Río Grande - Mientras la Federación LGBTQ+ advirtió temprano este viernes que la firma de la Ley 63-2025 podría obligar a las personas trans a recurrir a la clandestinidad para tener acceso a terapias hormonales –con el subsiguiente riesgo a su salud y vida–, la gobernadora Jenniffer González aseguró que el estatuto no afectará los tratamientos que ya reciben menores de 21 años como parte de procesos de afirmación de género.

De esa forma, la primera ejecutiva desechó los señalamientos de que la Asamblea Legislativa ignoró las advertencias que había hecho el secretario de Salud, Víctor Ramos Otero, a los efectos de que el lenguaje del Proyecto del Senado (PS) 350 supondría una paralización a los tratamientos en curso que involucraran métodos como bloqueadores de pubertad.

“El texto de la ley fue correctamente enmendado. Primero, ninguna ley puede tener aprobación retroactiva cuando se trata de limitar acceso a algún servicio. Todo lo que estaba corriendo, están protegidos por un ‘grandfather clause’ (derecho adquirido) porque estaban previo a la aprobación de la ley. Ahora, este es el nuevo estatuto de derecho, así que es de ahora en adelante”, dijo González, al cuestionársele que la ley no incluye expresamente alguna cláusula que precise esa interpretación.

Hace unos meses, la mandataria había devuelto a la Legislatura el PS 350 ante señalamientos de Ramos Otero, quien en pasados días reiteró que sus preocupaciones no se habían atendido.

La Ley 63, que González firmó más temprano esta semana, prohíbe invertir recursos públicos en el uso de bloqueadores de pubertad y hormonas –utilizados como parte de procesos de afirmación de género en personas trans–, a menos que se recurra a ellos en tratamientos “de condiciones médicas ajenas a la definición de mutilación química y quirúrgica contenidas” en el estatuto. La mutilación, a su vez, se define como el uso de ese tipo de métodos “para tratar la disforia de género o alterar la biología del sexo de un menor de edad bajo el pretexto de una transición de género”.

“El proyecto de lo que habla es que el gobierno de Puerto Rico no va a pagar ninguna operación para cambio de sexo en menores, ni ninguna hormona para cambio de identidad sexual de ningún menor. ¿Por qué el gobierno de Puerto Rico tiene que pagar por eso? Es lo que dispone el proyecto de ley y, si alguien lo quiere hacer, hay muchas jurisdicciones para hacerse estas operaciones”, afirmó, en una rueda de prensa en Río Grande.

Más temprano, integrantes de la Federación LGBTQ+ subrayaron que los obstáculos impuestos por la Ley 63, precisamente, forzarán a personas a trans a recurrir a formas no seguras para manejar sus procesos de afirmación del género con el que se identifican.

“Estamos hablando de un problema casi inexistente que se han inventado Proyecto Dignidad y el PNP (Partido Nuevo Progresista) para cumplir con una base religiosa de derecha extrema que quiere, supuestamente, educar a sus niños en sus casas, (que dicen) ‘a mis niños los educo yo, tengo el derecho de hacer lo que quiera con mis niños’. Sin embargo, los padres de personas trans no tienen el derecho, entonces, de tomar decisiones acerca del futuro del cuido médico de sus niñes, y eso me parece bien hipócrita”, expresó Kari Claudio Betancourt, parte del Consejo Asesor del organismo.

Claudio Betancourt agregó que estudios apuntan que jóvenes que han comenzado proceso de transición tiene 7% más probabilidad de cometer suicidio si paralizan los procesos de afirmación de género.

La Federación LGBTQ+ ha adelantado que recurrirá a los tribunales a impugnar el estatuto, de la autoría del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, y la senadora del Proyecto Dignidad Joanne Rodríguez Veve.