Más de tres años luego de firmada la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley 141-2019), decenas de agencias de gobierno y municipios continúan incumpliendo –total o parcialmente– con las exigencias más básicas del estatuto, de acuerdo con un informe preparado por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) y la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana.