La objeción de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) al plan para reducir las emisiones de dióxido de azufre y mejorar la calidad del aire causó ayer indignación y molestia entre varios sectores que acusaron a la corporación pública de “ignorar” tanto su “pasado contaminante” como que es una entidad regulada, en detrimento de la salud de la ciudadanía.

Asimismo, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) advirtió que esperará que la Agencia federal de Protección Ambiental (EPA, en inglés) decida, en o antes de mañana, sobre el Plan Estatal de Implantación (SIP, en inglés) sometido para “encauzar las acciones que correspondan” contra la AEE.

Si la EPA determina que el SIP está incompleto, se activarían nuevas sanciones contra Puerto Rico, que consistirían en la congelación de hasta $30 millones de fondos federales para mejoras a carreteras en las zonas de “no logro” de San Juan y Salinas-Guayama.

Las primeras sanciones entraron en vigor el 3 de junio e hicieron más restrictivos y costosos los permisos ambientales en ambas zonas.

Para la AEE, el plan no es “ejecutable” porque descansa en el retiro de unidades de generación que queman búnker C, un derivado del petróleo que contribuye a las emisiones de dióxido de azufre. Por lo tanto, avisó que, aun con el SIP acogido tal como fue sometido, seguirá prendiendo las unidades “hasta que la EPA nos lo permita, ya sea porque nos multe o tumbe los interruptores”.

“Esto es una admisión de que, por 10 años, la Autoridad no ha hecho nada para corregir las fallas y violaciones ambientales que se le han imputado. Es un milagro que la EPA no haya cerrado la Autoridad, porque no hay duda de que están violando las métricas de emisiones tóxicas”, dijo el exsenador Eduardo Bhatia, tras destacar que desde 2012, cuando el gobierno federal promulgó estándares para las emisiones de mercurio, hubo señalamientos contra la AEE.

La líder ambientalista y portavoz de Queremos Sol, Myrna Conty, fue más lejos y resaltó que, en 2004, la AEE tuvo que cambiar el contenido de azufre del combustible que quema, como resultado de una demanda liderada por ciudadanos.

“La Autoridad parece ignorar su pasado contaminante, cuando ya bastantes pruebas tuvieron de que su operación afecta la salud. Lo que dicen ahora indigna y es una falta de respeto al país, que se tiene que mover hacia la energía renovable inmediatamente”, expresó.

Bhatia y Conty coincidieron en que la objeción de la AEE al SIP responde, en parte, a su histórica falta de rendición de cuentas.

“Su respuesta es la más irresponsable e irrespetuosa, no solo con la gente de la propia Autoridad y la EPA, sino con el pueblo, y refleja que no hay ningún compromiso en trabajar por el bien común”, dijo el exsenador.

El Negociado de Energía de Puerto Rico, sobre cuyas determinaciones el DRNA basó el SIP sometido, dijo que no reaccionaría.