El Tribunal Supremo de Estados Unidos falló a favor de los jueces de inmigración el viernes, rechazando por ahora al gobierno del presidente Donald Trump en un caso con posibles implicaciones para los trabajadores federales mientras los jueces consideran expandir el poder presidencial para despedir personal.

La decisión es un paso técnico en un caso de larga duración, pero tiene que ver con los efectos de una serie de despidos efectuados en el gobierno de Trump. Los jueces mantuvieron en pie un fallo que planteó preguntas sobre el manejo de la fuerza laboral federal por parte del gobierno de Trump, aunque también señalaron que los tribunales inferiores deberían proceder con cautela.

Los jueces de inmigración son empleados federales, y la cuestión central de la apelación es si pueden demandar para impugnar una política que restringe sus discursos públicos o si están obligados a utilizar un sistema de quejas separado para la fuerza laboral federal.

La administración federal pidió a la Corte Suprema que interviniera después de que un tribunal de apelaciones determinara que los despidos de altos funcionarios del sistema de quejas por parte del mandatario plantearon preguntas sobre si todavía funciona como se pretende.

El Departamento de Justicia dijo que los despidos están dentro de las atribuciones del presidente, y que el tribunal inferior no tenía fundamentos para plantear preguntas. El procurador general solicitó a la Corte Suprema que congelara rápidamente el fallo mientras presiona para que el caso de los jueces de inmigración sea retirado del tribunal federal.

Los jueces se negaron, aunque también dijeron que el gobierno de Trump podría regresar si los tribunales inferiores actuaban demasiado rápido. No hubo disidencias señaladas. Los jueces han permitido la mayoría de los despidos de Trump por ahora y estudian si deben expandir formalmente el poder legal de mandatario para despedir a funcionarios de agencias independientes al anular las protecciones laborales consagradas en una decisión tomada hace 90 años.

Un sindicato que anteriormente representaba a los jueces de inmigración, que trabajan para el Departamento de Justicia, demandó por primera vez en 2020 para impugnar una política que restringe sobre qué pueden hablar los jueces en público. Dicen que el caso es un asunto de libertad de expresión que pertenece al tribunal federal.

Ramya Krishnan, abogada del Instituto Knight First Amendment que argumentó el caso en nombre del sindicato, aplaudió la decisión que el máximo tribunal tomó el viernes. “Las restricciones a los derechos de libre expresión de los jueces de inmigración son inconstitucionales, y es intolerable que esta restricción previa siga en vigor”, afirmó.

En los últimos meses, la imposición de estrictas medidas contra la inmigración por parte de Trump ha incluido el despido de docenas de jueces de inmigración que sus aliados consideran demasiado indulgentes.

La Casa Blanca no respondió de momento a un correo electrónico donde se solicitan sus comentarios.

Aunque la orden no es una decisión final, el caso podría tener implicaciones para otros trabajadores federales que deseen impugnar despidos ante el tribunal en lugar del sistema de quejas de empleados, que actualmente es supervisado en gran parte por designados de Trump.

La decisión se produce después de una serie de victorias para el Departamento de Justicia en el listado de casos de emergencia del máximo tribunal. La corte se ha puesto del lado del gobierno de Trump unas dos docenas de veces en temas que van desde la inmigración hasta la financiación federal.