La gobernadora Jenniffer González Colón solicitó a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) autorización para utilizar hasta $9,688,345 de la Reserva de Emergencia en la evaluación y reactivación de cinco pozos que podrían aportar, de acuerdo con la mandataria, alrededor de cinco millones de galones de agua diarios al sistema.

La petición ocurre mientras el gobierno busca alternativas para aumentar las fuentes disponibles de agua en medio del estado de emergencia declarado por las condiciones de sequía y los bajos niveles que han afectado varios embalses durante las últimas semanas.

Los pozos incluidos en la solicitud son Dorado Dairy N.º 1, Dorado Dairy N.º 2, Maguayo N.º 2, Campanilla N.º 8 y Levittown N.º 4.

De acuerdo con la gobernadora, la propuesta contempla utilizar los fondos para la evaluación, diseño, rehabilitación, interconexión y otros trabajos necesarios para devolver las instalaciones al servicio.

En la misiva, dirigida al director ejecutivo de la JSF, Robert F. Mujica Jr., González Colón indicó que la autorización se limitaría a aquellos pozos que la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), en coordinación con el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y el Departamento de Salud, determine que pueden volver a ponerse en servicio de manera “segura, legal, expedita y a un costo demostrablemente razonable”.

“Esta solicitud no busca autorización para un programa de capital indefinido, el bombeo indiscriminado de aguas subterráneas ni el desarrollo de nuevos pozos sin la revisión técnica y reglamentaria requerida”, sostuvo la gobernadora.

Según la primera ejecutiva, el objetivo es recuperar capacidad de producción previamente existente mientras siga vigente la emergencia del agua.

La gobernadora había adelantado el martes, durante el anuncio de una pausa temporal en el plan de racionamiento para los abonados que se suplen del embalse Carraízo, que su administración evaluaba la rehabilitación de varios pozos en desuso como una alternativa para reforzar el suministro hacia el área metropolitana.

González Colón indicó que el gobierno había identificado entre 12 y 15 pozos que llevan entre 15 y 25 años fuera de operación y que cinco de ellos mostraban potencial para ser rehabilitados.

La mandataria señaló entonces que la iniciativa busca reducir la dependencia del área metropolitana de los sistemas que actualmente la abastecen y que, de ser viables, los pozos podrían incorporarse como una fuente permanente de suministro.

La petición a la JSF busca ampliar el uso previamente autorizado de la Reserva de Emergencia. El 5 de agosto, el organismo fiscal permitió utilizar esos recursos para gastos inmediatos asociados a la respuesta a la sequía, entre ellos la distribución de agua mediante camiones cisterna, sistemas móviles de purificación y potabilización, centros temporales de distribución y apoyo logístico.

González Colón planteó que esas medidas permiten transportar, tratar o distribuir agua disponible, pero que, por sí solas, no restauran la capacidad de las fuentes de abastecimiento.

Como complemento de la solicitud, la gobernadora firmó la Orden Ejecutiva 2026-044, que enmienda la declaración de emergencia por el uso del agua vigente desde finales de julio para ampliar las medidas relacionadas con la infraestructura de abasto.

La enmienda autoriza a la AAA, el DRNA y la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI) a realizar de manera expedita obras y contrataciones dirigidas a aumentar, recuperar, proteger, optimizar o diversificar la disponibilidad de agua durante la emergencia.

Entre las medidas contempladas figuran la rehabilitación de pozos existentes y el desarrollo de nuevos pozos, así como sistemas de filtración y potabilización, bombeo auxiliar en embalses, reparación de bombas y motores, instalación de tuberías e interconexiones entre fuentes, plantas y sistemas.

La orden también contempla iniciativas relacionadas con la captación, extracción, almacenamiento, tratamiento, reutilización, recuperación y desalación de agua.