Semanas después de que comenzaran a registrarse cantidades récord de acumulación de sargazo en la región, la gobernadora Jenniffer González emitió una declaración de emergencia con miras a autorizar un “proceso expedito” para que las agencias tomen acciones dirigidas a contener la presencia de esta alga en las costas del país.

El decreto ejecutivo subraya que el volumen de sargazo que alcanzaría el mar Caribe este año se ha proyectado en 30 millones de toneladas métricas, lo que tiene el potencial de causar “impactos adversos a gran escala”.

“Su presencia prolongada y excesiva genera serias repercusiones para las comunidades costeras, afectando sectores fundamentales como el turismo, la pesca y las operaciones de transporte marítimo. A ello, se suma el problema de obstrucción de las tomas de agua utilizadas para el enfriamiento en las plantas generatrices de energía, lo cual compromete la estabilidad del sistema eléctrico, exponiendo a la ciudadanía al riesgo de interrupciones en el servicio”, indica la Orden Ejecutiva 2025-037, promulgada ayer, lunes.

Si bien la orden, más allá de eximir “total y absolutamente” al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y otras dependencias del gobierno central de la obtención de permisos, no precisa cuáles estrategias se promoverían. La oceanógrafa Maritza Barreto Orta advirtió este martes que, de facilitarse la remoción del sargazo de la costa por medio de maquinaria, debe recurrirse a equipo que segregue las algas y la arena, evitando así problemas adicionales de erosión.

“Es importante sacarlo, porque esto es un problema de salud pública y afecta muchos componentes más allá del turismo, pero es importante también que, en la manera que se haga, se extraiga y se segregue la arena. (…) La pregunta que tengo es cuál es el tipo de máquinas que se están usando en Puerto Rico porque, si no se segrega el material, se están llevando también la arena y eso crea otros problemas adicionales”, señaló Barreto Orta, catedrática de la Escuela Graduada de Planificación de la Universidad de Puerto Rico e investigadora del Instituto de Investigación y Planificación Costera de Puerto Rico.

Hace menos de un mes, el secretario del DRNA, Waldemar Quiles Pérez, reconoció que la falta de equipo en la agencia retrasa la respuesta a los municipios que solicitan asistencia para lidiar con este problema. En junio, personal del DRNA estuvo en Ceiba asistiendo en el manejo de la acumulación excesiva del sargazo y, previamente, en la playa Las Croabas en Fajardo, se llegó a recoger cerca de 4,000 libras –dos toneladas– del material.

Según el Laboratorio de Oceanografía Óptica de la Universidad del Sur de Florida, en abril, la cantidad de macroalgas que se desplazó hasta el Caribe oriental y el Atlántico occidental fue tres veces mayor a los registros históricos. Se proyecta que la zona reciba 37.5 millones de toneladas métricas de sargazo a lo largo del año.

Aunque la orden ejecutiva de González designó toda la costa de Puerto Rico como área en estado de emergencia, también delegó en Quiles Pérez la facultad de agregar “cualquier área adicional afectada”.

En tanto, Barreto Orta señaló que Puerto Rico debe tomar ejemplo de otros países cercanos, como República Dominicana y México, que instalan equipos que recogen el sargazo antes de que deposite en la orilla.

“En muchas ocasiones, le tememos a los costos por lo difícil que está el asunto del presupuesto, pero hay que ver también que, si no se hace nada o se selecciona la opción incorrecta, que causa más problemas, incluso a corto o mediano plazo pudiéramos tener mayores pérdidas de lo que posiblemente pudiéramos usar para poder enfrentar el problema”, recalcó Barreto Orta, exintegrante del Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático.

La oceanógrafa geológica agregó que, a largo plazo, se necesita pensar estrategias para aprovechar el sargazo para la manufactura de productos, reconociendo que, como ocurre con los huracanes, la llegada del alga será una ocurrencia periódica.

“Hay tiempo para poder prepararse y enfrentar el problema. (…) El problema es lo reactivos que somos en el país y creo que tenemos que empezar, ante una orden ejecutiva de emergencia, a mirarlo como un evento que hay que hacer unos procedimientos de forma proactiva”, señaló la experta.