefasto o malo”.

El fiscal federal de Nuevo México, Ryan Ellison, nombrado en abril, dice que se han colocado cientos de letreros de “área restringida” en español e inglés para advertir que la entrada está prohibida por el Departamento de Defensa a lo largo de las casi 180 millas de frontera de Nuevo México.

En documentos judiciales, Ellison ha dicho que no hay peligro de atrapar a personas inocentes cuando se trata de migrantes que evitan los puertos de entrada para cruzar la frontera violando de manera deliberada la ley federal, y ahora las regulaciones militares.

La abogada de la ACLU, Rebecca Sheff dijo que las libertades básicas están en riesgo a medida que el gobierno ejerce su poder en la frontera y restringe el acceso de civiles.

“La extensión de las bases militares... es una restricción seria, es un impacto serio a las familias que viven en el área fronteriza”, señaló.

El Departamento de Justicia ha advertido a Wormuth que no emita una opinión consultiva sobre los estándares legales para invasión de propiedad en el área militar.

“El Área de Defensa Nacional de Nuevo México es una instalación crucial necesaria para fortalecer la autoridad de los miembros de las fuerzas armadas para ayudar a proteger nuestras fronteras y salvaguardar el país”, comentó Ellison en un escrito judicial.

El senador federal demócrata Martin Heinrich, de Nuevo México, expresó su preocupación el miércoles en una carta al secretario de Defensa Pete Hegseth de que cualquiera puede ser detenido por soldados del Ejército de Estados Unidos por ingresar a un área de 170 millas cuadradas a lo largo de la frontera, anteriormente supervisada por el Departamento del Interior y frecuentemente utilizada para recreación y ganadería.

Hegseth ha hecho énfasis en usar un enfoque de línea dura.

“Permítanme ser claro: si cruzan al Área de Defensa Nacional, serán acusados con todas las de la ley”, dijo en la red social X.