El Tribunal Supremo de Estados Unidos, con opiniones divididas, autorizó este lunes a la Casa Blanca a continuar con la construcción de un proyecto de salón de baile de $400 millones mientras se resuelven los litigios, lo que supone una victoria para el presidente Donald Trump, quien está ejerciendo un poder ejecutivo sin precedentes y remodelando la capital a su imagen y semejanza.

La decisión sustituyó una orden provisional dictada por el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, horas antes de que entrara en vigor una resolución de un tribunal inferior que suspendía las obras.

Sin embargo, Roberts expresó públicamente su desacuerdo con la última resolución, sumándose a los tres magistrados de tendencia liberal del tribunal, quienes calificaron la interpretación de “probablemente ilegal”.

La mayoría no se pronunció sobre la legalidad del proyecto, pero consideró que era probable que una asociación de protección del patrimonio no tuviera derecho legal a impugnarlo.

El proceso judicial volverá a los tribunales de primera instancia, pero, según los documentos, algunas partes clave del proyecto podrían estar terminadas en cuestión de meses, un plazo muy breve en comparación con un caso judicial habitual.

La Administración Trump solicitó a los jueces que intervinieran después de que los tribunales federales dictaminaran que el proyecto debía suspenderse al no contar con la aprobación del Congreso.

La demanda presentada por el National Trust for Historic Preservation alegaba que Trump no tiene autoridad unilateral para llevar a cabo las obras, entre las que se incluye la demolición del ala este. Los abogados de la organización acusaron a la Casa Blanca de intentar “adelantarse a los tribunales” acelerando las obras.

En los tribunales de primera instancia, la Administración ha alegado que el presidente tiene plena autoridad para renovar la Casa Blanca y otros edificios federales. Los abogados del Gobierno afirmaron que el proyecto del salón de baile debe completarse por motivos de seguridad nacional, aunque estos no eran el objetivo principal cuando Trump anunció las obras, que, según él, se financiarían con donaciones privadas.

La Administración ha afirmado que los equipos están trabajando 20 horas al día en el salón de actos, que tendrá una superficie prevista de 90,000 pies cuadrados. Se prevé que la estructura esté terminada en noviembre y que gran parte de la fachada esté lista en abril, estando prevista la finalización total para agosto de 2028, según los documentos judiciales.

El juez federal de distrito Richard Leon ordenó en abril la suspensión de las obras en superficie del salón de baile previsto, aunque la orden permitía que continuaran los trabajos en los búnkeres y las instalaciones militares subterráneas. Leon fue nombrado por el presidente George W. Bush, del Partido Republicano.

La sentencia fue suspendida, pero posteriormente confirmada por un tribunal de apelación dividido. Dos jueces nombrados por presidentes demócratas consideraron que la decisión sobre el proyecto correspondía al Congreso y que “no era un asunto que el Ejecutivo pudiera resolver por su cuenta”. Un tercer juez, nombrado por Trump, consideró que la asociación conservacionista que impugnaba el proyecto carecía de legitimación para interponer una demanda.

El fiscal general adjunto, D. John Sauer, también planteó ese argumento ante los magistrados y afirmó que la decisión de paralizar las obras era “extraordinaria e ilegal”. Afirmó que la finalización del proyecto era “absolutamente necesaria por motivos de seguridad nacional”.

El Gobierno ha conseguido otra serie de victorias en el procedimiento de urgencia del Tribunal Supremo, aunque los magistrados se han pronunciado en contra de algunas de las políticas emblemáticas del presidente tras un examen más exhaustivo.