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El  senador republicano Charles Grassley (a la izquierda) le envió una carta a la gobernadora Wanda Vázquez Garced. (Archivo / GFR Media)
El senador republicano Charles Grassley (a la izquierda) le envió una carta a la gobernadora Wanda Vázquez Garced. (Archivo / GFR Media)

Washington - El presidente del Comité de Finanzas del Senado de Estados Unidos, el republicano Charles Grassley, ha pedido cuentas a la gobernadora Wanda Vázquez Garced sobre el escándalo de los contratos para la compra de pruebas rápidas de detección del coronavirus y las razones para la renuncia reciente de altas funcionarias del Departamento de Salud.

En una carta enviada hoy con reclamos abarcadores de información, Grassley también ha solicitado un listado de investigaciones iniciadas este cuatrienio por el gobierno de Puerto Rico sobre posibles actos de malversación.

El senador Grassley hizo referencia no solo a las pruebas rápidas de detección del virus, sino a los escándalos sobre el almacén con suministros en Ponce, en torno al contrato con la empresa Whitefish Energy, el vehículo blindado de $245,000 adquirido por el gobierno de Ricardo Rosselló Nevares, la politización del Instituto de Estadísticas y la demanda a que se enfrentó el gobierno de la Isla por la falta de información pública en torno a las fatalidades ocurridas a causa del huracán María.

La mayor parte de sus peticiones se centran en las denuncias sobre los contratos por más de $40 millones para comprar pruebas rápidas para detectar el coronavirus a empresas sin ninguna experiencia en el manejo de productos médicos, a costos al parecer muy por encima de su valor en el mercado internacional y sin garantía de que el gobierno de Estados Unidos autorizaría su uso en Puerto Rico.

La más grande de esas transacciones – la compra de un millón de pruebas rápidas de coronavirus por $38 millones a la empresa de construcción Apex General Contractors, con conexiones políticas con el Partido Nuevo Progresista (PNP)-, fue cancelada cuando la compañía no pudo cumplir con la fecha de entrega, prevista para el 31 de marzo.

“Parece que las adquisiciones y contrataciones en Puerto Rico a menudo pasan por un filtro de conexiones políticas antes de que los recursos destinados al pueblo de Puerto Rico realmente los alcancen y logren el uso previsto, privando al pueblo de Puerto Rico de la primacía que se merecen", indicó Grassley en la carta a la gobernadora.

En su misiva, Grassley también pidió explicaciones sobre el escándalo del almacén de suministros de Ponce, ocurrido durante la emergencia de los recientes terremotos, y el descubrimiento reciente de medicamentos expirados que estaban bajo el control del Departamento de Salud de Puerto Rico.

Grassley, como presidente del Comité de Finanzas, tiene bajo su supervisión programas como Medicaid y temas tributarios de importancia para la Isla. Quiere las respuestas en una semana, para el lunes 27 de abril.

El senador republicano hizo referencia a que los escándalos en el gobierno de Puerto Rico se desatan en momentos en que el pueblo de Puerto Rico “ha sufrido graves dificultades debido a una secuencia de desastres naturales y la emergencia de salud pública asociada con el novel coronavirus, COVID-19”.

Grassley recordó que el Congreso “ha aumentado significativamente los fondos para el sistema de salud de Puerto Rico, incluidos los fondos de Medicare y Medicaid, así como fondos para medidas para enfrentar COVID-19”.

Grassley destacó que El Nuevo Día reportó que las transacciones para la compra de pruebas rápidas del COVID-19 están ya bajo investigación del FBI.

Entre las preguntas que le hace el senador republicano a la gobernadora se encuentran las razones para las renuncias de la ex secretaria interina de Salud Concepción Quiñones de Longo, la anterior jefa de Epidemióloga Carmen Deseda y Adil Rosa.

Requirió que se le precise quien en el gobierno de Puerto Rico tomó la decisión de comprar las pruebas rápidas o entrar en los contratos con las empresas Apex y 313 LLC, la cadena de decisiones que tuvo ese proceso y si hubo consideraciones político-partidistas.

Apex es propiedad de Robert Rodríguez Delgado, quien ha sido donante por muchos años de políticos del PNP, según los récords de la Oficina del Contralor Electoral.

Su abogado, quien fue el que hizo el contacto con el gobierno, es Juan Maldonado, ex subsecretario de Transportación y Obras Públicas y quien fue despedido el año pasado como  director de la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM) tras prestar una de las lanchas de servicio a Vieques para transportar materiales para una boda privada.

313 LLC, quien vendió 151,500 pruebas al Departamento de Salud por $3,6 millones, tienen entre sus socios a Juan Suárez Lemus, también militante del PNP.

Recientemente, la gobernadora ordenó cancelar cualquier contrato con Apex y Maldonado.

Grassley quiere además confirmación oficial de si la transacción tuvo el visto bueno de la Junta de Supervisión Fiscal – que ha dicho que nunca se le consultó-, y si otros contratos similares no han sido presentados al ente fiscal.

El legislador federal quiere saber además si terminó la investigación sobre el almacén de Ponce o cuando será completada y que se le entreguen los resultados.

Grassley solicitó a la gobernadora Vázquez Garced que le informe además como puedeel público tener acceso a datos sobre los contratos, incluidas las órdenes de compra, que otorga el gobierno de Puerto Rico.