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Supremo de Estados Unidos aprueba prohibición a tratamientos de afirmación de género para niños en Tennessee

La decisión se produce en medio de una variedad de otros esfuerzos federales y estatales para regular las vidas de las personas transgénero

18 de junio de 2025 - 11:56 AM

Tribunal Supremo de EE.UU. evalúa casos con impacto en Puerto Rico. (J. Scott Applewhite)

El Tribunal Supremo de Estados Unidos confirmó el miércoles la prohibición de Tennessee sobre la atención de afirmación de género para menores transgénero, un revés sorprendente para los derechos de los transgénero.

La decisión de los jueces, 6-3, en un caso de Tennessee protege de manera efectiva de desafíos legales muchos esfuerzos de la administración republicana del presidente Donald Trump y los gobiernos estatales para revertir las protecciones para las personas transgénero. Otros 26 estados tienen leyes similares a la de Tennessee.

El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, escribió para una mayoría conservadora que la ley no viola la cláusula de protección igualitaria de la Constitución, que exige que el gobierno trate a personas situadas de manera similar de la misma manera.

“Este caso conlleva el peso de feroces debates científicos y políticos sobre la seguridad, la eficacia y la conveniencia de los tratamientos médicos en un campo en evolución. Las voces en estos debates plantean preocupaciones sinceras; las implicaciones para todos son profundas”, escribió Roberts. “La Cláusula de Protección Igualitaria no resuelve estos desacuerdos. Tampoco nos da licencia para decidir sobre ellos como mejor nos parezca”.

En una disidencia a la que se unieron sus colegas liberales, la jueza Sonia Sotomayor escribió que la mayoría ‘abandona a los niños transgénero y a sus familias a los caprichos políticos’.

La decisión se produce en medio de una variedad de otros esfuerzos federales y estatales para regular las vidas de las personas transgénero, incluso a qué competencias deportivas pueden unirse y qué baños pueden usar.

En abril, la administración del presidente Donald Trump demandó a Maine por no cumplir con el impulso del gobierno de prohibir a los atletas transgénero en los deportes femeninos.

El presidente republicano también ha tratado de bloquear el gasto federal en atención médica de afirmación de género para menores de 19 años, promoviendo en cambio únicamente la terapia de conversación para tratar a los jóvenes transgénero. Además, el Tribunal Supremo le ha permitido expulsar a los miembros del servicio transgénero del ejército, incluso mientras continúan las batallas judiciales. El presidente también firmó otra orden para definir los sexos sólo como masculino y femenino.

La administración de Donald Trump también ha pedido que se utilice únicamente la terapia, no medidas de salud más amplias, para tratar a los jóvenes transgénero.

Los jueces actuaron un mes después de que el tribunal superior del Reino Unido asestara un revés a los derechos de los transgénero, dictaminando por unanimidad que la Ley de Igualdad del Reino Unido significa que las mujeres trans pueden ser excluidas de algunos grupos y espacios de un solo sexo, como vestuarios, refugios para personas sin hogar, áreas de natación y servicios médicos o de asesoramiento prestados únicamente a mujeres.

Hace cinco años, el Tribunal Supremo dictaminó que las personas transgénero, así como las personas homosexuales y lesbianas, están protegidas por una histórica ley federal de derechos civiles que prohíbe la discriminación sexual en el lugar de trabajo. Esa decisión no se ve afectada por el fallo del miércoles.

Pero los jueces el miércoles se negaron a aplicar el mismo tipo de análisis que el tribunal utilizó en 2020 cuando descubrió que ‘el sexo juega un papel inconfundible’ en las decisiones de los empleadores de castigar a las personas transgénero por rasgos y comportamientos que de otro modo toleran. Roberts se unió a esa opinión escrita por el juez Neil Gorsuch, quien también formó parte de la mayoría del miércoles.

El fiscal general de Tennessee, Jonathan Skrmetti, en las redes sociales calificó el fallo como una ‘¡VICTORIA histórica para Tennessee en el SCOTUS en defensa de los niños de Estados Unidos!’.

Hay alrededor de 300,000 personas entre las edades de 13 y 17 años y 1.3 millones de adultos que se identifican como transgénero en Estados Unidos, según el Williams Institute de la Facultad de Derecho de la UCLA.

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"Me tendría que ir de mi país", afirmó Marisa Silva en entrevista con El Nuevo Día.

El Williams Institute es un grupo de expertos que investiga la orientación sexual y la demografía de la identidad de género para informar las leyes y las decisiones de política pública.

Cuando el caso fue argumentado en diciembre, la administración demócrata del entonces presidente Joe Biden y las familias de adolescentes transgénero habían pedido al Tribunal Supremo que anulara la prohibición de Tennessee por considerarla discriminación sexual ilegal y proteger los derechos constitucionales de los estadounidenses vulnerables.

Argumentaron que la ley viola la cláusula de protección igualitaria de la 14ª Enmienda.

La ley de Tennessee prohíbe los bloqueadores de la pubertad y los tratamientos hormonales para menores transgénero, pero permite que los mismos fármacos se utilicen para otros fines.

Poco después de que Donald Trump asumiera el cargo, el Departamento de Justicia le dijo al tribunal que su posición había cambiado.

Una cuestión importante en el caso fue el nivel apropiado de escrutinio que los tribunales deberían aplicar a tales leyes.

El nivel más bajo se conoce como revisión de base racional, y casi todas las leyes examinadas de esa manera finalmente se confirman. De hecho, el tribunal federal de apelaciones de Cincinnati que permitió que se aplicara la ley de Tennessee sostuvo que los legisladores actuaron racionalmente para regular los procedimientos médicos, dentro de su autoridad.

El tribunal de apelaciones revocó un tribunal de primera instancia que empleó un nivel de revisión más alto, un escrutinio intensificado, que se aplica en casos de discriminación sexual. Bajo este examen más exhaustivo, el estado debe identificar un objetivo importante y demostrar que la ley ayuda a lograrlo.

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