Portavoces de la comunidad dominicana en la isla cuestionaron este domingo la decisión de la administración de Jenniffer González de entregar los datos de conductores sin estatus migratorio definido a las autoridades federales, y denunciaron una aparente “contradicción” de la primera ejecutiva, al señalar que no ha dado el mismo trato a otros asuntos.

“¿Qué es lo que nosotros estamos pidiendo? Lleve el proceso, haga el due process (debido proceso), no se entregue (información) sin pelear y, si al final prevalece el gobierno federal, y los tribunales determinan que hay que proceder, entonces no hay más remedio que acatar”, señaló Rolando Acosta, excónsul de la República Dominicana en Puerto Rico.

Acosta, junto a Bryan Saavedra, presidente del Partido Popular Democrático (PPD) en el Precinto 2 de San Juan, y Claribel Martínez, líder dominicana y ex legisladora municipal en la capital, también por la Pava, difundieron un fragmento de una entrevista concedida por González a WKAQ, en 2018, en el marco de la aprobación del Farm Bill (Ley Agrícola de Estados Unidos).

Ese estatuto –que fue aprobado– dispone la prohibición de las peleas de gallos y, en aquel entonces, la hoy gobernadora se expresó dispuesta a retar la legislación y a continuar participando del llamado deporte del pico y las espuelas aun cuando fuera vetado.

“Sí, definitivamente, y visitaría las galleras”, respondió González al preguntársele si continuaría participando de las peleas de gallos aun cuando fueran prohibidas. Esa medida, según hace constar en la entrevista, incluía fondos del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) y ayudas para los agricultores.

Para el grupo de la comunidad dominicana, es “inconcebible” que González, como comisionada residente, se haya expresado en favor de retar al gobierno federal en defensa de las peleas de gallos, pero haya entregado los datos de sobre 6,000 conductores sin estatus migratorio definido a las autoridades federales sin ni siquiera, según ellos, dar la pelea.

“Mientras en aquella ocasión estaba dispuesta a pelear, ahora está arrodillada”, expresó Acosta. “Queremos esa misma lucha, esa misma pelea en bienestar y en pro de los hermanos dominicanos que vienen responsablemente a trabajar en Puerto Rico”, agregó el excónsul durante una conferencia de prensa.

El viernes, la gobernadora confirmó que, el 29 de enero, el Departamento de Transportacion y Obras Públicas (DTOP) entregó los datos sobre los conductores sin estatus definido tras un requerimiento de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, en inglés), documento que no ha sido compartido públicamente, alegando “confidencialidad”.

A pesar de que la directriz al gobierno ocurrió hace más de cuatro meses, González aseguró que se enteró del requerimiento la semana pasada y que fue el DTOP quien “ejecutó” el pedido. Argumentó, asimismo, que estaban en riesgo “$178 millones al año” de fondos federales para carreteras si no colaboraban con HSI.

“Queremos que cumpla todas las leyes, pero, si las va a cumplir, que sea cabalmente, no acomodaticiamente”, señaló, por su parte, Saavedra.

Durante la rueda de prensa, Martínez, también expresidenta del Colegio de Químicos, sostuvo que, como consecuencia de la entrega de la información confidencial, algunos dominicanos han sido arrestados. A otros, agregó, los han llamado y le han solicitado que acudan ante las autoridades migratorias o se vayan del país voluntariamente.

“La gente ha tenido que esconderse, estar en hacinamiento, porque se van a donde familiares a estar resguardados. Algunos pasan hambre, inclusive”, lamentó Martínez, quien, al igual que Acosta, opinó que las consecuencias hubiesen sido otras si el Ejecutivo hubiera divulgado la entrega de los datos una vez concretado el intercambio.

“Creer que no se iba a saber esta información le está explotando en el pie ahora”, añadió Acosta, al sostener que, en Barrio Obrero, en Santurce, y que es una de las principales comunidades dominicanas en la isla, se hacen redadas todos los días.

“Hay un solo negocio al que no han ido, uno solo”, expuso Acosta, al anticipar un impacto negativo sobre las arcas municipales por el recobro del Municipio de San Juan sobre el Impuesto sobre las Ventas y Uso (IVU) ante la falta de patrocinio a negocios en esa zona por temor a las redadas federales.

El 13 de febrero, a casi tres semanas de haberse entregado la información, El Nuevo Día le cuestionó al secretario del DTOP, Edwin González Montalvo, si la agencia había recibido “peticiones de información de ICE sobre conductores sin estatus migratorio (regular)” y, entonces, el funcionario obvió compartir que ya había ocurrido un intercambio de datos.

“En la misma semana que la gobernadora estaba diciéndole al país: ‘estén tranquilos, aquí no va a pasar nada, ni los dominicanos ni los extranjeros en Puerto Rico van a tener problemas’... estaban entregando las listas”, subrayó Martínez.

Abordado este domingo sobre el aparente cambio de postura de la gobernadora al no retar las leyes federales migratorias, pero sí las peleas de gallos, el secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Hiram Torres Montalvo, insistió en que el llamado deporte del pico y las espuelas está permitido en la isla siempre y cuando no se violente la cláusula de comercio interestatal.

“A nivel local, nosotros tenemos una ley que permite que se den las peleas de gallos siempre y cuando no afecten o no entren en el comercio interestatal... y por eso no hemos visto que las autoridades federales hayan procesado a ningún gallero”, dijo Torres Montalvo, quien, al igual que hizo el viernes la mandataria, aseguró que, al momento, no ha habido ningún otro pedido de información.

Opinó, además, que el análisis hecho por el grupo está “totalmente errado”.