María Conte Miller (GFR Media)
María Conte Miller, comisionada del Negociado de Ciencias Forenses, considera que a pesar del posibles diferencias en interpretación, la legislación busca que tanto el personal administrativo como el presupuesto de nómina sean devueltos a la nueva entidad. (Archivo)

Tras la firma de la ley que rompe el vínculo entre el Departamento de Seguridad Pública (DSP) y el Negociado de Ciencias Forenses (NCF), la agencia sombrilla se rehúsa a transferir el personal administrativo y la propiedad de la entidad que ahora recupera su autonomía.

La información fue denunciada por la Local 2099 de Servidores Públicos Únicos (SPU), que agrupa a los empleados unionados del NCF, y confirmada luego por la comisionada de esa entidad, María Conte Miller.

En una misiva en poder de El Nuevo Día, el secretario del DSP, Pedro Janer Román, aseguró que, según los estatutos vigentes y los trámites realizados, los empleados que antes se reportaban al antiguo negociado pertenecen, desde el 16 de julio pasado, a la agencia sombrilla que dirige. Precisó que los empleados “operacionales” continuaban siendo parte de la plantilla del NCF.

“A partir de esta fecha, se completaron las transferencias de todos los empleados del Departamento de Seguridad Pública. Esta transacción de personal cumple con lo establecido en la ‘Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico’. Todos esos empleados forman parte de la plantilla de empleados del DSP”, subraya Janer Román en la carta.

Conte Miller atribuyó la posición del DSP a las diferentes interpretaciones que puede tener la “Ley del Instituto de Ciencias Forenses (ICF)” (Ley 135-2020), firmada el 1 de septiembre. Sin embargo, considera que la legislación busca que, tanto el personal administrativo como el presupuesto de nómina sean devueltos a la nueva entidad.

“Si no se diera el asunto como establece la ley o como yo interpreto que lo dice, para contratar ese personal administrativo, el ICF necesitaría que se le asigne un presupuesto. Cuando se transfirió el personal administrativo al DSP se transfirieron $2 millones, más o menos, para pagar la nómina del personal”, puntualizó la patóloga.

La comisionada precisó que el DSP trabajó hasta “hace dos o tres meses” sin los empleados administrativos del NCF, pues aún se encontraban en las instalaciones del negociado.

Malestar con el proceso

“(El secretario) Pedro Janer envió una carta, prácticamente indicándole a la doctora (Conte Miller) que ese personal se va a quedar en el DSP y que, si necesitan personas en el NCF, van a tener que reclutar (nuevos empleados)”, dijo a este medio Carlos Vélez Miranda, delegado y miembro del comité de conciliación del gremio.

A juicio de Vélez Miranda, Janer Román está “molesto” porque Conte Miller expuso los lentos procesos que enfrentaban para la aprobación de contratos y proyectos.

El titular del DSP se opuso, en un principio, a que el NCF saliera de la sombrilla de esa agencia, creada en 2017. No obstante, a principios de mes, la gobernadora Wanda Vázquez Garced firmó la ley que restablecería el ICF como una agencia independiente. Ese estatuto entra en vigor 90 días después para disponer un período de transición.

Por su parte, Aixa Estrada Franco, presidenta la unión que agrupa a los empleados del NCF, señaló que el DSP presuntamente ha violado los convenios colectivos, pues la agencia debió informar al gremio su postura. Los empleados de la dependencia forense conocieron la posición de Janer Román luego que Conte Miller les enviara copia de la misiva.

La carta, con fecha del martes, 15 de septiembre, responde a una solicitud hecha por la patóloga en la que pedía que se iniciara “la transferencia gradual del personal administrativo del ICF”, las propiedades y los documentos pertinentes a la transición.

“Aquí, no ha habido ningún acto de buena fe por parte del DSP. Es muy triste y lamentable ver esta situación. Simplemente, queremos a todos nuestros compañeros de vuelta y vamos a estar luchando con SPU, la unión y la doctora Conte (Miller)”, destacó Estrada Franco.

Ambos líderes gremiales advirtieron, por separado, que postergar estos procesos no solo perjudica a los empleados del NCF, sino que podría afectar la solicitud de los fondos federales que se necesitan para que la entidad continúe operando. Explicaron que las peticiones para estas subvenciones se deben entregar en unas fechas específicas.