Cayey - La eliminación de las exenciones tributarias a las placas solares y los autos híbridos, eléctricos o “plug in”, y conocer la postura de la Junta Supervisión Fiscal (JSF) sobre la reforma contributiva propuesta, fueron los temas que dominaron este jueves la reunión que la gobernadora Jenniffer González sostuvo con los portavoces y portavoces alternos de la minoría popular e independentista en la Legislatura.

En el cónclave, los legisladores le plantearon a González que, de insistirse en la eliminación de la exención a los referidos autos, se establezca un tope de precio, de modo que solo tributen los que excedan determinado costo.

“Luego de un año de gobierno, por fin, tuvimos una reunión con la gobernadora. No está claro de dónde saldría el dinero, los $550 millones, para cubrir la reforma. No está claro. Se le planteó (a la gobernadora) que, en las vistas públicas (iniciales en la Cámara de Representantes) el equipo fiscal no vino preparado con la información completa”, dijo el portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado, Luis Javier Hernández.

Contó que le propuso a González buscar otras partidas para evitar eliminar la exención a las placas solares y accesorios. “Me dijo que podía estar abierta a evaluarlo”, indicó.

Además de Hernández, a la reunión acudieron los representantes Héctor Ferrer Santiago y Domingo Torres García, del PPD; los senadores María de Lourdes Santiago y Adrián González Costa, y los representantes Denis Márquez y Adriana Gutiérrez, del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP); y la representante Lisie Burgos, de Proyecto Dignidad.

El grupo, en general, calificó el encuentro como “cordial”, y que sirvió para llevarle otras preocupaciones a la mandataria, como una orden administrativa del Departamento de Educación, que establece nuevos parámetros para autorizar terapias a alumnos de Educación Especial; y que, desde la pasada administración, hay personas que deberían ser empleados públicos que laboran por contrato, aunque ejercen funciones de una plaza regular.

La Fortaleza confirmó que solo invitó a los portavoces y portavoces alternos los partidos inscritos. Por tanto, no participaron los senadores independientes Eliezer Molina y Joanne Rodríguez Veve.

González estuvo acompañada por tres asesores. No estuvo su equipo fiscal, dijeron los legisladores. La reunión se llevó a cabo en Jájome, donde ubica la residencia de verano de los gobernadores.

Ferrer Santiago dijo que, en el “caso de los vehículos híbridos y eléctricos, la discusión giró en torno a una posible enmienda para buscar la manera de que el arbitrio aplique a los vehículos costosos, no los económicos”.

“Entiendo que quien compre un carro de lujo no debería tener problemas de pagar los arbitrios y poner un tope porque, entonces, la persona de a pie, que compre un carro, por ejemplo, de $45,000 para ahorrar gasolina, a ese, entonces, que le aplique el ‘no IVU (Impuesto sobre Ventas y Uso)’. Habría un balance”, aportó Burgos.

“Lo otro es ver cómo se están consolidando las agencias, que ese es un trabajo que, dice la gobernadora, está trabajando en eso. Habría que ver si finalmente los números dan”, abundó.

La propuesta reforma contributiva contempla, entre otras cosas, reducir las tasas contributivas y aumentar el reembolso provisto por el Departamento de Hacienda por cada dependiente.

Ferrer Santiago enfatizó en la importancia de que el gobierno les provea un desglose de las partidas de donde se subsidiaría la iniciativa.

Asimismo, los legisladores del PPD trajeron a la atención de González una supuesta discrepancia entre la información que ha trascendido sobre los $30 millones que provendrían de eliminarle la exención tributaria a los autos híbridos, eléctricos o “plug in” y los $18 millones que saldrían de eliminar la exención del IVU a equipo y accesorios de placas solares.

“Se distancian mucho de lo que dice el informe anual publicado por Hacienda. En el caso de los vehículos de motor, es menor y, con las placas solares, es mayor”, apuntó Ferrer Santiago.

La delegación del PIP cuestionó, por su parte, si existía un “plan B” para sustituir las partidas que le inyectan a la reforma contributiva las propuestas concernientes a los vehículos y placas solares, dado que han causado “un gran descontento”.

Márquez destacó, además, que no obtuvo respuesta de La Fortaleza sobre cuál es la posición de la JSF en cuanto a la reforma.

“Por lo tanto, hay una interrogante sobre la mesa en términos sustantivos y procesales. El gobierno utiliza eso (iniciativas propuestas) para decir que está cumpliendo con la Junta y que está cumpliendo con la ley Promesa y con el plan de ajuste, pero, independientemente de ese argumento, ¿cuál es la posición de la Junta?”, sostuvo.

“En términos procesales, aquí hay unos términos corriendo; como no hay una contestación ni ayer (miércoles) en la vista pública (cameral) ni hoy (jueves) de la Junta, pues, tampoco vamos a saber cuál va a ser el calendario, de aprobarse la reforma”, agregó.

Santiago destacó que, de aprobarse cualquier versión de una reforma contributiva que no tenga el aval de la JSF, existe “el riesgo de que ejerza su poder implícito de veto”.

En tanto, González Costa señaló que, aunque la gobernadora ha elogiado poner a tributar las ganancias de las personas beneficiadas por la Ley 60, no ha dicho, según él, que se permitiría a quienes están exentos por decretos extenderlos hasta 2056.

“Todos los decretos que están actualmente concedidos, si se convirtiera en ley el proyecto que la gobernadora presentó en la Legislatura y que está en comité de conferencia, el P. de la C. 505, extendería todos esos decretos hasta el 2056”, puntualizó.

González Costa alertó, al igual que sus homólogos, que una reforma contributiva no se debe aprobar a la ligera.

“Esto no es una reforma contributiva. Son enmiendas al Código de Rentas Internas que representan alivios, pero no es una reforma contributiva”, sentenció.

La gobernadora insistió, entretanto, en que se apruebe la reforma.

“Para mí, era bien importante, porque yo sé que todo el mundo va a tener su idea de cómo hacer las cosas, pero cada exención que se elimine significa que le van a reducir lo que la gente va a generar en economía”, dijo González.

Agregó que, de no eliminarse las exenciones propuestas, “pues, significa que, si yo iba a dar una deducción de $5,000 por menores, pues, entonces, posiblemente, eso se baje a $2,700 o a $3,000, porque el dinero de algún lugar tiene que salir”. “Lo mismo, si yo estoy hablando de bajarle las contribuciones a la gente hasta 9%, pues, quizás, sea hasta $50, en vez de $2,000. Todas esas cosas yo les pedí que las evaluaran, cuáles iban a ser las prioridades porque no es que tengamos dinero infinito”.

“Mientras más cosas le pongamos, no se va a poder ver en esta planilla de ahora. La razón por la que el proyecto es específicamente de las tasas contributivas, y no estamos tocando otros elementos, es para que pueda que pueda entrar en la planilla de ahora”, recalcó.