Con la ayuda de la tecnología, de estudiantes y 16 contratos, la Oficina de Incentivos de Negocios del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) atendió la mitad de los casos ante su consideración que, al 1 de enero, exhibía un atraso de 14,100 trámites pendientes, indicó este domingo el secretario de la agencia, Sebastián Negrón Reichard.

“Había más de 14,000 casos pendientes al 1 de enero de 2025. Esto afectaba nuevas solicitudes, enmiendas y otros trámites, atrasa procesos y compromete certeza y la visibilidad que tienen los inversionistas para entender el estatus de esos incentivos”, afirmó Negrón Reichard, en conferencia de prensa en La Fortaleza.

No precisó desde cuándo comenzó el ataponamiento de casos, pero lo atribuyó a la falta de personal y al hecho de que, con la aprobación del Código de Incentivos (Ley 60-2019), el DDEC asumió funciones que realizaban antes diversas agencias.

De los 14,100 casos atrasados, 4,000 eran por nuevos decretos, 3,600 por enmiendas y 6,500 en otros trámites. En lo que va de año, han recibido 767 solicitudes para nuevos decretos.

Entre los nuevos decretos, precisó el secretario, había 398 de jóvenes empresarios, 400 de agricultores, 800 bajo la categoría de individuo residente inversionista, 1,400 de servicios y comercio de exportación, y 230 de manufactura.

“El 50% de esos trámites no requiere una evaluación sustantiva de personal en la Oficina de Incentivos. Son notificaciones, son aceptaciones de derecho, entre otras cosas. Los casos que sí requieren evaluación sustantiva de la Oficina de Incentivos, el 70% se concentra en solicitudes de cinco tipos de decreto, que son las que mencioné”, precisó.

Entre los más de 7,000 casos procesados al momento, cerca de 5,500 han sido aprobados (principalmente notificaciones, aceptaciones y entregas voluntarias), mientras que “el resto ha sido archivado o categorizado correctamente”, dijo Negrón Reichard.

Junto al director de la Oficina de Incentivos de Negocios, Ernesto Zayas, el secretario del DDEC aseguró que no se han flexibilizado reglamentos o leyes para atender estos atrasos.

Más bien, indicaron que automatizaron trámites, añadieron recursos humanos, incluyendo nueve estudiantes de la Universidad de Puerto Rico y 16 contratos, para disminuir a la mitad la cifra pendiente de consideración.

“Nosotros vamos a asegurar que todos los requisitos, siempre, todos los requisitos de ley para la aprobación de un incentivo, aunque sea una solicitud sencilla o una solicitud complicada, se van a seguir al pie de la ley”, apuntó Negrón Reichard.

Zayas, por su parte, indicó que ahora les resta por atender alrededor de 7,000 casos en demora.

Adelantó que, para trabajar esos casos –que incluyen 4,108 solicitudes de nuevos decretos– crearán dos grupos de trabajo: uno que evaluará casos nuevos y enmiendas, y otro a cargo de verificar el cumplimiento.

“No estamos flexibilizando lo que son los criterios de elegibilidad. Nosotros estamos al pie de la letra, de la ley y del reglamento, evaluando todo. Tenemos 25 abogados examinadores, que son excelentes y, si falta algo, cualquier cosita, le envían un requerimiento de información o documentación adicional a esos peticionarios”, subrayó Zayas.