Crear un sistema de registro unificado con marbete digital, así como permitir el tránsito por vías específicas designadas por reglamento excluyendo las autopistas, son algunas de las recomendaciones que el Grupo de Trabajo Multisectorial de Vehículos Todoterreno incluyó en un informe que rindió a la gobernadora Jenniffer González, informó este martes La Fortaleza.

En el informe, el comité esbozó medidas legislativas, reglamentarias, técnicas y educativas para establecer un marco normativo “uniforme y eficaz” que atiende el uso no regulado de vehículos todoterreno en Puerto Rico.

Por ejemplo, con la prohibición del tránsito en autopistas, expresos y vías de acceso restringido parcial o permanente, se identificarían rutas rurales –con el aval del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y el Departamento de Transportación y Obras Públicas– con potencial turístico, promoviendo, según el grupo, la economía local y experiencias de bajo impacto ambiental.

Durante una reunión –que tuvo lugar en La Fortaleza y, tras ser convocada, no se permitió acceso a la prensa–, se discutió un borrador de proyecto para enmendar la Ley 22 de Tránsito para crear una clasificación oficial de vehículos todoterreno y establecer requisitos específicos de operación, licencia y registro.

“Lo que en un principio pudo percibirse como una práctica recreativa aislada se ha transformado en un fenómeno de gran escala, en la actualidad se ha convertido en un medio de transporte diario con implicaciones directas en la salud y seguridad vial, el manejo de recursos naturales, infraestructura, gobernanza municipal y política contributiva del Estado”, establece el informe que, pese a múltiples gestiones, no había sido remitido a El Nuevo Día al momento de publicación.

El comité también recomendó la implantación de un endoso de circulación condicionada para autorizar el tránsito en vías y zonas específicas bajo criterios de seguridad. Para incentivar la inscripción voluntaria especial, habría una amnistía especial de 180 días.

Igualmente, planteó la formalización de un “Registro de Comerciantes Autorizados” para el control del comercio y el monitoreo de ventas y traspasos; un plan escalonado de fiscalización interagencial; la creación de un seguro de protección para los ciudadanos ante un evento de accidente de vehículos todoterreno; y una campaña educativa masiva sobre seguridad, cumplimiento legal e impacto ambiental.

“Este proceso de colaboración multisectorial demuestra que, cuando unimos esfuerzos y mantenemos la voluntad de trabajar en conjunto, lograremos reducir riesgos y salvaguardar la vida de todos los que transitan por nuestras carreteras”, expresó el director ejecutivo de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito, José “Memo” González Mercado, en declaraciones escritas.

El también presidente del grupo de trabajo señaló que el informe refleja “el compromiso conjunto de agencias gubernamentales y entidades privadas con un solo fin: mejorar la seguridad vial de Puerto Rico”.

En el comité, creado por la orden ejecutiva 2025-29, hay representación de los departamentos de Transportación y Obras Públicas, Hacienda, Agricultura y Recursos Naturales. Asimismo, están la Policía, la Compañía de Turismo, la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles, la Oficina del Comisionado de Seguros, la Federación de Alcaldes, la Asociación de Alcaldes, el Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, la Cámara de Representantes y el Senado.

Además, participó el sector privado, representantes de organizaciones de interés público y manufactureros como CanAm, Yamaha, Polaris, CFMoto, KAWASAKI, Unlimited, SUZUKI y Powersports.