El secretario del Trabajo y Recursos Humanos, Carlos Rivera Santiago, alertó hoy que el aumento drástico en las reclamaciones al seguro por desempleo producto del deterioro económico asociado a la pandemia del COVID-19 provocó que el fondo destinado para cubrir la merma de ingresos de los desempleados llegara a niveles tan bajos que para marzo de 2021 apenas tendrán unos $100 millones.

En tiempos normales este fondo opera con más de $600 millones.

La situación está siendo evaluada por la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) y, como solución temporera, se contempla desviar al seguro por desempleo fondos federales para mitigar el COVID-19 o solicitar un préstamo federal, asunto que requeriría una autorización de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

“Para el verano, si no se inyecta dinero, podría haber dificultad para hacer los pagos (a los desempleados)”, advirtió Rivera Santiago durante su ponencia en las vistas de transición gubernamental. “Lo que se ha hablado con Aafaf es que antes del 31 de diciembre se tienen que tomar determinaciones”.

La situación ocurre pese a que ya el seguro por desempleo recibió una asignación de unos $150 millones en fondos federales para mitigar los efectos del novel coronavirus que ya ha provocado la muerte de 982 personas en Puerto Rico.

Las propias instituciones gubernamentales contribuyen a la proyectada insuficiencia de fondos. Se detalló, por ejemplo, que entidades gubernamentales, incluyendo el gobierno central, las corporaciones públicas y los municipios, deben, entre todos, unos $49.9 millones al seguro por desempleo. Las deudas de patronos en el sector privado, por su parte, alcanzan los $120 millones.

“La proyección que tenemos es que a marzo todavía va a haber un balance de $100 millones. Eso es si no hiciéramos nada. Pero, obviamente, está en proceso de conversaciones que se inyecten fondos adicionales del coronavirus relief fund (fondo de auxilio) y el balance va a aumentar. Ya hubo una asignación de $150 millones. Sin esa asignación el fondo ahora tendría $56 millones. Antes que finalice el año natural se va a hacer una inyección de fondos y va a extender la vida del fondo más allá de marzo y tenemos la alternativa del préstamo federal… no vislumbramos que nos quedemos sin fondos”, dijo, por su parte, Rebecca Maldonado, subsecretaria del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH).

“No se va a entregar un fideicomiso quebrado. Responsablemente se están tomando las medidas para que el fondo, antes que finalice el año fiscal tenga balance suficiente para atender la situación. Ahora bien, si pasara algo drástico y se cierra el gobierno y el desempleo aumenta, ahí vamos a tener que tomar otras medidas”, añadió Maldonado.

El presidente del Comité de Transición Entrante y alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera Cruz, se expresó preocupado por la situación puesto que históricamente el seguro por el desempleo había mantenido balances saludables. “Siempre había sido un fideicomiso sólido y con este cantazo grande (el COVID-19) llegó a bajar ese pote y en estos momentos está en $203 millones. Es importante que a ese fideicomiso se le inyecte dinero adicional porque con la velocidad que se va gastando pudiese llegar a un nivel de peligrosidad”, dijo Rivera Cruz quien se expresó un tanto reacio a la idea de un nuevo préstamo.

El alcalde indicó que este no es el único problema en la agencia y que se necesita una reingeniería completa a juzgar por las graves tardanzas en el Negociado de Conciliación y Arbitraje y los sistemas tecnológicos arcaicos que usan, algunos de los cuales datan de la década de los años 1980.

Rivera Santiago manifestó que recientemente le encomendaron un estudio a una empresa privada para que determine los cambios que se necesitan para actualizar e integrar los sistemas de información. Esta actualización, indicó, se llevaría a cabo a través de un proceso de Solicitud de Propuestas que ya se está encaminando.

“Muchas veces no se necesita una gran cantidad de dinero sino tener la tecnología para avanzar las cosas”, dijo Rivera Cruz al citar la implantación del sistema Fast PUA a un costo de un millón de dólares para procesar las solicitudes de Asistencia de Desempleo por la Pandemia (PUA).

Más de 38,000 casos de fraude

Este programa, que se supone sirva a las personas con empleo propio que dejaron de trabajar o sufrieron pérdida de ingresos por la pandemia, ha sido objeto de numerosos esquemas de fraude. De hecho, Rivera Santiago indicó se estiman entre 38,000 y 42,000 los casos de fraude al sistema, la gran mayoría por reclamaciones falsas al PUA, beneficio que por ley termina el 31 de diciembre.

El funcionario contó que entre los solicitantes había personas que residían en otros estados como Massachusetts y Hawái o que estaban recluidos en cárceles. Del mismo modo, se detectaron reclamaciones al PUA de 3,143 personas empleadas en municipios y 9,094 que trabajan para el gobierno central, incluyendo cuatro del propio DTRH. En el sector privado, unas 15,000 solicitudes fueron objetadas por los patronos.

Debido a estos casos, 71 personas han sido arrestadas y se ha recobrado $449,000, informó el secretario del Trabajo y Recursos Humanos. Del mismo modo, unos $56 millones han sido devueltos por personas involucradas en estos casos.

El alcalde de Bayamón indicó que no todos los casos de fraude son intencionados y explicó que, por ejemplo, varios empleados del ayuntamiento que dirige tenían segundos trabajos que perdieron por la pandemia por lo que reclamaron el beneficio para después ser confrontados por las agencias ya que mantenían sus labores principales.

“Son personas que pensaban que tenían derecho al beneficio”, sostuvo el ejecutivo.

Cuestionan tasa de desempleo

Pese a que hay un reconocimiento amplio de la pérdida de miles de puestos de trabajo y un deterioro significativo de la economía, la tasa de desempleo ha rondado los últimos meses en 8.3%. Rivera Santiago reconoció que esto responde a un tecnicismo y es que la definición de persona empleada para efecto de la encuesta que cada mes conduce el DTRH incluye aquellos que no están trabajando pero que tienen la expectativa de regresar con su patrono una vez termine la pandemia y la economía recobre algo de normalidad.

“Estas son definiciones que existían previo a la pandemia”, excusó el funcionario al insistir en que estas métricas son supervisadas por el Departamento del Trabajo estadounidense.

El secretario del Trabajo y Recursos Humanos estimó que, si se contaran a esos empleados “suspendidos de labores” como desempleados, la tasa de desempleo se elevaría cerca del 20%, “como ocurre en otros estados”.

“Si contáramos a los que no están trabajando porque su patrono cerró (por alguna orden ejecutiva para mitigar el COVID-19 o por el deterioro económico) pues el desempleo debe subir como en 20%”, sostuvo.

Alegó que, a pesar de este altísimo estimado para una tasa de desempleo, en Puerto Rico hay diariamente muchas ofertas de empleo disponible en distintos sectores empresariales.

Pocos patronos piden exención al bono de navidad

De hecho, indicó que actualmente apenas 35 patronos han solicitado ser eximidos del pago del bono de navidad a los trabajadores. En el 2019, sobre 500 empresas fueron eximidas del cumplimiento con este beneficio laboral. Las empresas tienen hasta finales de este mes para someter su solicitud ante la agencia.

Finalmente, Rivera Santiago explicó que los problemas en el Negociado de Conciliación y Arbitraje responden a dilaciones propiciadas por los patronos y los trabajadores, y a que la dependencia tiene pocos recursos económicos y humanos para atender el volumen de casos.

“El problema principal del Negociado de Conciliación y Arbitraje es sumamente compleja. Lleva años en estas circunstancias. El problema primordial es que ocurre muchas suspensiones que son motivadas por las propias partes. También llegan muchos casos donde las partes conversan por primera vez en la propia vista de arbitraje”, dijo.

“No hay un diálogo previo para minimizar las controversias. El tercer problema es que el gobierno ni las corporaciones públicas no le pagan el costo, los cargos, no hay dinero, ni recursos y eso también evita que se dé el proceso. El 7 de agosto se reanudaron los trabajos. Se hacen las vistas virtuales. Estamos trabajando con reglamento para ver cómo hacemos el mecanismo más ágil”, añadió el funcionario.

Según el secretario, actualmente hay 17,000 casos en arbitraje, de los cuales 10,000 están paralizados por los casos de bancarrota territorial litigados bajo la Ley Promesa.