La Ley de Ética Gubernamental establece limitaciones a un funcionario respecto a la contratación de un familiar en la dependencia en la trabaja. Pero no aborda el común esquema de un funcionario que -en posición de poder- logra que su familiar sea reclutado en otra agencia, entidad o corporación pública, por la influencia que tiene y en violación al principio de mérito.