El secretario de Salud, Víctor Ramos, anunció este domingo la extensión a tres años de los certificados de historial delictivo expedidos a través del Puerto Rico Background Check Program (PRBCP) de esa agencia para proveedores de servicios de cuidado a menores, adultos mayores y personas con discapacidad y para profesionales de la salud.

Mediante la orden administrativa 2025-620, el Departamento de Salud permitirá que estos trabajadores, que incluye las amas de llave, puedan seguir ofreciendo servicios a tono con la “Ley de Verificación de Historial Delictivo de Proveedores de Servicios de Cuidado a Niños y Envejecientes de Puerto Rico” (Ley 300-1999). Ese estatuto evita que personas con antecedentes delictivos puedan trabajar con menores y poblaciones vulnerables.

El PRBCP requiere que el candidato complete, firme e inicie la autorización para la toma de huellas dactilares y fotografía. El ciclo de verificación de antecedentes penales para estos trabajadores es de un año y, con la extensión, será a tres años.

Previo a esta extensión, había problemas con el ataponamiento de solicitudes de estos certificados, reconoció el secretario durante una conferencia de prensa en La Fortaleza, en la que estuvo acompañado por otros jefes de agencia.

“Saben que hay un problema con la Ley 300, de que en Puerto Rico la ley dispone que se tiene que hacer anual la huella dactilar para las personas. Eso creaba un volumen de personas, sobre todo, para esta época, que empiezan las clases, que empiezan los cuidos, sumamente onerosa”, sostuvo Ramos.

“Con la firma de la orden administrativa, los certificados se van a extender a tres años. Van a estar ahora extendidos hasta el 1 de septiembre”, agregó.

Explicó que, “si el proveedor continúa trabajando en la misma entidad, podrá obtener un certificado de antecedentes penales del Negociado de la Policía de Puerto Rico en los dos años siguientes, extendiendo la vigencia total hasta tres años”.

Esa extensión será válida únicamente si el individuo autoriza registrarse en el sistema Rap Back (Record of Arrest and Prosecution Background) del Negociado Federal de Investigaciones, enfatizó Ramos.

De otra parte, la secretaria de la Vivienda, Ciary Pérez, reveló que estarán identificando a un grupo de familias residentes en “distintos sectores de Río Grande”, cuyas casas estaban ubicadas en la falda de El Yunque y se les otorgaron vales de compra luego de los daños causados por los huracanes Irma y María en 2017.

Sin embargo, mencionó que halló que cualificaban para la reconstrucción de su hogar, lo que haría innecesario reubicarlos en una estructura nueva. Pérez dijo que identificó estas familias –cuya cantidad no precisó– que son beneficiarias del programa de Reparación, Reconstrucción o Reubicación (R3) de viviendas financiado con fondos federales porque se les cuestionó la demora en proveerles la ayuda.

Dijo que conoció de cinco de estos casos y deberán identificar al resto. Argumentó que una orden ejecutiva firmada por el exgobernador Pedro Pierluisi para proteger los terrenos del Bosque Nacional El Yunque y sus inmediaciones (OE-2022-004) supuestamente entorpecía los trabajos de reconstrucción en el área por las restricciones que imponía.

La gobernadora Jenniffer González enmendó esa normativa mediante un decreto (2025-042) que exime de la aplicación de esas limitaciones las obras de reconstrucción desarrolladas con fondos federales CDBG-DR y/o CDBG-MIT.

“La orden ejecutiva 2025-042 establece que los proyectos de vivienda financiados con fondos federales y administrados por el Departamento de la Vivienda o sus subrecipientes quedarán exentos de la orden ejecutiva 2022-004, siempre que cumplan con todos los requisitos ambientales estatales y federales”, expuso la secretaria durante la rueda de prensa.

“En este caso, el terreno sí es viable para construcción y lo que me impedía al poder darle ese sueño y continuidad a los años que llevaban estas familias viviendo era esta orden ejecutiva”, sostuvo la titular de Vivienda.

Por su parte, el secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, Waldemar Quiles Pérez, recalcó que la construcción de las viviendas sería en la “huella existente”.

“Lo que vamos a hacer es reconstruir en la misma huella donde ya existía una casa. O sea, no es que el Departamento de la Vivienda va a localizar terrenos donde no existía gente residiendo en la falda del Yunque. Estos son familias que tenían sus casas ahí, que vivían ahí, que se vieron afectados y que lo que conllevaba era una reconstrucción”, recalcó, por su parte, Pérez.

“Nosotros vamos a contactar a estas familias porque, para el Departamento de la Vivienda, ahora mismo, se me hace más fácil yo traer a esas personas a reconstruirle en donde ellos vivían a que ellos sigan a la espera de localizar una casa con el vale que llevan meses o años con ellos en la mano”, agregó.