Al señalar que los documentos recibidos no siguen un “proceso estandarizado”, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) requirió a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) que presente un análisis completo y una certificación de fondos para los convenios colectivos propuestos, a tono con el plan fiscal certificado.

“La presentación de propuestas de convenios colectivos a la Junta de Supervisión no sigue un proceso estandarizado, y se han transmitido a través de canales descoordinados, sin ningún análisis fiscal y presupuestario por parte de la OGP”, lee una carta firmada por el director ejecutivo de la JSF, Robert Mujica, y dirigida su homólogo de esa dependencia, Orlando Rivera Berríos.

Además, la misiva, con fecha del 8 de octubre, señala que “la documentación relacionada con las propuestas de convenios colectivos es inconsistente en las presentaciones y plantea varias inquietudes respecto a su coherencia con los planes fiscales, los presupuestos y la reforma del servicio civil”.

Destaca, entre las inconsistencias, que hay agencias que han sometido certificaciones en las que admiten no tener los fondos disponibles para implantar las propuestas de convenios colectivos.

“Otras presentaciones incluyen cláusulas aún sujetas a negociación con los sindicatos, incompletas, enmiendas propuestas a los convenios colectivos vigentes y obligaciones que dependen de eventos futuros inciertos o especulativos”, puntualiza la carta.

El Nuevo Día solicitó una reacción de Rivera Berríos, pero su portavoz informó que no sería posible porque estaba “indispuesto de salud”.

La JSF recordó, en la misiva, que, desde 2021, el gobierno de Puerto Rico dio instrucciones para reanudar las negociaciones sobre los convenios colectivos. A tono con esa directriz, la OGP y la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos emitieron memorandos que continúan vigentes.

Por ende, desde 2021, las dependencias gubernamentales han presentado a la JSF propuestas de convenios colectivos “para su revisión y aprobación, de conformidad con el plan fiscal”.

Aunque no le fijó una fecha de entrega, la JSF le exigió a la OGP que someta un memorando explicativo que describa cómo los acuerdos de compensación anual propuestos cumplen con el plan fiscal y el presupuesto certificado, el impacto financiero anual total de dichos acuerdos propuestos y una certificación firmada de disponibilidad de fondos.

Esta última certificación debe desglosarse por año fiscal, tipo de fondo afectado (Fondo General, Fondo de Ingresos Especiales o Fondo Federal), número de cuenta del sistema contable de la dependencia gubernamental y el número de cuenta bancaria de la que se utilizarían los fondos,

Además, la OGP deberá presentar una lista de los empleados cubiertos por los convenios propuestos.

La JSF reconoce que hay “desafíos” hoy día con el plan fiscal para atender las relaciones laborales. Entre esos retos, menciona “la fragmentación de las negociaciones entre agencias y la falta de un seguimiento centralizado de los acuerdos”.

“Se requiere una estrategia integral de relaciones laborales a nivel gubernamental que promueva negociaciones proactivas y coordinadas, alineadas con los objetivos de la agencia y que garanticen la responsabilidad fiscal de acuerdo con la reforma del servicio civil”, puntualiza.