Un día después de la radicación de 135 cargos por fraude contra una terapista del programa de Remedio Provisional, el secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés, confirmó este martes que tienen en la mira otros profesionales que atienden a los estudiantes de Educación Especial por presuntas irregularidades e, incluso, hicieron un referido al Departamento de Justicia.

El secretario mencionó que han detectado actuaciones de algunos terapistas que han levantado sospechas, y lo que llamó “anomalías” que, aunque no impliquen alguna ilegalidad, se alejan de las mejores prácticas.

“Hay más casos bajo investigación, hay más casos bajo monitoreo y hay otro caso referido y activo al Departamento de Justicia. Y esto se viene dando hace unos años. A medida que vamos fortaleciendo los mecanismos de fiscalización y regulación, vamos detectando anomalías adicionales. Hay anomalías en facturación que no llegan a la radicación de cargos, pero las tenemos y, para mí, igualmente no deberían estar ocurriendo: terapistas dando servicios adicionales, facturando de más, intentando cobrar, no cobrándole no solamente a nosotros, sino igualmente a los padres”, precisó durante una sesión informativa en La Fortaleza.

Destacó que, en el Departamento de Educación (DE), una agencia que recibe el mayor presupuesto de la isla entre fondos federales y estatales, y que por años ha reportado casos de corrupción, se ha implantado una “cultura de vigilancia” entre los empleados para reportar cualquier aparente irregularidad.

El lunes, la jueza Iraida B. Rodríguez Castro, del Tribunal de San Juan, encontró causa para arresto contra una patóloga del habla que presuntamente se apropió ilegalmente de $7,000 en fondos públicos mediante un esquema de fraude, al facturar 125 terapias que no prestó bajo Remedio Provisional. Este programa permite a padres, madres o tutores de estudiantes de Educación Especial contratar servicios que el DE no puede proveer efectivamente, y la agencia luego les reembolsa los gastos.

La terapista imputada, identificada como Jomarys Ainniz Agosto Cuevas, de 39 años, enfrenta cargos de alteración y uso de datos personales en archivos, apropiación ilegal de fondos públicos, fraude, falsedad ideológica, entre otros. Según el Departamento de Justicia, tras detectarse las irregularidades, intervino con padres y encargados de los menores afectados para persuadirlos de que no declararan en su contra.

“Ningún papá se tiene que dejar amedrentar ni amenazar por ningún especialista ni ninguna de estas corporaciones. La realidad es que los servicios están pactados, hay un contrato, y esos servicios se tienen que dar conforme al contrato”, subrayó Ramos Parés.

“Me parece bochornoso, y no es el primer caso. Hace unas semanas atrás, si ustedes recordarán, hubo un referido de la Oficina de la Contralora sobre otro especialista igualmente referido al Departamento de Justicia, así que vamos a estar viendo las radicaciones de cargos. Yo sí te puedo decir que el Departamento (de Educación) ha ido fortaleciendo su proceso, fortaleciendo sus mecanismos de vigilancia”, afirmó el también abogado.

El titular del DE también censuró el caso de dos maestros del sistema privado que fueron acusados el lunes por delitos sexuales en el Tribunal Federal.

“Mucho más lamentable que a quien le confiamos nuestros hijos cruce esa línea. Impensable, imperdonable. No deben volver a pisar una escuela jamás, ninguna de estas dos personas, y no hay excusa para lo que hicieron, no la hay. Así que por mí, como secretario, que les caiga todo el peso de la ley, y como secretario tomaremos las medidas para que ninguna de estas dos personas pise una escuela, tanto en el sistema público como en el sistema privado", aseveró.

De otra parte, Ramos Parés reconoció que todavía existen “muchas interrogantes” respecto al impacto que tendrá la política del presidente Donald Trump de “desmantelar” el Departamento de Educación federal, pero afirmó que la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos que da luz verde a esa iniciativa y al despido de sobre 1,000 empleados no tendrá efectos al iniciar el nuevo año escolar, en agosto.

“No te voy a negar, ni voy a negar aquí que hemos tenido nuestros retos de comunicación con el Departamento de Educación federal, nuestros retos de procesamiento de lo que son los desembolsos a nivel federal. Pero hemos completado, hemos podido subsanar esos contratiempos que sí hemos tenido. De cara al regreso de clases, no debemos tener contratiempos, y esto no debe tener ningún efecto de cara a ese regreso. Nosotros trabajamos prácticamente con fondos estatales y trabajamos a través de reembolso. Así que presupuestamos, operacionalizamos, realizamos un gasto y, luego de este gasto, justificamos al gobierno federal para que le reembolse al gobierno local”, explicó.

“No vemos ni prevemos un efecto directo. Claro, yo creo que hay muchas interrogantes de cómo esta política de desmantelar el Departamento de Educación federal va a culminar, así que nosotros sí vamos a estar vigilantes de lo que es la acción congresional sobre este tema, porque requiere acción congresional”, puntualizó.

Sin embargo, el presidente de la Asociación de Maestros, Víctor Bonilla Sánchez, urgió al gobierno a establecer “un plan urgente” para evitar que el sistema escolar se perjudique con las acciones de la administración de Trump.

“El silencio gubernamental no es opción”, expresó Bonilla Sánchez, en declaraciones escritas.

“Recae sobre el Departamento de Educación (de Puerto Rico) y su secretario la responsabilidad ineludible de trazar un plan urgente y transparente en vías de reducir la dependencia de fondos federales y asegurar que cualquier recorte de fondos a futuro no precarice nuestro sistema educativo”, añadió.

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La reportera Keila López Alicea colaboró en esta historia.