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La Ley de Ética Gubernamental establece limitaciones a un funcionario respecto a la contratación de un familiar en la dependencia en la trabaja. Pero no aborda el común esquema de un funcionario que -en posición de poder- logra que su familiar sea reclutado en otra agencia, entidad o corporación pública, por la influencia que tiene y en violación al principio de mérito.