El alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez, contrató a un bufete que enfrentaría a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), incluso en los tribunales, con fin de impugnar la ley Promesa y su validez para exigirle a los municipios que confeccionen y pongan en vigor un plan fiscal y un presupuesto a tono con las directrices del ente federal.