El futuro del programa de medición neta –que permite a clientes que exporten el exceso de energía que producen en sus hogares recibir un crédito en la factura– quedó en suspenso, luego que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) objetó la entrada en vigor de la Ley 10-2024, que ordenaba mantener las tarifas aplicables a los “prosumidores” hasta, al menos, 2030.

Según las conclusiones que la JSF remitió el miércoles al gobierno, la ley –que el gobernador Pedro Pierluisi firmó luego que recibiera aval unánime en ambos cuerpos legislativos– atenta contra la independencia que el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) debe tener e incumple con el plan fiscal certificado de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). Específicamente, recalcó la JSF, el estatuto modificaría la disposición del plan fiscal que ordenaba al NEPR concluir un estudio sobre la medición neta y aplicar los cambios correspondientes a partir de hoy, jueves.

Hoy, 11 de abril, se cumplieron cinco años de la firma de la Ley 17-2019, que incluyó un mandato al NEPR para que, en ese período, completara un análisis de los costos y beneficios de la medición neta y tomara “cualquier determinación relacionada con el programa”. Los resultados del estudio, entonces, debían integrarse a la tarifa de medición neta, pero el procedimiento fue enmendado con la firma de la Ley 10, que ordenó que el análisis se realizara “no antes de enero de 2030″.

Los cambios que surgieran de ese estudio, de acuerdo con la Ley 10, entrarían en vigor un año después.

“El plan fiscal de la AEE requiere al NEPR determinar si debe hacer cambios al sistema de medición neta e iniciar los cambios para el 11 de abril de 2024. La Ley 10 pospone esa fecha por, al menos, seis años y las modificaciones de precios para participantes actuales y futuros del programa de medición neta por 20 años luego de que el NEPR realice cambios a la política. Por lo tanto, la ley choca directamente con el plan fiscal”, sintetizó la JSF.

En la misiva del abogado principal de la JSF, Jaime El Koury, el organismo instó al gobierno a derogar o enmendar la Ley 10 y pidió que, en o antes del próximo lunes, el Ejecutivo notifique si acatará esa postura.

“Tenga en cuenta que esta ley no podría implementarse hasta que sea enmendada según solicitado”, agregó la JSF, que también alegó que el gobierno incumplió con los requerimientos procesales de someter estimados de impacto fiscal.

La determinación de la JSF no debe impactar en el corto plazo a los más de 110,000 abonados que ya participan de la medición neta, toda vez que la Ley 114-2007, que creó el programa, ya disponía que las tarifas aplicables a estos clientes se extenderían por, al menos, 20 años desde la firma del contrato de exportación de energía.

Al momento de esta publicación, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, dirigida por Omar Marrero, no había respondido si el gobierno acatará el llamado de la JSF a paralizar la implementación de la Ley 10 –vigente desde el 10 de enero– o qué implicaciones tendría para los potenciales participantes futuros del programa de medición neta. LUMA Energy, que administra el programa como operador de transmisión y distribución eléctrica, tampoco había respondido a un pedido de reacción.

En 2023, más de 42,000 clientes se integraron al sistema, un promedio de más de 3,500 mensuales.

Una portavoz del NEPR –cuya obligación de completar el estudio se pospuso hasta 2030 mediante la Ley 10– informó que el regulador llegó a reclutar a una firma externa para analizar los costos y beneficios de la medición neta, tras lo cual se hubiera abierto un proceso de vistas públicas de cara a la implementación de los posibles ajustes. El NEPR no precisó, de inmediato, en qué estado había quedado el estudio ni cómo procedería ante la comunicación de la JSF.

La JSF, en su misiva, señaló que, según conceptualizada actualmente –al compensar la energía exportada al mismo precio que la consumida–, la medición neta puede conllevar una carga tarifaria excesiva para los clientes que permanezcan completamente dependientes de la red, como aquellos de menos recursos económicos o residentes en condominios: “los costos de operación y mantenimiento de la AEE son asumidos desproporcionadamente por los clientes que no deseen o no puedan (…) participar en el programa”.

“Todos los impactos deben considerarse y analizarse ahora, conforme a la Ley 17 y según requerido en el plan fiscal de la AEE, no pospuestos hasta 2030″, insistió la JSF.