Cerca de las 10:00 a.m., la exsecretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) Anaís Rodríguez Vega llegó a la sede del Departamento de Justicia, acompañada por su abogado Leonardo Aldridge, quien advirtió que el testimonio de su clienta estaría sujeto a que le expliquen los pormenores de la pesquisa en curso.

“Pedimos información, no nos la dieron. Se hicieron unas representaciones a mí y a todos ustedes, los integrantes de los medios de comunicación, de que la licenciada estaba citada en carácter de testigo, no de acusada ni de mucho menos de alguien implicado en un acto ilegal. Así es que esa es la representación que se nos ha hecho a mí y a todos ustedes, y acorde con eso, pues, buscaremos las garantías que van acorde con esa información que se nos proveyó“, manifestó el abogado.

Por su parte, Rodríguez Vega aseguró que estaba “tranquila y confiada en que cada una” de sus acciones como jefa del DRNA, el pasado cuatrienio, fueron “cónsonas con la Constitución”.

“No te voy a mentir, sí me sorprendió (la citación), pero mira, como secretaria, una de mis quejas, verdad, o de lo que hacía vocal, era que me dejaran hacer cada uno de los procesos administrativos y las vistas administrativas que tenía ante mi consideración con libertad. Así que no le puedo desear otra cosa a la secretaria de Justicia (Lourdes Gómez), esa misma libertad”, afirmó Rodríguez Vega.

¿Usted se siente perseguida por esa situación?, se le cuestionó.

“Estoy aquí, como cualquier ciudadano, en cumplimiento con mi deber. Puerto Rico cumplió, cuando yo era secretaria, de que iba a haber cumplimiento con la ley y el orden. Y hoy, como ciudadana, estoy cumpliendo con la ley y el orden”, respondió.

“Me sorprende, verdad, que, de 794 casos, se haya comenzado con este cuando, por años, hay casos como, por ejemplo, y ustedes han sido testigos, la Bahía de Jobos (en Salinas). Y estoy confiada que el Departamento de Justicia, luego de mi caso, va a atender crímenes ambientales como lo que pasó en la Bahía de Jobos”, agregó.

Entretanto, Aldridge dijo que, por el “escepticismo” que surge por “la manera en que se ha conducido la citación, pide garantías para su clienta.

“Las garantías que solicitamos se las comunicamos al Departamento de Justicia. La fiscal está al tanto de ellas. Si se conceden, pues estaremos allí el tiempo que sea necesario. Si no, pues evidentemente no podremos aceptar esta invitación, porque esto, después de todo, lo que se trata es de una invitación. Aquí no hay ninguna obligación de comparecer al Departamento de Justicia a menos que haya una orden del tribunal. Esa orden del tribunal no existe en este momento”, sostuvo el abogado.

Rodríguez Vega fue emplazada la semana pasada por el Departamento de Justicia sin que se le informara el motivo. Posteriormente, la secretaria de Justicia precisó que la División de Integridad Pública y Oficina de Asuntos del Contralor conducía una pesquisa y se citó a la exsecretaria en calidad de testigo.

La titular de Justicia reveló a El Nuevo Día la semana pasada que, al llegar a Justicia, halló que la división tenía 794 asuntos por atender y de esa cantidad se manejaron 669 y quedan activos 125. La pesquisa que involucra a Rodríguez Vega, según Gómez, era una de las que estaba pendiente y alegadamente surgió de un referido que hizo en enero el senador popular Luis Javier Hernández Ortiz.

Pero el senador desmintió a Gómez y argumentó que lo que había solicitado a la otrora designada secretaria de Justicia Janet Parra fue una opinión legal sobre la legalidad de la orden administrativa del actual secretario del DRNA, Waldemar Quiles, ordenando el archivo de las denuncias por presuntas irregularidades en construcciones en La Parguera, como el caso de los suegros de la gobernadora Jenniffer González.